Causa No. 0005-08-AN

Sentencia No. 002-09-SAN-CC

DATOS GENERALES
NÚMERO DE SENTENCIA: 002-09-SAN-CC
TIPO DE ACCIÓN: SAN Acción por Incumplimiento
EXPEDIENTE:
NÚMEROTIPOLUGAR DE ORIGEN
0005-08-ANAN - Acción por IncumplimientoLoja
MOTIVO: Los señores Silvia Game Muñoz y Alfredo Luna Narváez, presentaron acción de incumplimiento del artículo 23 de la ley de Discapacidades, la cual fue interpuesta en contra del Procurador General del Estado y del gerente general y sub gerente regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana por la no autorización del embarque de un automóvil ortopédico.
MATERIA: Civil
TEMA ESPECÍFICO: Acción por incumplimiento del articulo 23 de la Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades
PARÁMETROS DE SENTENCIA
DECISIÓN RESUMEN: Aceptar parcialmente
DECISIÓN: 1. Negar la acción por incumplimiento planteada por los señores Silvia Game Muñoz y Alfredo Luna Narváez, en contra señor Procurador General del Estado, por improcedente.; 2. Conceder la acción por incumplimiento planteada por los señores Silvia Game Muñoz y Alfredo Luna Narváez en contra del señor Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en los siguientes términos:; De conformidad con los artículos 86 numeral 3 de la Constitución de la República y 44 numeral 3 de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición, se dispone a los señores Gerente General y Subgerente Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, cumplan con el artículo 23 de la Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades y con los dictámenes emitidos por el señor Procurador General del Estado el 24 y 25 de agosto del 2006. Así mismo, se recuerda al señor Gerente General y Subgerente Regional de la CAE, que el dictamen contenido en oficio No. 01421, no afecta los derechos de los accionantes toda vez que fue emitido con posterioridad al momento en que obtuvieron las respectivas autorizaciones del CONADIS y al amparo de lo previsto en los dictámenes No. 27235 y 27338 de 24 y 25 de agosto del 2006; por tanto, el dictamen 01421 no puede ser aplicado de manera retroactiva. Por consiguiente, una vez recibidas las facturas, proformas o documento asimilable, para el caso de automóviles usados (que acredite las características individuales de los automóviles que se pretenden importar y la respectiva transferencia de dominio del propietario anterior) deben limitarse a expedir las respectivas órdenes de embarque en favor de los accionantes.; Con esos fines, se confiere a la CAE, 15 días término, contados a partir de la presentación de las facturas, proformas, o documentos asimilables señalados (para el caso de automóviles usados), para emitir las órdenes de embarque relacionadas a los automóviles solicitados por las partes, esto es: automóviles automáticos (ortopédicos de conformidad al artículo 88 del Reglamento a la Ley sobre Discapacidades), de hasta tres años de fabricación anteriores al modelo de la fecha de autorización del Consejo Nacional de Discapacidades. ; Se recuerda al señor Gerente General y Subgerente Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que el incumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Constitucional encuentra sanción en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República, que al respecto dispone:; (…) Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.; 3. En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República, se declara la inconstitucionalidad por el fondo del dictamen No, 01421 del 23 de junio del 2008 emitido por el señor Procurador General del Estado, Dr. Diego García, declarando su expulsión del ordenamiento jurídico.; 4. En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República, se resuelve mediante inconstitucionalidad reductora la expulsión del ordenamiento jurídico ecuatoriano de la palabra “ constitucionales” que constan en el artículo 3 literal e) y artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. En consecuencia, el señor Procurador General del Estado en adelante, deberá abstenerse de emitir dictámenes en las que se haga interpretación de normas constitucionales, so pena de incurrir en arrogación de funciones.; 5. En ejercicio de la atribución prevista en el artículos 436 numerales 1 y 3 de la Constitución de la República, se declara la interpretación constitucional condicionada del artículo 44 literal b de la Ley Orgánica de Aduanas y, por tanto, se deberá interpretar los términos “factura comercial” como una exigencia de documentos respecto a vehículos nuevos; asimismo, se deberá tener como satisfecho este requisito con la presentación del documento equivalente que se pueda obtener para los vehículos usados que pretenda importar la población discapacitada.
ACCIONANTES:
NOMBRETIPO ACCIONANTECAUSA
Luna Narváez AlfredoPersona natural0005-08-AN
Game Muñoz SilviaPersona natural0005-08-AN
LEGITIMADOS PASIVOS:
NOMBRETIPO LEGITIMADO PASIVO
León Abad SantiagoPública
García Carrión DiegoPública
DERECHOS DEMANDADOS: Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil.
Art. 11. 2. Principio de igualdad y no discriminación en razón de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género…
Art. 47. 10. Derecho de las personas con discapacidad a la eliminación de las barreras arquitectónicas
Art. 47. 4. Derecho de las personas con discapacidad a exenciones tributarias
Art. 35. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
DERECHOS VULNERADOS: No se identifican derechos
CONCEPTOS DESARROLLADOS: Garantías jurisdiccionales
Acción por incumplimiento
Iura novit curia
Derecho a la seguridad jurídica
CITA CONCEPTOS DESARROLLADOS: Garantías jurisdiccionales: Las nuevas garantías jurisdiccionales, pasan a ser declarativas, de conocimiento, ampliamente reparatorias y excepcionalmente cautelares. Es decir, que a partir de la activación de una garantía jurisdiccional, el juez constitucional, a través de sentencia, está en capacidad de analizar el fondo de un asunto controvertido, y como consecuencia de ello, tiene la obligación de declarar la violación a un derecho y reparar las consecuencias que éste puede experimentar.
Acción por incumplimiento: Así, dentro de las nuevas garantías jurisdiccionales implementadas en la Carta Fundamental, se puede identificar a la acción por incumplimiento. En el pasado no existió garantía constitucional semejante, que vele por la eficacia del sistema jurídico. Precisamente por ello, se toma necesario determinar los presupuestos bajo los cuales puede operar.; En cuanto a su objeto:; a) Garantizar la aplicación de las normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza y jerarquía, que integran el sistema jurídico: y; b) Garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de Derechos Humanos.; En cuanto a los requisitos para su procedibilidad:; a) La norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue debe contener una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible; b) Deberá verificarse que la norma, acto administrativo de carácter general, sentencia o informe de organismos internacionales de Derechos Humanos, no sea ejecutable por las vías judiciales ordinarias.
Iura novit curia: Al respecto cabe señalar que en aplicación de la regla de interpretación constitucional iura novit curia (el juez conoce derecho) y aplicación directa de la Constitución el juez constitucional a partir de la activación de una garantía jurisdiccional, está facultado para fundamentar su fallo en disposiciones constitucionales no señaladas por las partes o en estimaciones no fundamentadas en derecho.
Derecho a la seguridad jurídica: El principio de seguridad jurídica es una garantía que el Estado reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados, y en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela. La seguridad jurídica, en definitiva, es el contexto dentro del cual se toman las decisiones individuales, por lo tanto inevitablemente nace una expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable y predecible. Por esto, es indispensable que las decisiones de los actores políticos dentro de un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia, se tomen según el sentido lógico de la norma y no según la lógica de la discrecionalidad.
SENTENCIA/DICTAMEN: Sentencia/Dictamen