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Sentencias / Dictámenes de la Corte Constitucional

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ENCONTRADOS: 1742 - TOTAL DE SENTENCIAS/DICTAMENES: 5115

Fecha de decisión desde: 01/02/2019
Fecha de decisión hasta: 17/6/2021

Sentencia/dictamen CausasMotivo de la demanda

999-16-EP/21

0999-16-EP En la EP presentada contra un auto que declaró el abandono de la causa en primera instancia y un auto que ratificó la declaratoria del abandono en segunda instancia, dentro de un juicio de reivindicación de dominio, la Corte comprobó la vulneración del elemento de la debida diligencia que conforma el derecho a la tutela judicial efectiva, pues se declaró el abandono de la causa cuando existía un escrito pendiente de despacho, lo que derivó en una falta de debida diligencia y aquello vulneró a su vez el derecho de petición de los accionantes y los dejó en indefensión. De igual forma, la actuación de la Sala Provincial, al ratificar la declaratoria del abandono sin observar que correspondía al juez de instancia pronunciarse respecto del escrito presentado por la parte actora, también irrespetó el estándar de la debida diligencia violando el derecho a la tutela judicial efectiva. En tal virtud, la Corte aceptó la acción y dispuso medidas de reparación.

999-12-EP/19

0999-12-EP En el marco de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia de apelación que negó una acción protección iniciada por la terminación de un contrato de servicios ocasionales, la Corte Constitucional señaló que si bien los jueces deben estar vinculados a sus precedentes conforme el principio stare decisis, el hecho de que se resuelvan de distinta manera casos con fundamentos fácticos aparentemente iguales, no implica necesariamente la violación del derecho a la igualdad en la medida en que la resolución depende de los elementos de cada proceso y de la apreciación de los hechos. De esta manera, sí se dictan resoluciones distintas en controversias similares, los jueces deben proveer una respuesta motivada a las pretensiones del accionante en el caso concreto, según sus particularidades.

998-16-EP/21

0998-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la seguridad jurídica del SENAE, dado que la conjueza nacional, autoridad competente del proceso, aplicó la norma jurídica previa, clara y pública que consideró pertinente para rechazar el recurso, esto es la Ley de Casación que se encontraba vigente a la época del litigio. De tal modo que garantizó al SENAE un ordenamiento jurídico previsible y determinado, en el que se tomó en cuenta el formalismo que caracteriza al recurso de casación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

997-16-EP/21

0997-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró el derecho al debido proceso del SENAE, en las garantías de cumplimiento de las normas, defensa y recurrir, dado que la razón por la que el conjuez inadmitió el recurso fue la falta de fundamentación del mismo, tal como lo prevé el art. 6.4 de la Ley de Casación y no un examen de fondo sobre la procedencia o no de la declaratoria de abandono del juicio. Tampoco se transgredió la motivación, toda vez que el conjuez sí explicó la pertinencia de la aplicación al caso de los art. 7 y 8 de la Ley de Casación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

995-12-EP/20

0995-12-EP La Corte Constitucional, dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una decisión dictada en un recurso de casación penal, explicó que no existe vulneración a la garantía constitucional al non reformatio in peius debido a que dicha garantía no es absoluta, y para activarse a favor del acusado, este debe ser el único recurrente, lo que no ocurrió en el caso examinado, ya que, tanto los acusados como Fiscalía interpusieron recursos de casación, por lo que los jueces de casación se encontraban habilitados para reformar la sentencia condenatoria, así como la pena impuesta a los acusados de considerarlo necesario. En este sentido, el Organismo precisó que el fallo impugnado permite conocer cuáles fueron los hechos, motivos, normas y relaciones lógicas que permitieron a la autoridad judicial llegar a su decisión, justificando su pertinencia al caso concreto para terminar tomando su resolución. En consecuencia, desestimó la acción planteada.

994-12-EP/20

0994-12-EP En sentencia de mayoría, la Corte analizó dos acciones extraordinarias de protección, EP, presentadas, en contra de las decisiones dictadas dentro de una acción de protección, AP, por la Procuraduría General del Estado, PGE, y por las Cooperativas de Transporte “La Costeñita” y “Pacífico”. Respecto de la primera EP, la Corte concluyó que a diferencia de lo ocurrido en el caso 1159-12- EP, la ANT, entidad con personería jurídica, no fue citada y la PGE, que podía supervisar su defensa, no fue notificada, con lo cual, la parte demandada quedó en indefensión. Por tanto, dejó sin efecto la sentencia impugnada y dispuso que se retrotraiga el proceso hasta la providencia en que se calificó la demanda. En cuanto a la segunda EP, la Corte advirtió que las cooperativas no interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primer nivel, recurso previsto dentro de una AP, por lo que no se cumplió con el requisito de agotamiento de recursos. El juez Agustín Grijalva Jiménez, en su voto concurrente, precisó que la PGE no fue citada en debida forma por el juez de primer nivel, quien no actuó con la suficiente diligencia para preservar que, en la prosecución de la causa, se cuente con la participación de las entidades accionadas. La jueza Daniela Salazar Marín, en su voto salvado, entre otros argumentos, señaló que, la notificación a la PGE en casos de garantías jurisdiccionales se debe realizar en observancia de las reglas de la LOGJCC y no del artículo 6 de la LOPGE como lo hace la sentencia de mayoría. El juez Alí Lozada Prado, en su voto salvado, destacó que el razonamiento que realiza la sentencia de mayoría sobre la falta de notificación a la PGE, niega la fe pública que otorgan los servidores judiciales encargados de la práctica de las notificaciones, sin contar con prueba suficiente en su contra.

992-11-EP/19

0992-11-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia que aceptó el recurso de apelación de acción de protección, la Corte puntualizó que esta garantía bajo ningún punto de vista puede ser concebida como un mecanismo residual que exija el agotamiento de otras vías o recursos para que pueda ser ejercida. En este contexto, este Organismo señaló que los juzgadores de apelación, en el marco de sus atribuciones y su potestad de verificar las circunstancias de cada caso, determinaron que existió la violación de derechos constitucionales, con lo cual la acción de protección era el mecanismo eficaz para la tutela de los mismos de acuerdo a la normativa vigente, por lo que no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica del accionante.

99-15-EP/20

0099-15-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra el auto de inadmisión de un recurso de casación interpuesto dentro de un proceso tributario, la Corte no observó vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes, del derecho a la defensa ni a recurrir, dado que la Sala aplicó las normas legales que consideró aplicables al caso, el accionante tuvo la oportunidad de ser escuchado en distintas actuaciones judiciales; además, compareció en todas las etapas del proceso y presentó los argumentos, pruebas y medios de impugnación de los que se creyó asistido. Tampoco verificó vulneración de la motivación, puesto que el auto impugnado enunció las normas que la Sala estimó pertinentes y explicó la pertinencia de estas al caso concreto.

991-16-EP/21

0991-16-EP La Corte, al examinar una acción planteada en contra de los autos que inadmitieron los recursos de apelación propuestos, aplicando el criterio previamente establecido en la sentencia 265-15-SEP-CC declaró la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso en las garantías de ser juzgado ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento; derecho a la defensa en la garantía de recurrir el fallo; así como el derecho a la seguridad jurídica, por considerar que lo jueces realizaron una interpretación restrictiva sobre la forma de contabilizar el término para la interposición de recursos en el proceso penal. La Corte observó que, aun cuando, los hoy accionantes, interpusieron oportunamente los recursos horizontales y verticales que el ordenamiento jurídico les brindaba para impugnar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, éstos fueron limitados en atención a una interpretación restrictiva y contraria a la normativa aplicable al caso, lo cual impidió que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa. Entre las medidas de reparación, dispuso que esta sentencia constituye, per se, una forma de reparación. Además, dejó sin efecto el auto impugnado y dispuso que una nueva Sala Penal de la Corte Provincial resuelva los recursos de apelación interpuestos y garantice el derecho de las partes procesales.

989-11-EP/19

0989-11-EP Frente a una acción extraordinaria de protección presentada por la presunta vulneración del derecho a la seguridad jurídica en el conocimiento de una acción de protección, la Corte Constitucional señaló que, dicho derecho se encuentra totalmente garantizado cuando la argumentación realizada por los jueces de instancia está sustentada en el análisis de derechos constitucionales. Agregó que, la autonomía universitaria no puede ser utilizada para evadir obligaciones provenientes de los derechos constitucionales.

987-15-EP/20

0987-15-EP En sentencia de mayoría, la Corte declaró la vulneración del derecho a la defensa en las garantías de no ser privado de la defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, presentar argumentos y pruebas y contradecir los de la contraparte y, al imposibilitar al doble conforme, el derecho a recurrir y del derecho a la tutela judicial efectiva por la declaratoria de abandono de un recurso de apelación en un proceso penal. La Corte evidenció que, aun cuando el recurrente justificó su inasistencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, los jueces provinciales se negaron a convocar a una nueva audiencia a pesar de haber aceptado la justificación proporcionada por la abogada del procesado. Como medida de reparación, dejó sin efecto las decisiones impugnadas y dispuso que, mediante sorteo, designe un nuevo tribunal con el fin de que conozca el recurso de apelación interpuesto y convoque a la audiencia de fundamentación del mismo. El juez Hernán Salgado, en su voto concurrente sostuvo que la imposibilidad de sustentar el recurso de apelación en audiencia oral conllevó la inobservancia de la garantía del doble conforme. La jueza Teresa Nuques y el juez Enrique Herrería, en su voto concurrente, señalaron que, a través de un actuar formalista, las autoridades judiciales vulneraron únicamente las garantías de no ser privado de la defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, presentar argumentos y pruebas y contradecir los de la contraparte y el derecho a recurrir. La jueza Carmen Corral, en su voto concurrente, precisó las diferencias entre el derecho a recurrir y el doble conforme en materia penal, explicando que el primero está condicionado al estricto cumplimiento de requisitos formales.

986-15-EP/21

0986-15-EP En voto de mayoría, la Corte declaró que el auto de inadmisión de un recurso de casación, dictado dentro de un proceso de liquidación de haberes laborales, vulneró el derecho a la defensa de los Hoteles Decameron del Ecuador S.A., debido a la falta de notificación del auto impugnado. La Corte constató que la judicatura demandada omitió notificar el referido auto al correo señalado por la parte accionante y notificó erradamente a un correo distinto, privándole así, de hacer uso de los mecanismos de defensa que la ley faculta, tales como presentar los recursos horizontales que se crea asistida. En tal virtud, como medida de reparación dispuso retrotraer el proceso hasta antes de la notificación del mencionado auto, a fin de que se realice la respectiva notificación de forma debida. El juez Ramiro Avila Santamaría, en su voto salvado, disintió con la sentencia de mayoría por considerar que, si bien cabía declarar la violación del derecho a la defensa, la reparación debía ser únicamente el reconocimiento en sentencia de tal vulneración, en razón de la previsibilidad de los efectos jurídicos; el uso ineficiente de los recursos públicos; y, la situación jurídica consolidada.

985-13-EP/21

0985-13-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión y su respectiva solicitud de revocatoria del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso civil por daño moral, la Corte señaló que no se vulneró la motivación, el derecho a la defensa ni la seguridad jurídica de la CGE, dado que el conjuez circunscribió su análisis a los presupuestos formales del recurso de casación y en aplicación de las normas previas, claras y públicas que estimó pertinentes, concluyó que la CGE no cumplió con una proposición jurídica completa mínima para admitir su recurso. Además, observó que la CGE, durante la sustanciación del recurso pudo presentar argumentos y contradecir los autos judiciales ahora impugnados, tanto con la presentación del recurso de revocatoria, como con la presentación de la EP. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.vulneraciones a tales derechos.

985-12-EP/20

0985-12-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que revocó la acción de protección, a través de la cual se solicitó dejar sin efecto una sanción disciplinaria dispuesta por el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, la Corte consideró que se vulneró la motivación, pese que la sentencia impugnada sí hizo referencia a la norma en la que fundó la revocatoria, así como, estableció la pertinencia de su aplicación al caso concreto, al señalar que para impugnar el acto administrativo, la accionante disponía de la vía contencioso administrativo, la Sala omitió realizar el análisis correspondiente a la existencia o no de violación de los derechos constitucionales alegados. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

984-16-EP/21

0984-16-EP En la EP presentada contra el auto que negó el recurso de hecho interpuesto dentro de un proceso especial de jurisdicción voluntaria en el que se impugnaba la negativa de la inscripción de una escritura pública y el auto que rechazó su ampliación y aclaración, la Corte señaló que en atención a las sentencias 1502-14-EP/21 y 154-12-EP/19, los autos cuestionados no eran definitivos, porque no resolvieron el fondo del asunto ni pusieron fin al proceso, ya que al tratarse de decisiones que resolvieron recursos que no se encontraban contemplados en la normativa para un juicio de procedimiento especial, resultaron inoficiosos. Además, la parte accionante estaba en la posibilidad de proponer en la vía ordinaria el examen sobre la titularidad de la propiedad del inmueble, en consecuencia, no eran de aquellas decisiones que podrían haber provocado un gravamen irreparable a sus derechos. Por lo expuesto, la Corte rechazó la acción presentada.

981-15-EP/20

0981-15-EP En la EP presentada en contra del auto que inadmitió un recurso de casación y de los autos que negaron las solicitudes de revocatoria, ampliación y aclaración en un proceso de fijación de límites y linderos que no se sustanció como juicio ordinario, la Corte señaló que, los autos impugnados resultaron inoficiosos debido a que no podían tener incidencia sobre las pretensiones de la demanda ni ponían fin al proceso que ya había concluido previo a la interposición de los recursos impugnados. Por lo anterior, la Corte recordó que las providencias judiciales sobre recursos inoficiosos no pueden impugnarse mediante una EP y, por lo tanto, rechazó la acción presentada por improcedente

981-12-EP/20

0981-12-EP En el marco de un proceso civil ordinario, la Corte declaró que los jueces de apelación vulneraron la tutela judicial efectiva cuando desconocieron la legitimación activa de la accionante, pese a que, en diferentes momentos procesales, acreditó el carácter de su comparecencia y la representación de los derechos de todos los herederos en la causa. La Corte puntualizó que los jueces no actuaron con la debida diligencia al no adoptar medidas para cumplir con un requisito formal de legitimación activa, y en ningún caso debieron dejar de dar respuesta a una pretensión procesal.

