Causa No. 0046-11-AN

Sentencia No. 007-13-SAN-CC

DATOS GENERALES
NÚMERO DE SENTENCIA: 007-13-SAN-CC
TIPO DE ACCIÓN: SAN Acción por Incumplimiento
EXPEDIENTE:
NÚMEROTIPOLUGAR DE ORIGEN
0046-11-ANAN - Acción por IncumplimientoPichincha
MOTIVO: El señor Ángel Heriberto Zurita Sinmaleza y otros, presentaron acción por incumplimiento, solicitando que se disponga al Ministro del Interior y otros, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Mandato Constituyente N.° 2, en vista de haber presentado su renuncia o retiro voluntario como secretarios de las Tenencias Políticas de las parroquias de Aloag, El Chaupi, Tababela, Puembo y Atahualpa.
TEMA ESPECÍFICO: Acción por incumplimiento del artículo 8 del Mandato Constituyente N.° 2, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 261 del 28 de enero de 2008, en lo relativo a los montos de indemnización por jubilación y renuncia voluntaria.
PARÁMETROS DE SENTENCIA
DECISIÓN RESUMEN: Negar
DECISIÓN: 1.- Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales; 2.- Negar la acción por incumplimiento planteada
ACCIONANTES:
NOMBRETIPO ACCIONANTECAUSA
De La Torre Andrade José CésarPersona natural0046-11-AN
Garzón Díaz AladinoPersona natural0046-11-AN
Armas Pastrano María Ermia AngélicaPersona natural0046-11-AN
Salazar Villegas Carlos AlcidesPersona natural0046-11-AN
Zurita Sinmaleza Ángel HeribertoPersona natural0046-11-AN
LEGITIMADOS PASIVOS:
NOMBRETIPO LEGITIMADO PASIVO
Vacas Dávila José FranciscoPública
NORMAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS: No se identifican derechos
NORMAS CONSTITUCIONALES TRATADAS: No se identifican derechos
CONCEPTOS DESARROLLADOS: Acción por incumplimiento
CITA CONCEPTOS DESARROLLADOS: Acción por incumplimiento: De conformidad con el artículo 93 de la Constitución de la República, la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión, cuyo cumplimiento se persigue, contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. De esta forma, la acción por incumplimiento constituye un mecanismo que garantiza la realización efectiva de la Constitución y las leyes cuando las autoridades públicas o los particulares las omiten. En otras palabras, permite vigencia, aplicación y eficacia del sistema jurídico ecuatoriano frente a posibles omisiones en la aplicación de la normativa vigente por parte de las autoridades públicas o personas particulares, que no puedan ser ejecutables por las vías judiciales ordinarias.; Así, frente a la necesidad de garantizar el cumplimiento del sistema jurídico ante omisiones en la observancia de los mandatos de las normas jurídicas, el artículo 436 numeral 5 de la Constitución de la República, establece como competencia de la Corte Constitucional "conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias". Por tanto, esta acción pone a disposición de las personas, un mecanismo que permite exigir a las autoridades o a las personas, naturales o jurídicas, la realización de un deber que ha omitido cumplir, en procura de la plena vigencia de las leyes y actos administrativos de carácter general, así como decisiones de organismos internacionales de derechos humanos.; Respecto a la acción por incumplimiento, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a partir de su artículo 52 establece el objeto, ámbito y procedimiento a seguir para la presentación de esta acción. Así, conforme a la Ley, la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No obstante, procederá únicamente cuando contengan una obligación clara, expresa y exigible de hacer o no hacer, así como una reclamación previa de cumplimiento ante quien tiene la obligación de satisfacerla. Es decir, la acción por incumplimiento procede únicamente si el incumplimiento se mantiene o si la autoridad pública o la persona natural o jurídica particular no contesta el reclamo en un término de cuarenta y cinco días.
SENTENCIA/DICTAMEN: Sentencia/Dictamen




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