979-14-EP/20

0979-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación, que aceptó la acción de protección, que dejó sin efecto el acuerdo que resolvió cancelar una pensión de montepío, la Corte puntualizó que no se vulneró la motivación, dado que la Sala sí analizó lo expuesto en los cargos del legitimado activo, lo que la llevó a considerar que el ISSFA al emitir el acuerdo trasgredió derechos constitucionales, toda vez que no aplicó la Constitución ni la normativa legal relacionada con la pérdida del derecho a la pensión de montepío. También, indicó que no se violó la seguridad jurídica, puesto que la sentencia impugnada no resolvió asuntos de mera legalidad sino cuestiones de índole constitucional, a su vez, los jueces competentes aplicaron las normas que consideraron pertinentes, las cuales fueron previas, claras y públicas. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

978-16-EP/21

0978-16-EP La Corte analiza si en la sentencia dictada el 28 de marzo de 2016 por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro de un recurso extraordinario de casación se vulneró los derechos al debido proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica. Como resultado, la Corte desestima la acción extraordinaria de protección al no encontrar las vulneraciones alegadas.

978-14-EP/19

0978-14-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada en contra de un auto emitido dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte Constitucional señaló que el auto impugnado rechazó un recurso de hecho y calificó la inadmisibilidad de un recurso de casación contra la negativa a la solicitud para declarar la nulidad de un juicio contencioso tributario, por lo tanto, no se podía afirmar que el mismo resolvió el fondo de las pretensiones, o que impedía la continuación del juicio, porque este ya había concluido con una sentencia que resolvió el fondo del litigio, siendo así, el auto impugnado no puso fin al proceso. Asimismo, el Organismo no identificó razón alguna para concluir que los efectos del auto impugnado puedan provocar daño irreparable a los derechos del debido proceso del SRI, considerando que el proceso contencioso tributario había concluido previamente, de manera que la sentencia estableció válidamente situaciones jurídicas que no podían ser alteradas por el auto en cuestión. Por lo expuesto, la Corte concluyó que el auto impugnado no es ni puede ser tratado como definitivo y tampoco puede ser objeto de una acción extraordinaria de protección y en tal sentido, sin pronunciarse sobre los méritos del caso, rechazó la demanda por improcedente.

977-15-EP/20

0977-15-EP En la EP presentada contra resolución que concedió medidas cautelares autónomas, relativas a la reincorporación de un miembro de la Armada Nacional, la Corte señaló que la resolución impugnada no es definitiva en los términos de las sentencias 154-12-EP/19 y 1502-14-EP/19, dado que dicha decisión corresponde a la resolución de concesión de medidas cautelares constitucionales, que conforme lo previsto en el art. 28 de la LOGJCC “… no constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrá valor probatorio en caso de existir una acción por violación de derechos”; además, la decisión no impide la continuación del proceso, porque la medida cautelar supone una decisión de carácter provisional. Tampoco genera un gravamen irreparable, porque la misma puede ser revocada si se verifican las condiciones previstas en el art. 35 de la LOGJCC. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por improcedente.

97-14-EP/20

0097-14-EP En la EP presentada en contra de la sentencia de apelación que aceptó una demanda de prescripción extraordinaria de dominio, la Corte evidenció que contrario a lo que el accionante afirma, de acuerdo con la legislación vigente a la época, este no debió ser parte procesal en la causa, ante lo cual, la falta de citación con la demanda no provocó la vulneración del debido proceso en las garantías de que nadie podrá ser privado de su derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, presentar las razones o argumentos de los que se crea asistida, ni a recurrir el fallo. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

965-16-EP/21

0965-16-EP En la presente sentencia la Corte concluye que el auto de 13 de abril de 2016 dictado por los conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia no vulneró el derecho a la seguridad jurídica.

965-14-EP/19

0965-14-EP Siguiendo con la excepción a la preclusión dispuesta por la sentencia No. 154-12-EP/19, la Corte Constitucional señaló que, las medidas cautelares en materia de alimentos, tales como la prohibición de salida de país no ponen fin al proceso, puesto que son actos que resuelven incidentes dentro del juicio que pueden ser modificadas en función a determinadas circunstancias. En tal sentido no son susceptibles de ser impugnadas mediante una acción extraordinaria de protección, ya que no son sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Por tanto, el Organismo Constitucional no se pronunció sobre las alegadas vulneraciones.

962-16-EP/21

0962-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación dentro de un proceso laboral, la Corte no encontró que se vulneró la garantía de la motivación puesto que se enunciaron las normas jurídicas aplicables y se explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, pronunciándose concretamente respecto a la alegación de la entidad accionante sobre el régimen laboral aplicable de una servidora pública. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

96-16-EP/21

0096-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación que aceptó el recurso y ratificó la validez de una resolución, dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte no encontró vulneración de la motivación, dado que en la decisión judicial impugnada, la Sala enunció e hizo un examen particular de cada cargo admitido del recurso planteado; en función de lo cual, concluyó que se configuró el vicio de indebida aplicación del art. agregado a continuación del art. 73 de la LRTI, en razón de no ser subsumible a los hechos considerados. Asimismo, la Corte no evidenció vulneración del derecho a la seguridad jurídica, puesto que la argumentación de la entidad accionante estaba enfocada en que la Corte Constitucional revise la legalidad de la Resolución impugnada, frente a lo cual expuso que no le corresponde pronunciarse respecto a la correcta o incorrecta aplicación de normas infraconstitucionales, sino verificar que la inobservancia de normas no acarree la vulneración de derechos constitucionales. Por tanto, desestimó la acción propuesta.

960-14-EP/20

0960-14-EP En una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación y su auto aclaratorio dictados dentro de un proceso por daños y perjuicios, la Corte resolvió que no existió vulneración de la motivación, dado que la decisión impugnada enunció las normas y principios en que se fundó y explicó la pertinencia de su aplicación al caso concreto. Asimismo, tomó en cuenta la existencia de la sentencia condenatoria proveniente del proceso principal y tras la revisión integral del expediente y de las pruebas aportadas resolvió aceptar parcialmente dicho recurso, por tanto, tampoco transgredió la tutela judicial efectiva. Respecto a la seguridad jurídica señaló que no existieron argumentos específicos sobre dicha vulneración; sin embargo, observó que las normas jurídicas en las que se basó la sentencia fueron normas previas, claras y públicas. Po lo expuesto, desestimó la acción presentada.

954-13-EP/20

0954-13-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que negó la acción de protección, a través de la cual se solicitó dejar sin efecto la resolución de embargo y remate emitida por el IESS, la Corte observó que se vulneró la motivación, dado que la Sala Provincial se circunscribió a resolver que los hechos propuestos en la demanda eran una cuestión de mera legalidad, que debían ser ventilados en la justicia ordinaria, cuando se encontraba en la obligación de dilucidar si el problema jurídico era atinente a la esfera constitucional. Es decir, la Sala concluyó que no existió vulneración de derechos constitucionales, sin realizar un análisis en cuanto a si el caso se circunscribía a la dimensión constitucional de la propiedad y sin manifestar las razones por las cuales consideraba que la vía judicial ordinaria era la adecuada. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

951-16-EP/21

0951-16-EP En esta sentencia la Corte Constitucional analiza si la decisión judicial dictada dentro de un proceso de medidas cautelares autónomas puede ser objeto de impugnación, a través de la presente garantía jurisdiccional. La Corte resuelve rechazar la acción extraordinaria de protección por improcedente.

951-14-EP/21

0951-14-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la AP, a través de la cual se dejó sin efecto las sanciones de arresto a una servidora de las FFAA, la Corte señaló que no se vulneró la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva ni el debido proceso del MDN, dado que los juzgadores en el marco de sus competencias, realizaron el análisis de la vulneración de derechos alegada, tal como les correspondía según las normas constitucionales y demás aplicables a la AP, luego de lo cual concluyeron que efectivamente se trasgredieron los derechos constitucionales de la accionante del proceso de origen. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

947-16-EP/21

0947-16-EP En la EP presentada contra la sentencia que negó el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación del SENAE, dado que la judicatura accionada examinó los cargos vertidos por el accionante en contraste con la normativa de la Ley de Casación, las normas legales presuntamente infringidas y jurisprudencia que estimó pertinente. En consecuencia, el organismo observó que en la sentencia analizada se enunciaron las normas en las que se fundó para rechazar el recurso y se explicó la pertinencia de las mismas frente a los hechos del caso. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

947-15-EP/20

0947-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de segunda instancia, el auto que negó el recurso de hecho y el que rechazó su aclaración y ampliación, emitidos dentro de un proceso laboral por inconformidad con rubros de la liquidación, la Corte puntualizó que la interposición del recurso de casación fuera del término previsto en la Ley de Casación fue atribuible a la negligencia de CNT, dado que no se verificó que la judicatura demandada haya impedido el empleo de dicho medio impugnatorio, más aún cuando fue notificada en legal y debida forma, lo cual impidió el agotamiento del recurso de casación, mismo que era idóneo para resolver las alegaciones presentadas por el accionante tanto en su recurso como en esta acción. Por lo expuesto y en aplicación de la excepción a la preclusión contenida en la sentencia 1944-12-EP/19, la Corte Constitucional rechazó por improcedente la acción presentada.

946-19-EP/21

0946-19-EP En voto de mayoría, la Corte Constitucional, en uso del principio iura novit curia, declaró que la sentencia de casación, dictada dentro de un proceso laboral, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante, al establecer que el plazo de la prescripción de la petición de reliquidación y pago de utilidades debía contarse desde el momento en que culminó la relación laboral, y no desde el momento en que la obligación era exigible, esto es, desde que el trabajador estuvo en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercer las acciones correspondientes. La Corte desarrolló el derecho a la acción, entendido como un derecho procesal de rango constitucional, y, distinguió entre la prescripción del ejercicio de las acciones procesales y la prescripción o caducidad de los derechos sustantivos como, por ejemplo, diferenciar la prescripción de la acción laboral, de la prescripción del derecho sustantivo a solicitar utilidades En el caso concreto, la Corte consideró que se trataba de una situación atípica, que no fue considerada por los jueces nacionales, por cuanto el reclamo que hizo el trabajador se refería al derecho a percibir el pago completo, en virtud de una reliquidación de utilidades sobre el ejercicio fiscal del año 2005, que no se originó en un acto o contrato de trabajo, sino que tuvo como antecedente el acta de determinación tributaria del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal del año 2005. La jueza Carmen Corral Ponce, en su voto salvado, discrepó con el fallo de mayoría por considerar que la prescripción de las acciones contenidas en el Código de Trabajo, así como su implementación jurídica compete a los juzgadores de la justicia ordinaria.

946-15-EP/20

0946-15-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso laboral por pago de indemnizaciones laborales, la Corte señaló que la conjueza enunció las normas contenidas en la Ley de Casación en las que se basó para resolver el caso. A su vez, verificó que la autoridad judicial explicó la pertinencia de la aplicación de estas normas con los antecedentes de hecho, concluyendo que el recurso de casación no podía ser admitido, toda vez que TAME EP, pretendía desnaturalizar el recurso de casación, solicitando que se revise el proceso nuevamente, incluyendo las pruebas practicadas dentro del mismo. Asimismo, puntualizó que la autoridad judicial que conoció el proceso respetó las normas aplicables al caso y tuteló los derechos de la entidad accionante relacionados con el acceso a la justicia y la legítima defensa. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

944-16-EP/21

0944-16-EP Se analiza la acción extraordinaria de protección presentada por los señores Jimmy Jairala Vallazza y Miltón Carrera Taiano, en sus calidades de Prefecto Provincial del Guayas y Procurador Síndico Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, en contra de la sentencia que resolvió el recurso de apelación dentro de un juicio laboral de impugnación de un acta de finiquito Nº. 09131-2008-0666. La Corte Constitucional resuelve desestimar la acción, pues no se encuentra vulneración alguna al derecho a ser juzgado por un juez competente.

943-15-EP/21

0943-15-EP En la presente acción extraordinaria de protección, la Corte declara la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, como consecuencia de la inobservancia del precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia N°. 035-14-SEP-CC; en el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia el 27 de mayo de 2015 interpuesto por la Compañía BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CÍA. LTDA, en el marco de un proceso contencioso tributario que se origina en la reclasificación arancelaria de productos farmacéuticos.

943-14-EP/20

0943-14-EP En las EPs presentadas contra las decisiones de primera y segunda instancia que aceptaron la AP, que dispuso se deje sin efecto la terminación unilateral de un contrato de obra, la Corte señaló que no existió vulneración de la tutela judicial efectiva, dado que el análisis realizado en las dos decisiones, se dirigió a determinar la existencia de violación a un derecho constitucional. Además, mencionó que la resolución de medidas cautelares autónomas, por ser un proceso independiente de la acción de protección, no deviene en un doble juzgamiento por la misma causa y materia. Finalmente indicó que tampoco observó vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas y la seguridad jurídica, ya que, al declararse la vulneración del derecho a la defensa en el proceso de origen, se confirmó la pertinencia de someter la referida terminación a conocimiento de los jueces constitucionales, a través de una acción de protección. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó las acciones presentadas.

94-15-IN/21

0094-15-IN La Corte desestimó la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de varios artículos de la Ordenanza del GAD Municipal del Cantón Rumiñahui, respecto de la creación y funcionamiento de Empresa Pública de Bomberos, por considerar que se trataba de un asunto de legalidad que no era de su competencia. Determinó que, como regla general, cuando el análisis jurídico de una norma legal no requiere acudir a normas constitucionales para resolverlo, entonces no es objeto de control abstracto de constitucionalidad. La CCE se separó del criterio establecido en anteriores fallos, por considerar que la contradicción de una ordenanza frente a otras disposiciones legales como el COOTAD, la LDCI, la LOSEP y varios reglamentos es un asunto que tiene que resolverse mediante mecanismos de control de legalidad. Enfatizó que los asuntos de legalidad no resueltos por la CCE, por no ser de su competencia, no implican una validación de estos, pues en el supuesto caso de que existan conflictos de orden general o individual de los mismos, deben ser resueltos por las instancias judiciales correspondientes en el ámbito de sus atribuciones.

940-14-EP/20

0940-14-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que revocó la acción de hábeas data, a través de la cual se solicitó el acceso al original de un pagaré que se encontraba en custodia del Banco Central, la Corte no observó vulneración de la tutela judicial efectiva, dado que el accionante tuvo acceso a la administración de justicia y una vez notificado con la sentencia, pudo interponer la EP contra ella. En todo momento tuvo conocimiento de la tramitación de la acción de hábeas data y de las decisiones adoptadas en el proceso. Respecto a que la exhibición de las copias certificadas fue insuficiente para considerar que sí tuvo acceso a la información solicitada, el organismo señaló que las copias certificadas que reúnen los requisitos formales correspondientes, equivalen a los documentos originales. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

937-16-EP/21

0937-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte señaló que no se vulneró la motivación en contra de la CGE, dado que el conjuez nacional analizó cada uno de los cargos esgrimidos por la entidad accionante, así como también precisó la base normativa para atender cada uno de ellos, encontrando que el casacionista no cumplió con la fundamentación debida para que el recurso sea admitido. Tampoco encontró que se haya vulnerado la seguridad jurídica ni la tutela judicial efectiva, toda vez que el conjuez, al inadmitir el recurso por falta de fundamentación, observó lo establecido en la normativa que estimó aplicable al caso. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

937-14-EP/19

0937-14-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una decisión que rechazó un recurso de hecho y calificó la inadmisibilidad de un recurso de casación, por no ser el auto impugnado un auto que pone fin a un proceso, la Corte estableció que la decisión impugnada no es un auto definitivo en tanto no pone fin al proceso del que emana pues no resuelve el fondo de las pretensiones, no impide la continuación del juicio, ni genera un gravamen irreparable. Por lo expuesto, la Corte rechazó la demanda por improcedente.

935-13-EP/19

0935-13-EP Respecto al derecho a la defensa, la Corte Constitucional señaló que la emisión de una sentencia es precisamente uno de los objetos del proceso puesto que permite a las partes acceder a una resolución que decida sobre su pretensión de derecho; y el hecho de poder impugnar dicha resolución constituye uno de los ejes fundamentales para el derecho a la defensa. Por esta razón, argumentar que la emisión de una sentencia por parte del máximo órgano de justicia ordinaria constituye por sí misma una vulneración del derecho a la defensa, implica una contradicción en términos y una mera expresión de descontento por el contenido de la decisión, puesto que el derecho a la defensa no implica que el accionante reciba una sentencia favorable.

934-16-EP/20

0934-16-EP En las EP presentadas contra la sentencia de segunda instancia y el auto de inadmisión dictados dentro de un juicio de daños y perjuicios iniciado por la supuesta falta de cumplimiento de órdenes de desalojo por parte de servidores públicos ante la invasión de un inmueble. En relación a la EP presentada por el Ministerio del Interior, la Corte señaló que el recurso de casación fue inadmitido por haber sido interpuesto de manera prematura, por tanto, el auto impugnado no vulneró la tutela judicial efectiva, motivación ni seguridad jurídica. Respecto a la EP presentada por la compañía, el Organismo indicó que el conjuez no justificó por qué dedujo que no existió legitimación en la causa, puesto que para ello debió haber realizado una revisión de las pretensiones del actor, lo cual no implicaba un análisis de fondo, esta omisión trasgredió la motivación y tutela judicial efectiva. Sobre la EP presentada por la PGE, la Corte mencionó que el recurso de casación interpuesto no cumplió con el cuarto requisito del art. 6 de la Ley de Casación, por cuanto no existió fundamentación del mismo, en este sentido, la Corte aclaró que la verificación sobre la falta de fundamentación por parte del conjuez no generó impedimento para que la parte recurrente acceda a la justicia, sea juzgado por una autoridad imparcial, o haya sido dejada en indefensión. En el voto salvado, el juez Agustín Grijalva manifestó que l conjuez accionado inadmitió el recurso de casación de la entidad accionante por considerarlo prematuro, sin tener en cuenta que la entidad accionante no solicitó aclaración ni ampliación de la sentencia de segundo nivel, lo cual convirtió a la decisión impugnada en arbitraria, por lo expuesto, el juez consideró que se debió aceptar la EP presentada por el Ministerio del Interior, esto, por vulneración de la tutela judicial efectiva.

934-09-EP/20

0934-09-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación dictada dentro de un proceso penal por colusión, la Corte señaló que la sentencia impugnada tiene una motivación incompleta e incongruente, dado que no analizó todos y cada uno de los cargos contenido en el recurso de apelación; además, no identificó las normas que se referían a la colusión, cuyo tratamiento, a la fecha del fallo impugnado, se encontraba previsto en la Ley para el Juzgamiento de la Colusión. De ahí que, no se observó una explicación de la pertinencia de las normas en relación con los hechos del caso, violentándose asimismo la tutela judicial efectiva. El organismo no encontró vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes ni de la seguridad jurídica, alegada por Filanbanco S.A. en Liquidación; o, el derecho a la defensa o igualdad alegados por la PGE y Gabriel Terán. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

93-16-EP/21

0093-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas ni el derecho a recurrir del SENAE, dado que el conjuez únicamente luego del análisis de las causales alegadas, resolvió que el recurso no cumplía con los requisitos formales determinados por la Ley de Casación, en consecuencia concluyó que el recurso debía ser inadmitido por inobservancia de los requisitos previstos en la Ley para su admisibilidad, sin que se haya vulnerado derecho constitucional alguno. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

931-12-EP/20

0931-12-EP Dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una decisión proveniente de un juicio ejecutivo, la Corte expuso que para la producción de la prueba es necesaria la actuación de las partes. En el caso concreto, observó que desde la fecha en que se aclaró la orden por la cual debía practicarse la inspección judicial, esto es el 11 de agosto de 2004 hasta la providencia de 17 de febrero de 2005, notificada el 22 de febrero del mismo año, los accionantes, no se pronunciaron respecto a la inejecución de la inspección judicial, pero además concluido el término de prueba, tampoco presentaron objeción alguna con relación a lo actuado dentro del proceso civil. Por lo tanto, no se observa que la actuación de la administración de justicia en primer nivel haya vulnerado el derecho a la defensa de los accionantes.

930-14-EP/20

0930-14-EP En la acción extraordinaria de protección, presentada contra la decisión emitida en un proceso de nulidad de sentencia ejecutoriada, la Corte señaló que no observó vulneración de la seguridad jurídica, dado que, en atención a un fallo de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia, la acción de nulidad no era apta para impugnar sentencias dictadas en juicios ejecutivos a la luz de las normas del Código de Procedimiento Civil. Tampoco verificó trasgresión de la tutela judicial efectiva, puesto que la acción fue negada en virtud de que la misma no era procedente y no porque se invocó normativa incorrecta. Finalmente, sobre la motivación, el Organismo puntualizó que, en la sentencia impugnada, la Sala estableció los antecedentes de hecho, analizó la jurisprudencia y citó doctrina acorde al caso concreto para resolver la improcedencia de la acción. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la demanda.

929-16-EP/21

0929-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión de un recurso de casación interpuesto dentro de un juicio contencioso administrativo, la Corte no evidenció vulneración del derecho a la seguridad jurídica, dado que la autoridad judicial resolvió la inadmisibilidad del recurso de casación en observancia de la normativa que le faculta a verificar, en la fase de admisibilidad, que el recurso cuente con fundamentación. Asimismo, la Corte descartó la vulneración de la motivación, al verificar que el conjuez enunció las normas en las que se fundó y explicó su pertinencia frente a las causales de casación presentadas en el recurso, descartando cada una de ellas, dentro de lo que le compete analizar en la fase de admisibilidad. Por consiguiente, desestimó la acción planteada.

927-16-EP/21

0927-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación que declaró como improcedentes los recursos planteados dentro de un proceso penal de asesinato, la Corte señaló que el conjuez nacional sí se pronunció sobre los cargos del recurrente y, para el efecto, enunció las normas y determinó la pertinencia de su aplicación al caso concreto. La Corte también se refirió a la motivación per relationem frente a la alegación del accionante, y explicó que si bien la sentencia impugnada se remite a los argumentos del fallo de instancia, lo hace para realizar el análisis de los cargos casacionales, sin ser el fundamento de la decisión, por lo que no existió vulneración a la motivación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

925-16-EP/21

0925-16-EP La Corte analizó si las decisiones adoptadas dentro de un juicio ejecutivo vulneraron el derecho a la defensa porque no se habría concedido la práctica de pruebas a una compañía, ni permitido que un procurador comparezca a juicio con un poder emitido en el exterior que no fue autenticado o legalizado. La Corte constató que, la falta de nombramiento de un nuevo perito obedeció a una facultad del juez que los accionantes no han logrado demostrar que se ejerciera de forma arbitraria, y que incidiera en su garantía de aportar prueba, con lo que, descartó la alegada afectación de la garantía de aportar prueba. Asimismo, de la revisión del expediente, advirtió que la sentencia de segunda instancia dio por satisfecha la representación legal de la parte actora con el poder y procuración judicial presentada, y a la vez, la Corte señaló que la falta de argumentos adicionales en la demanda de la EP le impide identifique una irregularidad que haya afectado la garantía de la defensa alegada por los accionantes. En consecuencia, descartó la alegada vulneración del derecho a la defensa y desestimó la acción planteada.

923-19-EP/20

0923-19-EP Esta Sentencia analiza la supuesta violación de los derechos constitucionales a una empresa en el marco de un juicio de daños y perjuicios seguido en su contra y en el que la Agencia de Garantía de Depósitos fue considerada obligado solidario.

923-14-EP/19

0923-14-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección, la Corte analizó los derechos al debido proceso y propiedad y estableció que el no considerar al accionante parte procesal no vulneró sus derechos constitucionales, en tanto aquel no justificó ser propietario de alguna parte del inmueble en cuestión al momento de sustanciación del proceso y la emisión de la sentencia impugnada.

923-13-EP/19

0923-13-EP Frente a una acción extraordinaria de protección presentada en contra del auto de inadmisión de un recurso de casación, emitido dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte Constitucional, sobre la vulneración a la garantía de la motivación, señaló que en el auto impugnado sí se enunció la norma pertinente en la que se fundó la decisión, además, se explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, dado que los conjueces expusieron los motivos por los cuales el recurso de casación no cumplía con los requisitos de procedencia, establecidos en la causal tercera del artículo 6 de la Ley de Casación.

92-15-IN/21

0092-15-IN Mediante voto de mayoría, la Corte declaró la inconstitucionalidad del inciso final del art. 324 del COGEP al encontrar que la exigencia de la caución equivalente al 10% de la totalidad de la deuda tributaria, prevista en dicha norma para continuar con la administración de justicia, era contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. La Corte consideró que, si la caución del 10% es una condición para continuar con la tramitación de la causa, una vez calificada la demanda, sería un impedimento para el acceso a la justicia y una clara violación al principio de gratuidad de la justicia, dado que, si el administrado no rinde la caución en el término de veinticinco días, la norma dispone el archivo de la causa, y aquello impide que se obtenga una decisión que resuelva el fondo del asunto. Puntualizó que dicha caución deberá ser considerada, exclusivamente, como un mecanismo que tiene por finalidad suspender los efectos del acto impugnado y, en caso de que no se caucione el porcentaje contemplado en la ley, no se impedirá que el proceso continúe, garantizándose así la tutela judicial efectiva. En tal virtud, determinó que el art. 324 inciso final del COGEP, dirá: “La o el juzgador calificará la demanda y dispondrá que se rinda la caución en el término de veinticinco días, en caso de no hacerlo los efectos del acto impugnado no se suspenderán y se continuará con la tramitación de la causa.” Dispuso que todos los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario, a partir de la expedición de esta sentencia, apliquen lo resuelto respecto a todas aquellas causas que hayan ingresado o ingresen, y cuyo trámite esté pendiente.

921-15-EP/20

0921-15-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la decisión que resolvió casar la sentencia y dejar sin efecto una resolución sancionatoria emitida por el Servicio de Rentas Internas, la Corte señaló que no le correspondía pronunciarse sobre la correcta o incorrecta aplicación de normas infra constitucionales, sino verificar que la inobservancia de ellas no acarree la vulneración de derechos constitucionales. En consecuencia, no advirtió que la manera en que la Sala aplicó el artículo 340 del Código Tributario haya configurado una vulneración a la seguridad jurídica. Tampoco encontró trasgresión de la tutela judicial efectiva, dado que quien contesta el recurso de casación presenta un insumo al juez para resolverlo, pero no puede plantear nuevos argumentos o pretensiones y, por ende, no tiene derecho a que se le provea una respuesta a los mismos. Asimismo, el Organismo puntualizó que la falta de argumentos impidió que se identifique una violación del derecho a la igualdad; además, la institución accionante solo tenía la titularidad del mismo en su dimensión procesal. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

921-12-EP/20

0921-12-EP Dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una decisión proveniente de un recurso de casación en materia penal, la Corte Constitucional explicó que, como parte del ejercicio al derecho a la tutela judicial efectiva, la Contraloría General del Estado, al encontrarse legitimada para presentar el recurso de casación, contaba con el término de cinco días posteriores a la notificación de la sentencia de segunda instancia para presentar el recurso de casación, sin embargo, advirtió que interpuso dicho recurso de forma extemporánea. Por tanto, concluyó que la decisión impugnada estaba sustentada en normas y principios jurídicos que justifican la calificación de su escrito como extemporáneo. En consecuencia, concluyó que no existió vulneración al debido proceso en la garantía de la motivación.

9-20-IA/20

9-20-IA Con voto de mayoría, la Corte declaró la inconstitucionalidad del oficio circular MEF-VFG-2020-003-C, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), exclusivamente en relación con las medidas presupuestarias aplicables a las universidades y escuelas politécnicas públicas, y del artículo único numerales 1, 2, 3 y 5 de la Resolución RPC-SO-012-No.238-2020, emitida por el Consejo de Educación Superior (CES). Expuso que la circular del MEF entra en contradicción con la autonomía universitaria académica, administrativa y financiera garantizada en la CRE. Determinó que el artículo único, numerales 1, 2, 3 y 5 de la resolución impugnada, que regula la actividad y contratación docente, inobserva los principios de calidad, mejoramiento pedagógico y académico del personal docente, reconocidos en la CRE. Dispuso que todas las medidas económicas o académicas, que emitan el MEF o el CES, aplicables a las instituciones de educación superior públicas, deben observar la autonomía universitaria, la calidad de la educación superior, y el principio de progresividad, entre otros. Además, instó a las entidades de educación superior a optimizar el gasto y generar plantas docentes estables. La jueza y jueces constitucionales Carmen Corral Ponce, Enrique Herrería Bonnet y Hernán Salgado Pesantes sustentaron su voto salvado, entre otras cuestiones, en que no correspondía analizar la constitucionalidad de las supuestas variaciones presupuestarias, pues aquellas se derivan de la proyección de recaudación del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado, lo cual es independiente del oficio circular del MEF. Además, sostuvieron que los actos impugnados constituyen normativa temporal emitida para afrontar la emergencia sanitaria actual, por lo que no son contrarios a la CRE. La presente sentencia tiene un auto de aclaración y ampliación, emitido por el Pleno de la Corte, el 23 de septiembre de 2020.

9-19-TI/19

0009-19-TI

9-19-RC/19

0009-19-RC Respecto a la inclusión de la justicia indígena en la estructura del Estrado la Corte señaló que es un atentado contra la esencia misma del respeto a las diversas manifestaciones jurídicas de cada comunidad. Sobre la formalización de la justicia indígena puntualizó que darle paso implicaría restricciones a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para conservar y desarrollar sus propias formas de organización, estructuras institucionales, procedimientos, prácticas y costumbres o sistemas jurídicos. En relación a la aplicación del derecho propio para la designación de autoridades, indicó que no implica reforma al texto constitucional; en tal virtud, no puede pronunciarse sobre la vía de una modificación inexistente. Por las razones expuestas, la Corte consideró que la vía de la reforma parcial no es apta para la propuesta de modificación.

9-19-CP/19

0009-19-CP Ante el pedido de consulta popular relativo a la realización de actividades mineras en la provincia del Azuay, la Corte señaló principalmente que, la mera transcripción de disposiciones constitucionales no provee al elector con información específica que permita contextualizar la problemática concreta que aborda la pregunta sometida a control, es decir, no se permite una reflexión auténtica del elector y, en consecuencia, no se garantiza su plena libertad ni se cumple con la doble carga de claridad y lealtad. Además, indicó que la formulación de una pregunta general, que engloba todas las actividades de minería metálica que se desarrollan en muchas y diversas zonas ecológicas de la provincia del Azuay, imposibilita un adecuado control de constitucionalidad material; por tanto, el pedido no cumple con los parámetros de control formal establecidos en la Constitución y en la LOGJCC.

9-18-TI/19

0009-18-TI La Corte Constitucional, en atención a la facultad para emitir dictamen vinculante sobre la constitucionalidad de los instrumentos internacionales, declaró que las disposiciones contenidas en el mencionado tratado son compatibles con la Constitución de la República, en razón de que dichas disposiciones se basan en la asistencia judicial mutua entre las autoridades competentes de ambos Estados, en relación con asuntos de naturaleza penal, cuyo objetivo es la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento de delitos. Asimismo, proclaman principios constitucionales, tales como, el principio pro ser humano, la igualdad jurídica y la no restricción de derechos. En consecuencia, expidió dictamen favorable del mismo.

918-14-EP/20

0918-14-EP Dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección planteada en contra de decisiones judiciales provenientes de un recurso de casación, la Corte Constitucional examinó si la vulneración de los derechos alegados por la parte accionante, tuvo lugar. Para el efecto, en primer lugar abordó el análisis del auto impugnado a fin de verificar si aquel vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, determinando que, de la revisión del proceso se observó que la parte accionante pudo acceder a los mecanismos previstos en la ley para la resolución de controversias y de impugnación. Respecto de la sentencia impugnada, el Organismo expuso que en ella se observó que los jueces distritales, no solo aplicaron las normas que estimaron pertinentes por estar vigentes y ser aplicables al caso, sino que también citaron precedentes jurisprudenciales, en los que el Tribunal Contencioso Administrativo falló de una determinada manera, y con el afán de mantener la coherencia, resolvió el caso concreto en el mismo sentido que otros de similar naturaleza. Por lo expuesto, no identificó vulneración a los derechos de tutela judicial efectiva y debido proceso en la garantía de motivación.

9-17-CN/19

0009-17-CN Frente a una consulta respecto de la constitucionalidad de las normas que tratan sobre la acusación y sobreseimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, por presuntas contravenciones al derecho a un juez imparcial y a la especialidad de la justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal, la Corte Constitucional señaló que ambos artículos son constitucionales, y que el artículo 357 lo es siempre y cuando se lo interprete del siguiente modo: “El juez o jueza de adolescentes infractores que haya tramitado las etapas de instrucción, evaluación, preparatoria de juicio y convoque a audiencia de juzgamiento, no podrá sustanciar la fase de juicio ni dictar sentencia. El auto de llamamiento a juicio deberá ser enviado a otro juez especializado en adolescentes infractores para que señale día y hora para audiencia, sustancie el juicio y dicte sentencia”. Respecto a los lugares donde no sea posible aplicar el precepto anterior, estableció reglas para garantizar en la mayor medida el principio de especialidad de las juezas y jueces que conocen las fases de instrucción, evaluación, preparatoria de juicio y el juicio, cuando juzgan a adolescentes en conflicto con la ley penal. Finalmente, la Corte recomendó que el Consejo de la Judicatura tome las medidas necesarias para garantizar de forma progresiva el derecho de toda persona adolescente a tener una justicia imparcial y especializada en un plazo razonable.

9-16-IS/21

0009-16-IS En la IS de la sentencia que estableció una interpretación conforme y condicionada con efectos erga omnes del art. 42 de la LOGJCC, relativo a las causales de improcedencia de la AP, la Corte señaló que dentro de la AP, que seguía la accionante contra la SGR y que fue declarada improcedente por la sala laboral de la Corte Provincial de Manabí, se alegó el incumplimiento de la sentencia 102-13-SEP-CC. No obstante, el organismo ya ha mencionado el distanciamiento del precedente según el cual procedía la IS respecto al incumplimiento de precedentes, pues para que proceda la IS respecto de una sentencia constitucional, esta debe contener un mandato de hacer o no hacer algo determinado o estar encaminada exclusivamente a exigir la ejecución de una sentencia constitucional dictada en -un mismo- proceso constitucional. En consecuencia, al pretenderse la aplicación de precedentes jurisprudenciales en una causa ajena, la Corte no encontró una decisión que pueda ser objeto de verificación a través de la IS. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

9-16-IN/21

0009-16-IN La presente sentencia niega la acción de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ordenanza que regula la gestión de los servidores de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Macará del año 2016, porque se encuentra derogada y ha dejado de producir efectos jurídicos.

916-12-EP/20

0916-12-EP En aplicación de la excepción de la regla de preclusión, la Corte rechaza la demanda de acción extraordinaria de protección debido a que el accionante formuló dicha acción en contra de un auto de inadmisión del recurso de casación que por las particularidades del caso no era susceptible de acción extraordinaria de protección.

9-15-IS/21

0009-15-IS En la IS presentada respectode la sentencia de primera instancia de AP que dispuso al SENAE como reparación material el reembarque de la mercadería por su decomiso, la Corte señaló que la sentencia cuyo cumplimiento se exige fue revocada en su totalidad en segunda instancia, perdiendo su vigencia por haber sido dejada sin efecto. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción por improcedente.

9-15-CN/19

0009-15-CN
0010-15-CN
0011-15-CN
0012-15-CN
0020-15-CN
0004-16-CN
0005-16-CN
0016-16-CN
0005-17-CN
0012-17-CN
0001-18-CN
0011-17-CN
0010-17-CN
Los titulares de varias judicaturas del país remitieron a este organismo trece consultas de norma, mediante las cuales solicitaron el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los artículos 7 y 8 del Reglamento para conciliación en asuntos relacionados con infracciones de tránsito expedido por el Consejo de la Judicatura. Al respecto, el Pleno de la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 7, por transgredir el derecho a la presunción de inocencia, en la parte que dispone: “En consideración de la prevalencia del interés público y general sobre el particular, al acuerdo conciliatorio y su cumplimiento no exime a quien haya reconocido el cometimiento de la infracción de tránsito, la pérdida de puntos en la licencia de conducir, para tal efecto, la jueza o juez emitirá la respectiva resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal. La pérdida de puntos en la licencia de conducir se aplicará de acuerdo a la infracción que motivó la apertura de la fase de investigación previa o instrucción fiscal según corresponda”; y, negar las consultas sobre el artículo 8 del reglamento, por haber sido fundamentadas en una presunta antinomia infraconstitucional respecto de la cual la Corte Constitucional carece de competencia para pronunciarse.

914-16-EP/21

0914-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación y la sentencia de instancia, emitidos dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes, ser juzgado por juez competente ni la motivación, dado que la no declaratoria de abandono de la causa, se debió a que la demora para la fijación de la fecha y hora de la audiencia de estrados era atribuible al juzgador, es decir, al estar pendiente el pronunciamiento por parte del Tribunal, este debió continuar con la sustanciación de la causa, como en efecto ocurrió. Además, el organismo observó que las autoridades judiciales sí cumplieron con enunciar las normas y explicó la pertinencia de su aplicación a los hechos del caso. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

913-16-EP/21

0913-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes, ser juzgado por juez competente, motivación, igualdad formal ni la seguridad jurídica del GADM de Centinela del Cóndor, dado que el análisis sobre la fundamentación del recurso realizado por el conjuez en el auto de inadmisión, en virtud de las normas que consideró aplicables, se encuentra enmarcado en las competencias previstas para la fase de admisibilidad del mismo, sin que sea necesario remitirse a decisiones que no tienen un carácter hétero-vinculante. Además, el organismo mencionó que la inadmisión de un recurso de casación, por cuestiones relativas a la inobservancia o inadecuada observancia de los requisitos que la Ley exige para su admisión, no acarrea per se la afectación de ningún derecho constitucional. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

913-15-EP/20

0913-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la acción de protección, a través de la cual se dejó sin efecto la supresión del puesto del accionante del proceso de origen, la Corte no observó vulneración de la seguridad jurídica, dado que los jueces provinciales, no estaban obligados a basar su fallo en la sentencia de instancia, ya que esta no constituyó precedente horizontal ni vertical vinculante; además, no existió extralimitación de los jueces al resolver la acción de protección, debido a que en su análisis se determinó en el proceso administrativo sí vulneró derechos constitucionales. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

912-16-EP/21

0912-16-EP En esta sentencia, la Corte desestima la acción extraordinaria de protección presentada por el GAD Municipal de Centinela del Cóndor, al no encontrar afectación de derechos en la emisión del auto de inadmisión de un recurso de casación.

909-15-EP/20

0909-15-EP En la EP presentada en contra de la sentencia de segunda instancia que ratificó la decisión de aceptar la AP iniciada con el fin de que el MAGAP pague la jubilación obligatoria a los herederos de una persona que falleció un mes antes de que se realice la transferencia del monto que debía percibir, la Corte señaló que no hubo vulneración de la garantía de motivación dado que, en la sentencia impugnada, la Sala analizó la AP, aplicó las normas constitucionales y legales que regulan el ejercicio de jubilación y determinó que la persona tenía derecho a la jubilación universal y que sus herederos debían recibir el monto, pues el pago de jubilación estaba en trámite al momento del fallecimiento, cumpliendo con la enunciación de las normas y explicación la pertinencia de su aplicación al caso concreto. Por lo anterior, desestimó la acción presentada.

909-12-EP/20

0909-12-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que negó la acción de protección iniciada para que se deje sin efecto la resolución de destitución de una jueza por parte del Consejo de la Judicatura Transitorio por error inexcusable, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica en tanto la sentencia 001-10-PJO-CC relativa a la sustanciación de la AP, no era aplicable al caso examinado, como argumentaba la accionante. Explicó que, la destitución de la accionante se configuró en razón de la potestad sancionatoria que los artículos 178 segundo inciso y 181 numeral 3 de la Constitución y la ley le otorga al Consejo de la Judicatura, y no por la atribución que tiene esta Corte Constitucional respecto a la inejecución de sentencias constitucionales que deriven de un caso especial de incumplimiento de sentencias acorde al artículo 436 numeral 9 de la CRE, regulada por la jurisprudencia vinculante cuya aplicación se reclamaba. En consideraciones adicionales, la Corte negó la posibilidad de que se apliquen al caso concreto, con efecto retroactivo, las disposiciones de la sentencia N. 3-19-CN/20. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción.

908-14-EP/20

0908-14-EP La presente sentencia analiza si existe una vulneración al derecho a la motivación en un fallo de acción de protección como consecuencia de una supuesta falta de pronunciamiento respecto de una jurisprudencia invocada por la parte accionante y una declaración de los jueces de que la vía adecuada para resolver la causa es la contencioso administrativa.

905-16-EP/21

0905-16-EP En la EP presentada contra el auto que dispuso el archivo de la investigación previa y declaró a la denuncia como maliciosa y temeraria, emitidos dentro de una indagación previa, la Corte descartó la vulneración de la motivación, al observar que el juzgador enunció las normas en las que se fundó la decisión, citó el contenido de la malicia y temeridad y explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho en el caso en concreto, puesto que expuso los motivos por los cuales a criterio del juez la denuncia cumplía con los componentes de malicia y temeridad. Por tanto, la CCE desestimó la EP planteada contra este auto.

904-12-JP/19

0904-12-JP En una sentencia de revisión, la Corte Constitucional analizó el caso de una mujer embarazada, quien, por no haber recibido atención adecuada y especializada en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al momento de su parto, sufrió vulneraciones en sus derechos constitucionales a una atención prioritaria, a la salud y a la seguridad social, lo cual dejó secuelas físicas y psicológicas. En la sentencia, la Corte desarrolló el concepto de violencia obstétrica y ordenó medidas de reparación integral como el pago de una indemnización fijada en equidad por el daño sufrido, medidas de carácter simbólico y otras para garantizar la no repetición de los hechos.

902-15-EP/21

0902-15-EP En la EP presentada contra el auto que rechazó el recurso de apelación del auto que negó la continuación del juicio laboral por haberes laborales, en virtud de que este último fue archivado, la Corte señaló que no se vulneró la tutela judicial efectiva ni la seguridad jurídica, dado que el accionante sí accedió al sistema de justicia a través de su demanda, misma que de forma voluntaria, decidió desistir; igualmente, tuvo la oportunidad de presentar el recurso de apelación para impugnar la decisión que le negó volver a sustanciar la causa archivada. Además, los jueces demandados actuaron en el ámbito de su competencia y observaron las normas que estimaron aplicables al caso. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

900-11-EP/20

0900-11-EP La Corte Constitucional analizó la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia que negó una demanda de acción de protección. El Organismo señaló que los jueces de segunda instancia fundaron su decisión en normas jurídicas que se encontraban vigentes al momento en que dictó la sentencia impugnada. Asimismo, advirtió que el accionante fue notificado con todas las providencias dictadas durante la tramitación de la apelación y que participó activamente en el proceso, mediante la presentación de sus alegaciones. Por lo expuesto, concluyó que al no existir vulneración de los derechos alegados correspondía negar la acción y declarar que no era procedente el control de méritos pretendido por el accionante.

898-15-EP/21

0898-15-EP En voto de mayoría, la Corte desestimó la acción presentada en contra de una sentencia inhibitoria de casación, al advertir que tal decisión se fundó en la falta de competencia de la Sala de Casación para conocer dicho recurso, debido a que fue planteado dentro de un juicio ejecutivo, respecto del cual la ley no prevé su interposición. La Corte explicó que, si bien en ciertos casos la Corte Constitucional ha considerado que no haber dictado una sentencia sobre el fondo del recurso de casación, pese a haber sido admitido, contraviene el principio de preclusión y por tanto la seguridad jurídica y/o la tutela judicial efectiva, de la línea jurisprudencial constitucional se desprende que el principio de preclusión no es absoluto y que ciertos casos admiten excepciones, principalmente, aquellos en los que no existen los requisitos o presupuestos básicos de presentación o errores manifiestos de las Salas de Admisión, como ha ocurrido en el caso concreto. La jueza Daniela Salazar Marín, en su voto concurrente, consideró que, si bien está de acuerdo en desestimar la acción, al existir precedentes constitucionales respecto de que cuando la Corte Nacional realiza un análisis propio de la fase de admisión en la fase de sustanciación del recurso de casación, vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; la sentencia de mayoría, “de forma explícita y argumentada”, debía señalar las razones por las que se aparta de tal precedente, como dispone el artículo 2 numeral 3 de la LOGJCC.

897-16-EP/21

0897-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de instancia que aceptó la acción y el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación ni a la seguridad jurídica de la CGE, dado que en el auto impugnado existe la enunciación de las causales del art. 3 de la Ley de Casación que han sido alegadas por la entidad recurrente, con una explicación sobre su contenido y alcance y una argumentación sobre las razones por las que el recurso planteado no cumplió sus requisitos. Asimismo, el organismo verificó que tanto en la sentencia, como en el auto impugnados, el Tribunal y el conjuez aplicaron las normas previas, claras y públicas que estimaron pertinentes al caso, sin que se evidencie una inobservancia del ordenamiento jurídico vigente a la época de la sustanciación de la causa contenciosa. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

897-11-JP/20

0897-11-JP En ejercicio de su competencia para expedir jurisprudencia vinculante, la Corte Constitucional, al conocer el caso de un solicitante de asilo, oriundo de la República Federal de Nigeria, se pronunció sobre las garantías mínimas del debido proceso a ser observadas en los procesos de solicitud de asilo y refugio. Analizó la importancia de contar con un traductor calificado en el idioma natal del solicitante y diferenció entre el rol del entrevistador y el intérprete, como una garantía del derecho a la defensa. Desarrolló el derecho al asilo y refugio, y puntualizó que el reconocimiento de la condición de refugiado es declarativa y no constitutiva, por lo que una persona que cumple con los estándares internacionales para ser considerada refugiada merece la protección inmediata del Estado. Analizó el derecho y principio a la no devolución y reconoció que la acción de protección es la vía eficaz ante decisiones que afectan a la condición migratoria. La Corte no pudo reparar de manera directa al solicitante de asilo por carecer de la información migratoria necesaria, por lo que ordenó medidas de no repetición a cargo de las entidades estatales involucradas.

893-16-EP/21

0893-16-EP En la EP presentada contra el auto que rechazó el recurso de hecho e inadmitió el recurso de casación emitido dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte precisó que no se vulneró la motivación del SENAE, en razón de que en el auto impugnado se enunciaron las normas pertinentes en las que se fundó la decisión y se explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Descartó también la vulneración de la tutela judicial efectiva, al verificar que la entidad accionante estuvo en la posibilidad de presentar el recurso de hecho, siendo rechazado por no cumplir con los requisitos previstos en la Ley. Por último, no verificó vulneración del derecho a la seguridad jurídica, pues advirtió que el juzgador analizó los argumentos del recurso de hecho y explicó las razones por las cuales lo rechazó, confirmando que el recurso de casación fue presentado de forma extemporánea. Por lo expuesto, la CCE desestimó la EP.

889-20-JP/21

889-20-JP La Corte, en sentencia de revisión, examinó la problemática de una mujer adulta mayor con discapacidad, cuyo único ingreso era una pensión de montepío, a quien se le interpuso una medida cautelar dentro de un juicio coactivo iniciado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. La afectada presentó una acción de protección que le fue negada, sin analizar la vulneración de derechos alegados, lo cual afectó su derecho a la tutela judicial efectiva. En voto de mayoría, la Corte analizó el alcance del juicio coactivo en relación con los derechos de personas en situación de vulnerabilidad; desarrolló los derechos a la atención prioritaria y especializada, a la pensión de montepío en función de estándares internacionales, a acceder a servicios públicos de calidad, eficientes y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre el contenido y características del cobro de una deuda. Enfatizó que el Estado vulnera la Constitución cuando incumple la prohibición de cesar, embargar o retener prestaciones del seguro social. Entre las medidas de reparación, dispuso que CNT, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, realicen las gestiones necesarias para cumplir con la prohibición constitucional de cesar, embargar o retener prestaciones del seguro social; y que el Consejo de la Judicatura y la Defensoría, difundan esta sentencia entre los funcionarios públicos. El juez Enrique Herrería Bonnet, en su voto concurrente, discrepó con la argumentación de la sentencia de mayoría, relacionada con la presunta vulneración del derecho a acceder a servicios públicos de calidad.

889-13-EP/20

0889-13-EP En el marco de una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia del Tribunal Distrital de la Contencioso Administrativo No. 3 que declaró la responsabilidad del Estado por la demora en la resolución de un juicio colusorio, la Corte Constitucional determinó que los jueces del Tribunal si motivaron el recurso de casación. Sin embargo, de la revisión de la providencia que negó el recurso de hecho, en atención a la potestad de la Corte de declarar de oficio la vulneración de derechos constitucional, el Organismo refirió que al interponerse el recurso de hecho por la no concesión del recurso de casación, aquel debía ser elevado directamente a la (ahora) Corte Nacional de Justicia sin ser calificado, lo que no ocurrió, por tanto, se privó a la accionante arbitrariamente de que el órgano judicial superior examine la concesión del recurso. En virtud de lo expuesto aceptó la acción presentada.

885-14-EP/20

0885-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia que dio por terminado un contrato de arrendamiento, la Corte concluyó que la accionante fue citada en legal y debida forma con el contenido de la demanda pese a su alegación relacionada con una equivocación en su apellido, dicho error no impedía que la accionante comparezca al proceso, conteste la demanda, presente excepciones, ejerza su derecho de contradicción y anuncie las pruebas que considere necesarias. Por consiguiente, no existe vulneración del derecho a la defensa en las garantías de contar con los medios de prueba adecuados para la defensa; ii) ser escuchado en el momento procesal oportuno; y iii) presentar los argumentos necesarios para su defensa, prescrito en el artículo 76 numeral 7 literales b), c) y h) de la Constitución de la República.

882-16-EP/21

0882-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica ni debido proceso del SENAE, dado que el conjuez nacional se refirió únicamente a los requisitos de admisión del recurso establecidos en la entonces Ley de Casación, no a la forma de aplicación de las normas relativas al valor en aduana de las mercancías importadas, a las que se refiere el cargo del accionante. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

88-11-IS/19

0088-11-IS Frente a una demanda catalogada como acción por incumplimiento, la Corte verificó que su argumentación se adecuaba en mayor medida a la acción de incumplimiento, pues pretendía la ejecución de la sentencia constitucional que dispuso al Ministerio de Trabajo la inscripción de la directiva del Comité de Empresa de ECUDOS S.A. En tal virtud, el Pleno estableció que sobre la base de los principios iura novit curia y de formalidad condicionada, tiene la potestad de subsanar el error en que incurrió el accionante. En la decisión del caso, la Corte dispuso al Ministerio registrar de la directiva elegida para el período 2011 a 2013, así como que el ministerio brinde disculpas públicas al Comité de Empresa por el incumplimiento.

878-11-EP/20

0878-11-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la acción de protección, a través de la cual se ordenó a la entidad accionante el reintegro de una servidora y el pago de las remuneraciones que dejó de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro, la Corte determinó que la pretensión de la actora de la acción de protección era la tutela de sus derechos constitucionales más no la determinación de haberes patrimoniales, por lo cual, la vía constitucional era idónea para la protección de sus derechos. Así, la Corte desestimó la acción al considerar que no existió vulneración del derecho al debido proceso de la entidad accionante.

876-14-EP/20

0876-14-EP En la EP presentada contra el auto que ordenó la entrega de dos adolescentes, dentro de un requerimiento por retención indebida a su madre, la Corte consideró que dicho auto no es definitivo en los términos de la sentencia 1502-14-EP/19, dado que no resolvió el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, puesto que la orden de recuperación tenía carácter meramente ejecutivo de lo resuelto en un proceso de conocimiento previo. Además, el hecho de que la resolución impugnada, fuera ulterior a la conclusión del juicio de tenencia, imposibilitó que la misma sea un obstáculo para la continuación del juicio. Tampoco, causó gravamen irreparable, puesto que el interés respecto del accionante de mantener con él a sus hijos, podía canalizarse a través de un nuevo juicio de tenencia. En este punto, el organismo precisó que el análisis respecto del gravamen irreparable se limita a esta causa. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por improcedente.

874-15-EP/21

0874-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación dictada dentro de un proceso penal por insolvencia fraudulenta, la Corte señaló que no se vulneró la motivación ni la seguridad jurídica, dado que la Sala de lo Penal de la CNJ sí enunció las normas previas, claras y públicas en las que fundó la decisión de casar la sentencia y explicó la pertinencia de su aplicación a los hechos del caso, en virtud de la errónea aplicación de normas ordinarias por parte del Tribunal de apelación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

873-14-EP/20

0873-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada en contra del auto de inadmisión del recurso de casación, presentado para impugnar el auto que negó un pedido de revocatoria del auto de embargo, en la fase de ejecución de una sentencia, la Corte Constitucional consideró que esta acción fue planteada contra un auto no definitivo acorde a la sentencia 154-12-EP/19, en virtud de que el proceso culminó con la sentencia quedando esta ejecutoriada, cuando feneció el término para la interposición del recurso de casación. Además, el Organismo puntualizó que el auto impugnado no es definitivo ya que no resuelve sobre el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada ni tampoco impide, tanto la continuación del juicio, como el inicio de uno nuevo ligado a tales pretensiones, ni causa gravamen irreparable. Por lo expuesto, la Corte rechazó la acción presentada por improcedente.

872-16-EP/21

0872-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la AP, a través de la cual se dispuso la baja de una sanción pecuniaria a una servidora del Hospital General de Machala del IESS, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación del referido hospital, dado que los jueces provinciales resolvieron ratificar la decisión de instancia aceptando la AP, porque observaron que la entidad accionante omitió notificar la sanción pecuniaria a la servidora pública, omisión que en atención al art. 66 del ERJAFE impidió que el acto administrativo adquiera validez, trasgrediendo el derecho a la defensa, a la igualdad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

87-16-EP/21

0087-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación y el auto que negó el pedido de revocatoria del auto de inadmisión en fase de ejecución de un juicio verbal sumario, la Corte señaló que en atención a las sentencias 154-12-EP/19 y 1502-14-EP/19, los autos impugnados no son definitivos porque no ponen fin al proceso judicial ni pueden alterar el fondo de la controversia en la fase de ejecución, siendo ambos autos de trámite que permiten continuar con la ejecución de la causa. Tampoco causaron un gravamen irreparable puesto que permiten seguir el proceso de ejecución. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción presentada.

871-14-EP/20

0871-14-EP En la EP presentada contra la sentencia que rechazó los recursos de apelación interpuestos dentro de un proceso contencioso tributario por devolución del IVA, la Corte no observó vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas ni motivación, en este contexto señaló que el organismo se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la correcta aplicación de normas legales, cuando no se demuestra que violaron derechos constitucionales. También mencionó que los jueces de la Corte Nacional, si bien coincidieron con lo resuelto por el Tribunal en primera instancia, dejaron sentadas las razones por las cuales debía aplicarse el artículo 81 del Código Tributario. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

870-14-EP/20

0870-14-EP En la EP presentada contra la decisión de instancia y apelación de la AP, que dispuso reintegrar a un miembro de la fuerza policial, la Corte evidenció que las sentencias impugnadas no se encuentren motivadas, toda vez que en las mismas no se explicó la pertinencia de las normas jurídicas aplicadas a los antecedentes de hecho del caso, específicamente a las excepciones planteadas por la institución ahora accionante. Sin embargo, no encontró trasgresión de la seguridad jurídica ni de la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes, dado que lo alegado por la institución accionante no tenía relación con una acción u omisión de las autoridades judiciales y la equivocación en la fecha de la resolución, no impidió que quede sin efecto la resolución en la que se dio de baja al actor del proceso originario. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

864-16-EP/21

0864-16-EP En la presente sentencia la Corte concluye que el auto de inadmisión dictado por el conjuez de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia no vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación

863-16-EP/21

0863-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación del SENAE, dado que el conjuez sí tomó en cuenta los argumentos del recurrente y aplicó la jurisprudencia y las normas jurídicas que estimó pertinentes, relacionadas a la admisibilidad del recurso de casación y luego del examen de rigor, concluyó que el recurso no cumplió con los requisitos formales previstos en la Ley de Casación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

862-15-EP/21

0862-15-EP En la EP presentada contra las sentencias de instancia y casación emitidas dentro de un juicio ordinario de declaración de unión de hecho, la Corte señaló que no encontró elementos que le permitan concluir que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en las decisiones impugnadas, ya que el accionante compareció al proceso iniciado en su contra y contestó la demanda, pudo presentar los recursos que consideró pertinentes y estos fueron resueltos por los jueces y tribunales competentes, por lo tanto, no se inobservó el elemento de acceso a la justicia; además, se tramitó el proceso y los posteriores recursos con apego a la normativa pertinente. De este modo, la Corte advirtió que el accionante se limitó a evidenciar su desacuerdo con la sentencia de la CNJ y a afirmar que sufrió de supuestos abusos por su condición, lo cual no puede considerarse como un argumento completo para que el organismo pueda entrar a analizar la vulneración de derechos constitucionales en el marco de una EP. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

86-15-EP/20

0086-15-EP En la EP presentada en contra de la sentencia que aceptó el recurso de revisión planteada en el contexto de un proceso penal por el delito de violación, por la cual se declaró la inocencia del procesado y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares en su contra, la Corte, en voto de mayoría, señaló que la decisión impugnada se encontraba debidamente motivada y fundamentada en la normativa pertinente y aplicable al caso, así como en los supuestos fácticos para considerar que no se comprobó la existencia del delito, ante lo cual se verificó que los jueces tutelaron el derecho a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y motivación. El juez Herrería, en voto salvado, consideró que se vulneró la tutela judicial efectiva y en consecuencia que procedía la acción extraordinaria de protección. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

86-11-IS/19

0086-11-IS Ante una acción de incumplimiento planteada para exigir la ejecución de una sentencia de acción de protección que decidió anular una decisión de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Corte señaló que dicha sentencia, al tener por objeto una decisión jurisdiccional, configuró una transgresión a las normas contenidas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. En tal virtud, la Corte consideró que exigir el cumplimiento de una decisión que desnaturalizó a la acción de protección sería fallar en contra de norma expresa, previa, vigente y legítima, lo cual generaría a su vez una vulneración del derecho a la seguridad jurídica de las partes. Ante esta situación, la Corte catalogó a la sentencia presuntamente incumplida como inejecutable, y por lo tanto, imposible de ser cumplida a través de esta garantía.

860-12-EP/19

0860-12-EP En una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia de apelación que negó una acción de protección iniciada para impugnar la disolución de la personería jurídica de una asociación de trabajadores, la Corte Constitucional señaló que la simple enunciación de doctrina o precedentes en la sentencia, que no se relacionan con el caso en concreto, incumple con los parámetros mínimos del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Además, la Corte indicó que existió una motivación incompleta porque el juez de instancia omitió analizar todos los cargos formulados por el accionante en su demanda. Respecto a la supuesta vulneración de la seguridad jurídica en el proceso administrativo, el Organismo determinó que en el caso, no se cumplen los requisitos para realizar un control de méritos.

855-14-EP/20

0855-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra el auto de sobreseimiento definitivo de un proceso y del procesado, la Corte señaló que el cargo sobre las actuaciones del fiscal, no permite la declaración de una vulneración de derechos constitucionales, dado que a través de este tipo de acción no se puede impugnar una actuación de dicha naturaleza. Respecto a la tutela judicial efectiva, el Organismo consideró que en el auto de sobreseimiento definitivo, no se observó limitación alguna para acceder a los órganos jurisdiccionales ni falta de diligencia del juez de garantías penales ni algún indicio de que el referido auto imposibilite la ejecución de una decisión judicial, en consecuencia, no se puede establecer una vulneración a dicho derecho. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

853-15-EP/20

0853-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de segunda instancia en un juicio de reivindicación por ocupación arbitraria de la propiedad respecto de una escuela pública, la Corte no encontró una vulneración a la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes. Contrario a lo sostenido por la entidad pública accionante, los jueces de la Corte Provincial analizaron las repercusiones del fallo del juez de instancia, en razón del cual el Ministerio de Educación debía entregar el inmueble a sus dueños; por lo que, con el fin de evitar que se afecte el derecho a la educación de centenares de niños provenientes de familias con recursos económicos limitados, esta entidad debía reconocer el precio justo del terreno a los propietarios, sin vulnerar esta garantía. Por lo expuesto, la Corte desestimó la acción planteada.

852-16-EP/21

0852-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró la seguridad jurídica, el derecho a la defensa ni la garantía de recurrir el fallo del SRI, dado que el examen de fondo del recurso de casación exige que el casacionista supere previamente la fase de admisión, por ello está en la obligación de cumplir con los requisitos legales de fundamentación al interponer su recurso, ya que estos constituyen requisitos mínimos para que el juzgador o juzgadora analice la pertinencia de las alegaciones y dicte, de ser el caso y una vez superada la fase de admisión, sentencia estimatoria o de rechazo del recurso, circunstancia que no se cumplió por parte del legitimado activo al formular el recurso de casación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

85-15-IN/20

0085-15-IN En la IN presentada contra el Decreto Ejecutivo 1127 publicado en el Registro Oficial 361 el 17 de junio de 2008, relativo a los beneficios de los profesionales de la educación que se acojan a la jubilación, la Corte señaló que partir de la derogación del decreto, éste no tuvo la potencialidad de producir efectos, pues desde el 31 de marzo de 2011 con la entrada en vigencia de la LOEI, los métodos y procedimientos de cálculo de la jubilación de docentes del sector público se regularon por la disposición general novena de la referida Ley. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

85-14-EP/20

0085-14-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que rechazó la AP, a través de la cual se solicitó dejar sin efecto la destitución de un servidor público, la Corte señaló que se violentó la tutela judicial efectiva por el retardo injustificado con el que se dio inicio el proceso luego de la presentación de la demanda. Además, manifestó que no se trasgredió el derecho a la defensa, dado que de la revisión del proceso verificó que el accionante fue escuchado en igualdad de oportunidades y condiciones, tanto en primera como en segunda instancia. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

851-14-EP/20

0851-14-EP Frente a una acción extraordinaria de protección presentada contra el auto que negó el abandono y la revocatoria del recurso de apelación interpuesto dentro de un juicio ejecutivo, la Corte verificó la vulneración de la tutela judicial efectiva, puesto que previo a la declaratoria de abandono, el juicio se encontraba en el estado de dictarse sentencia, ya que no quedaban diligencias pendientes de ser practicadas o impulsadas por los accionantes, toda vez que el recurso debió resolverse en mérito de los autos, de conformidad con el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la falta de impulso del juicio, resultó atribuible a los jueces, dado que ellos incumplieron su obligación de dictar oportunamente la sentencia de segunda instancia. Por lo expuesto, aceptó la acción y dispuso medidas de reparación.

849-16-EP/20

0849-16-EP En la EP presentada contra la sentencia que negó el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación de resolución sancionatoria, la Corte expuso que la sentencia impugnada sí enunció las normas legales en las que se fundó para no casar la sentencia ad-quem y explicó la pertinencia del contenido de estas a los hechos del caso, cumpliendo con los elementos mínimos de la garantía de motivación. Respecto del derecho a la seguridad jurídica, la Corte precisó que, al dictar la sentencia impugnada, se verifica que la Sala casacional empleó las normas claras, previas y públicas que estimó pertinentes al caso concreto. En cuanto a la alegación de una presunta inobservancia del informe que sirvió de sustento para la emisión del acto administrativo sancionador y de una aplicación inadecuada de las normas de valoración de mercancías, explicó que no corresponde a este Organismo analizar si existió o no una debida valoración de pruebas pues ello excede su competencia dentro de una acción extraordinaria de protección. Por tanto, desestimó la acción propuesta.

846-14-EP/20

0846-14-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección en contra del auto de inadmisión de un recurso de casación, la Corte indicó que los conjueces de la Corte Nacional motivaron su decisión a través de un examen que confrontó los argumentos vertidos por los accionantes con los requisitos inherentes a la admisión del recurso de casación. Asimismo, la Corte observó que los conjueces nacionales actuaron en el marco de sus competencias limitando su accionar a la verificación de los requisitos formales para la procedencia del recurso de casación.

845-15-EP/20

0845-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que ratificó la acción de protección y el auto que negó el pedido de aclaración y ampliación, acción a través de la cual se dispuso el reintegro del accionante a las filas policiales, la Corte no observó vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes ni la de ser juzgado por juez competente, dado que los jueces que emitieron las decisiones impugnadas consideraron que la demanda cumplía con los requisitos para tramitar la acción de protección conforme a la LOGJCC, llevando a cabo un proceso que garantizó el cumplimiento de la normativa aplicable. Además, los jueces justificaron su accionar en razón de que el acto declarado violatorio tenía efectos de carácter nacional, y, por ende, era competente cualquier juez constitucional en atención a lo determinado en el artículo 86 de la CRE, pero como los efectos emanados del acto impugnado eran inherentes al señor Reascos, quien tenía su domicilio en el cantón Esmeraldas, no podía discutirse la competencia del juez de ese territorio. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

843-14-EP/20

0843-14-EP La Corte determinó que el auto del Tribunal Penal que negó la solicitud de devolución de los camiones decomisados por la comisión de un delito aduanero por parte de un tercero, pese a no ser una decisión que pone fin al proceso, es objeto de EP y que podría generar un gravamen irreparable, imposible de ser subsanado a través de otro procedimiento. Explicó que, el hecho de que el SENAE se haya adjudicado los camiones, no convirtió al asunto en un conflicto administrativo, como afirmaron los jueces penales para negarse a responder el pedido de devolución de los camiones. La Corte manifestó que la negativa del Tribunal Penal desconoció las normas jurídicas aplicables al caso, lo cual derivó en la vulneración del derecho a la propiedad de los accionantes, cuyos bienes fueron confiscados. Expuso que, dentro de una acción extraordinaria de protección, ordenar el reenvío como medida de reparación en la sentencia adoptada puede resultar ineficaz y perjudicial para el titular del derecho vulnerado, cuando el ámbito decisorio del juez ordinario destinatario del reenvío se reduce sustancialmente hasta el punto de anularse. En esta sentencia, la Corte determinó en su totalidad cuál debía ser el contenido de la decisión futura del juez ordinario, siendo este la devolución de los camiones a sus propietarios.

84-15-IN/20

0084-15-IN Mediante voto de mayoría, la Corte desestimó una acción planteada en contra de los arts. 1, 2 y 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2015- 0047, emitido por el Ministro de Trabajo, que establecen una prohibición a las organizaciones sindicales de imponer a sus miembros multas, sanciones o descuentos no previstos en la Ley. La Corte consideró que las normas impugnadas garantizan la prohibición de descuentos no autorizados por el trabajador o que no estén determinados en la normativa vigente, los cuales tampoco podrían efectuarse a pedido de la organización sindical. De ahí que, el empleador, para proceder al descuento de la remuneración, deberá contar con la voluntad expresa del trabajador y tal disminución deberá estar prevista legalmente. El juez Agustín Grijalva, en su voto concurrente, distinguió entre la libertad de asociación en materia sindical y la libertad de la persona de asociarse que lleva aparejada la prohibición de no obligarla a ello. El juez Ramiro Avila, en su voto salvado, entre otros argumentos, sostuvo que la sentencia de mayoría analizó solamente uno de los principios en conflicto y no tomó en cuenta el contenido de la libertad sindical. La jueza Daniela Salazar, en su voto salvado, destacó que el art. 1 del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0047 debió ser declarado inconstitucional al restringir injustificadamente el derecho a la libertad sindical.

840-13-EP/20

0840-13-EP En la acción extraordinaria de protección presentada, entre otras, contra la sentencia de instancia dictada dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte resolvió que no se vulneró el debido proceso en la garantía de la motivación, dado que la sentencia impugnada enunció las normas jurídicas aplicables a los hechos y explicó la pertinencia de aquellas al caso concreto; además, en la misma constan las razones por las que el Tribunal desechó la demanda de impugnación y declaró la validez y legalidad del acto objetado, ordenando el pago de la deuda contenida en dicho acto. Asimismo, observó que en la decisión se enunciaron las razones por las cuales el Tribunal declaró la improcedencia de la demanda de impugnación, evidenciando una concatenación de ideas que permitieron al recurrente contar con la precisión de los fundamentos por los que no prosperó la demanda. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

839-14-EP/21

0839-14-EP En sentencia de mayoría, la Corte declaró que la sentencia de apelación, proveniente de una acción de acceso a la información pública, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y motivación del SRI, porque el juez no se pronunció sobre la naturaleza de la información solicitada y sin embargo aceptó la demanda, lo cual desnaturalizó la acción. En sentencia de mérito, la Corte analizó la naturaleza de la acción de acceso a la información pública, sus elementos esenciales, presupuestos para su activación, y determinó que esta garantía solo procede respecto de: 1) la información que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado; 2) la información que el Estado produce o que está obligado a producir; 3) la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y, 4) la información que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. En el caso concreto, verificó que la información solicitada era de carácter personal de un tercero, pues se trataba de una declaración de impuesto a la herencia, que involucraba datos que solo correspondían e involucraban al contribuyente del SRI que la presentó, no siendo aquella, objeto de la acción. En vista de que la información habría sido entregada al entonces peticionario, la Corte aceptó la AEP como una forma de reparación. El juez Alí Lozada Prado, en su voto salvado, entre otros argumentos, disintió con la sentencia de mayoría, por considerar que la sentencia impugnada no vulneró los derechos alegados por el SRI. Asimismo, precisó que dentro de una EP el control de mérito es excepcional, por lo que no cabe reexaminar una causa cuando no se cumplen los requisitos para que dicho control proceda.

839-13-EP/19

0839-13-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección, la Corte analizó los derechos al debido proceso y propiedad y estableció que el no considerar al accionante parte procesal no vulneró sus derechos constitucionales, en tanto aquel no justificó ser propietario de alguna parte del inmueble en cuestión al momento de sustanciación del proceso y la emisión de la sentencia impugnada.

838-14-EP/19

0838-14-EP En el marco de una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia que negó un recurso de casación dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte resolvió que no existió vulneración del debido proceso, toda vez que la desestimación del recurso se debió a la inobservancia de los requisitos necesarios para su procedencia, lo que garantizó además, el debido proceso de las partes, evidenciándose que tal decisión se basó en la enunciación de las normas jurídicas pertinentes al caso concreto. Asimismo, el Organismo mencionó que no se violentó la tutela judicial efectiva, ya que aquella no puede entenderse como la aceptación de las pretensiones de las partes procesales, sino como el efectivo acceso a un determinado recurso judicial. Finalmente advirtió que no se encontró transgresión de la seguridad jurídica, puesto que dicha alegación no deviene de una actuación u omisión de los jueces que emitieron la decisión judicial impugnada, sino de los jueces de instancia. Por lo expuesto, negó la acción presentada.

838-12-EP/19

0838-12-EP La Corte estableció que las entidades públicas solo podrán actuar en procesos de acción extraordinaria de protección de manera excepcional, cuando se esgrima una vulneración a los derechos de protección en su dimensión procesal, toda vez que las personas jurídicas públicas no son titulares de derechos constitucionales sustantivos, sino que ejercen ciertas prerrogativas en función de las competencias y obligaciones expresamente determinadas por la CRE y la ley. Adicionalmente, puntualizó que la alegación respecto de vulneraciones al debido proceso en razón de no haber sido juzgado por juez competente requiere que el accionante haya agotado todos los mecanismos procesales contemplados por el marco legal para subsanar dicha vulneración.

837-15-EP/20

0837-15-EP La Corte declaró la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, al evidenciar que la autoridad judicial que conoció y resolvió un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio actuó sin observar la debida diligencia, en razón de no haber citado a uno de los dueños del inmueble en litigio. En función de los fallos de triple reiteración emitidos por la Corte Nacional, dictó una regla jurisprudencial, dentro de la cual dispuso que la autoridad judicial que conozca un juicio de prescripción extraordinaria adquisitivas de dominio deberá verificar (leer en detalle) los certificados de gravámenes, con el fin de identificar a las personas naturales o jurídicas que puedan tener un legítimo interés sobre el bien en litigio, y deban comparecer al proceso como legitimados en la causa. En el caso concreto, dejó sin efecto lo actuado y dispuso que, previo sorteo, se designe un nuevo juez para que conozca, califique la demanda, disponga que se inscriba nuevamente la demanda en el Registro de la Propiedad y resuelva la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio presentada, en observancia a los criterios vertidos en esta sentencia.

836-15-EP/20

0836-15-EP En la EP presentada contra la sentencia que no casó la decisión de segunda instancia dictada dentro de un proceso contencioso tributario por pago indebido, la Corte no observó vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas ni la motivación, dado que el cargo sobre la trasgresión de la primera garantía, no versa sobre violaciones de derechos, y analizarlo implicará arrogarse funciones de la justicia ordinaria y revisar el fondo de la controversia. Además, el organismo evidenció que la decisión impugnada enunció las normas y principios jurídicos en los que se funda y explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del caso. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

836-14-EP/20

0836-14-EP En la EP presentada contra la sentencia que rechazó el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso civil por daños y perjuicios, la Corte no observó vulneración de la garantía a ser juzgado por juez competente y con observancia del trámite propio, dado que la Corte Nacional de Justicia, al atender el recurso de casación de Petroecuador sí analizó la cuestión de la competencia y consideró que era la judicatura adecuada para conocer dicho recurso. Asimismo, el organismo señaló que los jueces están facultados a resolver los casos en su conocimiento según las pruebas y argumentos de las partes, por lo que la variedad de decisiones entre un caso y otro no necesariamente vulnera el derecho a la seguridad jurídica. Basta que exista una diferencia razonable que distinga un caso del otro, para que el resultado sea diverso. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

835-13-EP/19

0835-13-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia que dispuso la privación de la libertad dentro de un proceso contravencional, la Corte Constitucional señaló que en el proceso seguido en contra de la accionante se vulneró la garantía de conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de la detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio y la garantía relativa a la imposibilidad de ser privado de la libertad sin orden de autoridad competente, dado que no fue juzgada dentro de un procedimiento flagrante ni existió orden de privación de libertad en el caso concreto. La Corte, además analizó la competencia de los comisarios en materia de contravenciones, el derecho a la defensa, y la aplicación de las normas previas, claras, y públicas pertinentes.

833-15-EP/20

0833-15-EP En la EP presentada en contra del auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto por la entidad accionante en el marco de un proceso laboral, la Corte señaló que los conjueces de la Sala de lo Laboral de la CNJ actuaron conforme a las facultades que la ley les otorga, al haber circunscrito su análisis a la verificación de los requisitos de admisión del recurso de casación, por lo que la presunta falta de pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones del recurso de casación, en fase de admisión, no vulnera el derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes. Además, la Corte evidenció que los conjueces sustentaron su decisión en virtud de las normas claras, previas y públicas atenientes a la materia, por lo cual no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

83-20-IS/21

83-20-IS La Corte Constitucional analiza la acción de incumplimiento presentada por Peter William Bodniza Velasco respecto de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro de la acción de protección No. 09292-2020-00148, que presentó en contra del Servicio de Rentas Internas ante la reactivación de un procedimiento coactivo tributario seguido en su contra. La Corte resuelve desestimar la acción de incumplimiento en consideración de que la medida de reparación no puede entenderse como suspensión definitiva del procedimiento coactivo.

83-16-IN/21

0083-16-IN La Corte, al analizar la procedencia de varias acciones en contra de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional (PN) declaró la inconstitucionalidad con efectos inmediatos de los artículos relativos al financiamiento de la seguridad social de la fuerza pública y a la equiparación del régimen especial de seguridad social de la fuerza pública al régimen general. También declaró la inconstitucionalidad de los artículos relacionados con la eliminación de servicios sociales de la Ley de Seguridad Social; sin embargo, difirió los efectos de esta declaratoria, hasta que el órgano legislativo, cumpla con la emisión de una normativa que se ajuste a los estándares de esta sentencia. La Corte determinó que la normativa impugnada vulnera el derecho a la seguridad social, al reducir los ingresos de la seguridad social militar y policial, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema, a más de vulnerar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos al eliminar los servicios sociales, modificar las condiciones de ciertas prestaciones, reducir prestaciones y eliminar grupos beneficiarios. Asimismo, descartó que las normas impugnadas vulneren los principios de reserva de ley e igualdad. Entre otros, dispuso que los Consejos Directivos del ISSFA y el ISSPOL contando con el apoyo de una Comisión Especializada del Ministerio de Finanzas y una Comisión Especializada de la Superintendencia de Bancos, en el plazo máximo de 6 meses, preparen un nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social, tanto de las FFAA., como de la PN, con base en informes actuariales y técnicos actualizados y específicos para dichos proyectos de ley. El juez Enrique Herrería Bonnet, en su voto concurrente, enfatizó sobre la naturaleza especial del régimen de seguridad social que rige para las FF. AA., y la PN.

829-16-EP/21

0829-16-EP En la EP presentada contra el auto que aceptó el recurso de hecho e inadmitió el recurso de casación dentro de una acción directa en un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró la seguridad jurídica, pues se observaron todas las normas previas, claras y públicas que las autoridades estimaron pertinentes para el caso. La Corte tampoco encontró una vulneración a la tutela judicial efectiva toda vez que el conjuez nacional sí resolvió sobre los requisitos formales de admisibilidad, sin emitir pronunciamientos fuera de su competencia. Finalmente, la Corte descartó la vulneración a la motivación en tanto que el conjuez enunció la normativa y explicó la pertinencia de su aplicación al caso concreto; para lo cual la Corte añadió que, contrario a las alegaciones del SENAE, tampoco se vulnero la motivación cuando, en la fase de admisibilidad las autoridades judiciales no se pronuncian sobre los errores de derecho, pues ello implicaría emitir criterio sobre el fondo del asunto. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

829-14-EP/20

0829-14-EP En la EP presentada contra la sentencia de instancia que aceptó la demanda del pago de cánones de arrendamiento y el auto que negó el recurso de hecho, la Corte consideró que el juez aplicó las normas previas, claras y vigentes que disponían el pago de la totalidad de lo adeudado para apelar la decisión, lo cual no fue cumplido por el accionante. En tal virtud, entendió que la decisión impugnada no vulneró la tutela judicial efectiva, la garantía del cumplimiento de las normas, ni el derecho a recurrir. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

827-16-EP/21

0827-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del SENAE, dado que dicha entidad accedió a la justicia y tuvo la oportunidad de recurrir la decisión que consideró errada; así como, no se trasgredió el derecho a la defensa, debido a que el accionante sí fue escuchado en todas las etapas del proceso y tuvo la oportunidad de presentar y rebatir las pruebas de la contraparte. Del mismo modo, no se violentó la seguridad jurídica, en virtud de que el conjuez actuó en el ámbito de sus competencias y observó, de acuerdo a su criterio, las normas aplicables al caso, luego de lo cual concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico que estimó pertinente al caso. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

825-16-EP/20

0825-16-EP La Corte desestimó una acción presentada en contra de las decisiones dictadas dentro de un juicio ordinario, en las que las autoridades jurisdiccionales aceptaron la demanda y dispusieron que los demandados paguen al actor el valor constante en las letras de cambio más los intereses legales. La Corte precisó que las alegaciones relativas a actuaciones procesales deben ser invocadas en el momento procesal oportuno. Así, por ejemplo, el incumplimiento de la práctica de pruebas adquiere relevancia constitucional sólo cuando se evidencien graves vulneraciones al debido proceso que hayan sido alegadas en el momento procesal oportuno, caso contrario, los accionantes deben proporcionar una explicación del motivo de su falta de reclamo. En el caso concreto, la Corte encontró que la omisión en oficiar al Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo para obtener la prueba solicitada y ordenada, si bien es imputable al juez de primera instancia, fue aceptada tácitamente por los hoy accionantes al no haber reclamado en el momento procesal oportuno ante la primera y segunda instancia, y de forma debida, en casación. Por tanto, ante la consideración de que existió aceptación tácita por parte de los accionantes, concluyó que no se vulneró la garantía de presentación de pruebas.

823-14-EP/20

0823-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra el auto de adjudicación del bien que garantizaba hipotecariamente una obligación, la Corte señaló que dicho auto no es definitivo en los términos de la sentencia 1534-14-EP/19, dado que al ser dictado en la fase de ejecución de un juicio ejecutivo, no resolvió el fondo de las pretensiones, tampoco impidió la continuación del juicio, pues este ya había concluido con una sentencia que resolvió el fondo del litigio, por lo que no puso fin al proceso ni causó gravamen irreparable, esto último, porque solo la adjudicación de un bien que no pertenezca al deudor podría causar un daño irreparable. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó por improcedente la acción presentada.

823-13-EP/20

0823-13-EP Dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección planteada en contra de un auto que desechó un recurso de hecho, proveniente de un juicio penal por trasporte ilegal de hidrocarburos, la Corte Constitucional expuso que, de la revisión del expediente, identificó que el accionante pudo ejercer su derecho a recurrir, obteniendo como resultado una decisión en la que sus pretensiones fueron escuchadas y atendidas. En consecuencia, desestimó la acción planteada.

8-20-TI/21

8-20-TI La Corte declaró la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en el “Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Ecuador y la República de Chile”, al advertir que las mismas robustecen el ámbito de la inserción estratégica del Ecuador en la economía mundial y el fomento de un nuevo sistema de comercio e inversión entre Estados, y, al hacerlo, otorgan amplias facultades a las autoridades competentes para el diseño, formulación y ejecución de dicha política. Respecto de la zona de libre comercio de bienes y servicios, la Corte examinó los temas relativos a: disposiciones iniciales y disposiciones generales, trato nacional y acceso a los mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, obstáculos técnicos al comercio, y comercio electrónico. En relación con las condiciones para el ejercicio del comercio, analizó las buenas prácticas regulatorias, telecomunicaciones, contratación pública, políticas de competencia, micro, pequeñas y medianas empresas, cadenas regionales y globales de valor, comercio y asuntos laborales, comercio y medio ambiente, comercio y género, cooperación económica y social, transparencia y anticorrupción y excepciones generales. Finalmente, verificó los temas relativos a la administración del acuerdo, solución de controversias, y disposiciones finales.

8-20-TI/20

La Corte, al resolver sobre la necesidad de aprobación legislativa del “Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Ecuador y la República de Chile”, advirtió que se establece una zona de libre comercio entre Chile y Ecuador, lo que implica la eliminación de aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de ambos países, siendo necesaria su aprobación legislativa, según el art. 419, num. 6 de la CRE, porque compromete al país en un acuerdo de comercio.

8-20-IA/20

8-20-IA Mediante voto de mayoría, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de las resoluciones 004-2020 y 005-2020 emitidas por la Corte Nacional, respecto de la suspensión de plazos y términos en los procesos judiciales debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Luego de analizar la naturaleza de la prisión preventiva y los fundamentos para que su caducidad haya sido reconocida como un derecho constitucional, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de las resoluciones impugnadas, a que éstas no sean interpretadas ni aplicadas a efectos de considerar suspendido el plazo para la caducidad de la prisión preventiva o afectar el cómputo del tiempo transcurrido para su cálculo. Enfatizó que la sentencia surte efectos a partir de la emisión de las resoluciones cuestionadas y es de cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades judiciales y administrativas, cuyos actos u omisiones podrán ser sometidos a los mecanismos de control judicial previstos por el ordenamiento jurídico, como el hábeas corpus. Precisó que este pronunciamiento no implica la determinación automática de responsabilidad de los operadores y operadoras de justicia. Las juezas Teresa Nuques, Carmen Corral y el Juez Enrique Herrería emitieron voto salvado. La jueza Nuques sostuvo que era imprescindible analizar el especial contexto de la pandemia y su impacto en la responsabilidad de los operadores judiciales, como un factor eximente o atenuante. El Juez Herrería consideró que las resoluciones impugnadas no eran actos administrativos con efectos generales y, por lo tanto, la Corte no tenía competencia para conocer la acción planteada.

8-19-TI/19

0008-19-TI La Corte Constitucional, en atención al control automático de constitucionalidad declaró que, el instrumento mantiene conformidad con la Constitución de la República, dado que universaliza el uso y respeto del emblema del cristal rojo, para que quienes participan en un conflicto armado puedan reconocer a las personas y bienes protegidos y se abstengan de cualquier acto de hostilidad en su contra.

8-19-RC/19

0008-19-RC La Corte Constitucional determinó que, el “Proyecto de enmiendas constitucionales para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, puede ser tramitado mediante un procedimiento de enmienda, dado que no tiene repercusión alguna en el carácter y los elementos constitutivos del Estado, pues dicho cambio supone el ejercicio de la facultad de designación de autoridades con un nuevo procedimiento y un nuevo organismo responsable, sin que se afecte el carácter democrático del Estado por ese traslado.

8-19-CP/19

0008-19-CP En este contexto, la Corte consideró que, la modificación del texto constitucional solo puede realizarse por medio de los mecanismos regulados en los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución y que la consulta popular ordinaria no es uno de los mecanismos previstos para la reforma constitucional. Además, señaló que, la propuesta de consulta popular y de los mecanismos de reforma constitucional no pueden considerarse equiparables. De hecho, ante un pedido de modificación constitucional, la actuación de la Corte Constitucional se efectúa de manera distinta en tres momentos, en aplicación del precedente establecido en el dictamen 4-18-RC/19. En tal virtud, manifestó que la petición no cumplió con los requisitos formales para realizar un cambio de Constitución.

8-17-CN/19

0008-17-CN En virtud de una consulta de constitucionalidad de la norma que regula la prohibición de los jueces de conocer y resolver causas en las que intervengan como partes procesales, coadyuvantes o abogados, sus amigos íntimos, la Corte Constitucional señaló que, conforme a los antecedentes, la jueza consultante no debía tomar una decisión aplicando la norma en estudio, la que fue utilizada para fundamentar su excusa dentro de un proceso, incidente que fue rechazado por el órgano jurisdiccional competente. En este contexto, la Corte consideró que la consulta planteada no tenía como fin garantizar la constitucionalidad de una norma sino, cuestionar las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales, lo que es incompatible con el control concreto de constitucionalidad. Por tanto, la Corte resolvió abstenerse de responder a la consulta objeto de esta sentencia.

8-15-CN/20

0008-15-CN En la CN respecto de la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional 004-13-SAN-CC y 0005-2008-AA, relativas a la cuantificación de la reparación económica y la constitucionalidad de las resoluciones 879, 880 y 882 emitidas por el Consejo Directivo del IESS respectivamente, la Corte observó una circunstancia excepcional que obligó al organismo a establecer una excepción al principio de preclusión procesal, en el sentido de que ante la ausencia de norma respecto de la cual efectuar el control concreto de constitucionalidad no es posible efectuar un análisis de los méritos o el fondo. Además verificó que, la consulta no buscaba garantizar la constitucionalidad de la aplicación de disposiciones jurídicas dentro de un proceso judicial, sino que el organismo absolviera una duda respecto a la aplicación de dos decisiones jurisdiccionales, lo cual constituye una desnaturalización del procedimiento de la misma. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción por improcedente

814-16-EP/21

0814-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo, la Corte señaló que no se vulneró la tutela judicial efectiva, la motivación ni la seguridad jurídica del MINEDUC, dado que el análisis reseñado en el auto impugnado se refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Casación y está encaminado a verificar la existencia de una fundamentación adecuada que permita resolver el fondo del recurso planteado. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

8-12-JH/20

0008-12-JH En sentencia de revisión, en el marco de una acción de hábeas corpus, la Corte se pronunció sobre cómo debe proceder el juez constitucional ante la ausencia de la persona presuntamente privada de la libertad en la audiencia. La Corte determinó la incompatibilidad del desistimiento tácito con la naturaleza y esencia del hábeas corpus por la configuración de la presunción de ilegitimidad de la detención. Estableció que el juez no podrá declarar el desistimiento tácito, sino que deberá ordenar la liberad y disponer a la autoridad competente las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos a la integridad, libertad y vida que protege esta garantía jurisdiccional. En el caso objeto de análisis, la Corte identificó que se aplicó indebidamente la figura del desistimiento tácito, pese a que la persona habría recuperado su libertad. Dispuso al Consejo de la Judicatura, llame la atención al Segundo Tribunal de Garantías de Pichincha y difunda la sentencia entre los jueces constitucionales.

812-15-EP/21

0812-15-EP En las EP’s presentadas contra la sentencia de apelación que revocó la decisión de instancia y aceptó la AP iniciada por RUSINOV S.A. contra Carlos Ordeñana, quien desempeñaba las funciones de depositario judicial en un juicio entre el SRI y Exportadora Bananera Noboa S.A., la Corte señaló que ante la constatación de una violación de derechos constitucionales, los jueces están obligados a declararla y disponer las medidas de reparación correspondientes. Es así que de la revisión de la sentencia impugnada, el organismo observó que los jueces de la Sala sí centraron su análisis en la violación de derechos y en normas procesales aplicables a los procesos constitucionales que estimaron aplicables al caso, tras lo cual verificaron la existencia de una vulneración de los derechos a desarrollar actividades económicas, a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad y a la seguridad al impedirse con la fuerza pública, la ejecución del contrato de compraventa de madera teca, celebrado entre RUSINOV y la Hacienda Ganadera El Tejano, ya que el señor Ordeñana no era depositario judicial de la Hacienda El Tejano sino de la Hacienda La Clementina (de propiedad de Exportadora Noboa); en consecuencia, el SRI y el señor Carlos Ordeñana no pudieron sustentar el cargo relativo a que la materia del conflicto no trascendía a la esfera constitucional. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

8-11-AN/19

0008-11-AN La Corte Constitucional señaló que, la acción propuesta tiene fundamentos y pretensiones que pueden responder, tanto a una acción por incumplimiento, como a una acción de incumplimiento. En este contexto, pese a que los accionantes confundieron ambas figuras, en busca de precautelar los derechos, la Corte decidió analizar el caso en base a las dos acciones. De este modo refirió que, no hay claridad respecto a la autoridad responsable del incumplimiento ni está especificada la norma cuyo cumplimiento se reclama; así como la obligación clara, expresa y exigible; y, no existe en el proceso prueba del reclamo previo, por tanto, no puede pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas derivadas del alegado incumplimiento. Asimismo determinó que, la sentencia cuyo incumplimiento se demanda fue dejada sin efecto con la emisión de la sentencia No. 141-18-SEP-CC, resultando inoficioso verificar el cumplimiento unas sentencia que dejó de existir

810-15-EP/21

0810-15-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes, la motivación, la seguridad jurídica ni la defensa del SRI, dado que el conjuez al evidenciar que la causal propuesta por el SRI no contaba con fundamentación, inadmitió el recurso de casación, aplicando las normas previas, claras y públicas que estimó pertinentes a la etapa de admisibilidad del recurso, de tal manera otorgó certeza a las partes conforme era su obligación constitucional. Además, el organismo aclaró que la sola inadmisión del referido recurso, mediante un auto fundamentado dentro de un proceso en el que se respetaron los derechos procesales, no comporta una violación al derecho a la defensa. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

809-16-EP/21

0809-16-EP En la EP de la sentencia que casó la decisión de instancia dentro de un juicio contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación de la accionante, dado que la Sala de lo Contencioso Tributario de la CNJ, enunció la respectiva normativa y explicó su pertinencia en base a los hechos y situaciones jurídicas en las cuales se fundó el recurso de casación. De ahí que, realizó un análisis con base a las normas alegadas como erróneamente interpretadas y no aplicadas, ofreciendo las razones que justificaron porqué se habrían configurado los referidos vicios en torno a dicha normativa. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

804-15-EP/20

0804-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la acción de protección, declaró la vulneración del derecho a la educación y dispuso la desocupación de las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Paján, la Corte consideró que no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, ni la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes, ni la motivación en razón de que los jueces provinciales enunciaron los fundamentos jurídicos por los cuales consideraron la vulneración del derecho a la educación, y señaló que tampoco existe una vulneración cuando se concede una acción de protección mediante la cual se impugna un acto administrativo, si en la misma se analizan vulneraciones a derechos constitucionales. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

80-16-IN/21

0080-16-IN La Corte desestima, por falta de argumento constitucional y por tratarse de un asunto de legalidad, la acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ordenanza que norma “la Adscripción del Cuerpo de Bomberos de Riobamba al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba y Establece su Estructura y Funcionamiento”.

80-15-IN/20

0080-15-IN En la IN presentada contra los arts. 1, 2, 3 y 13 de la Ordenanza Municipal que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas dentro del cantón Aguarico por OTECEL S.A., la Corte señaló que al estar la norma derogada y no existir efectos ulteriores inconstitucionales, no era necesario realizar el control abstracto de constitucionalidad. Por lo expuesto, la Corte Constitucional negó la acción presentada.

799-16-EP/21

0799-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas, ser juzgado por juez competente, la motivación, la igualdad formal ni la seguridad jurídica del GAD Municipal de Centinela del Cóndor, dado que son los conjueces nacionales quienes están legalmente facultados para resolver sobre la admisibilidad de un recurso, verificando el estricto cumplimiento de los condicionamientos formales establecidos en la Ley procesal aplicable al caso, así como los requisitos necesarios para fundamentar adecuadamente la causal que se invoque en el recurso; además, el organismo indicó que la decisión a la que arriba cada conjuez respecto a la admisión o inadmisión de un recurso depende exclusivamente de la fundamentación específica de cada uno y no constituye un precedente vinculante para los demás conjueces del mismo nivel. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

798-16-EP/21

0798-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas, ser juzgado por juez competente, la defensa, la motivación, la igualdad formal ni la seguridad jurídica del GAD Municipal de Centinela del Cóndor, dado que el conjuez nacional sí enunció las disposiciones previas, claras y públicas que estimó pertinentes de la Ley de Casación en la calificación del recurso y explicó su utilización en el análisis de admisibilidad, pues analizó y confrontó el recurso interpuesto, sobre la base de las causales invocadas, para determinar que el recurso de casación no se encontraba debidamente fundamentado de acuerdo a la Ley de la materia. Además, el organismo advirtió que es función de los conjueces examinar minuciosamente si el recurso interpuesto contiene los requisitos previstos en la Ley de Casación, entre los cuales se incluye la fundamentación del recurso; por lo que, en el caso de que el mismo no contenga los fundamentos en que se apoyan los recurrentes respecto de las causales alegadas, la autoridad judicial se encuentra facultada para inadmitirlo. Finalmente, indicó que si los conjueces verifican el cumplimiento de los requisitos legales en un caso, no implica que estén atados a tomar las mismas decisiones en otros casos que los accionantes consideren similares, sin necesariamente serlo, ya que el análisis y la motivación corresponden a cada caso en concreto. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

797-16-EP/21

0797-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la motivación del SRI, dado que el conjuez esquematizó su análisis por cada causal invocada en el recurso, revisó los cargos formulados para cada una de estas y expuso las razones jurídicas que le llevaron a inadmitir el recurso de casación interpuesto. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

797-14-EP/20

0797-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación, que aceptó la acción de protección, a través de la cual se dispuso el registro de una compañía de transporte que no había sido atendido oportunamente. La Corte no verificó vulneración de la garantía del cumplimiento de las normas ni de la seguridad jurídica, dado que las disposiciones que el accionante consideró inobservadas por los jueces de instancia no hacían referencia a la acción de protección ni a los derechos alegados en el proceso. Por el contrario, su rango era infra constitucional y tenían relación con la definición del recurso contencioso administrativo y los mecanismos de impugnación de los actos administrativos. En consecuencia, la falta de atención a dichos artículos no podía ser considerada como una transgresión a derechos constitucionales. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

794-15-EP/20

0794-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de segunda instancia que negó la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, la Corte no observó vulneración de la motivación, dado que de la revisión de la decisión impugnada se encontró que la Sala Provincial atendió las alegaciones planteadas, enunció las normas en las que fundó su decisión y explicó su pertinencia frente a los hechos del caso y analizó la argumentación de la sentencia subida en grado, sin que corresponda al organismo pronunciarse sobre la corrección o incorrección de la decisión. Por lo expuesto la Corte constitucional desestimó la acción presentada.

794-14-EP/20

0794-14-EP En la EP presentada contra la sentencia que no casó la decisión de segunda instancia dictadas dentro de un proceso laboral por jubilación patronal, la Corte no observó vulneración de la motivación ni irrespeto de los principios de intangibilidad e indubio pro operario, dado que la decisión impugnada sí enunció las normas y principios jurídicos en que se funda y explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del caso, esto, puesto que al haberse propuesto un juicio en contra de EP PETROECUADOR y no de ASOPREP se configuró la falta de legítimo contradictor, no siendo procedente casar la sentencia de segundo nivel. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

793-13-EP/19

0793-13-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección en el marco de una acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la Corte evidenció que el accionante presentó la demanda sin considerar que la legislación ordinaria contempla la acción de nulidad para el tipo de vulneración alegada, esto es, la falta de citación con la demanda. En este sentido, el Organismo determinó que por la naturaleza extraordinaria de esta garantía, se deben agotar todos los recursos ordinarios, extraordinarios y las acciones autónomas que resulten procedentes para el caso en concreto.

79-16-AN/21

0079-16-AN En la AN del inciso primero del art. 56 de la Primera Reforma y Codificación a la Ordenanza que regula el Sistema de Gestión Vial de la provincia del Azuay, relativa a la presentación del comprobante de pago de la tasa solidaria para la matriculación vehicular, la Corte señaló que pese a que se evidencia la existencia de una obligación en la norma analizada, esta, no es exigible, por cuanto el último inciso del art. 56 de la ordenanza establece que para cumplir con la obligación, el GAD Provincial del Azuay debe disponer de una oficina para el cobro y recaudación de la “Tasa Solidaria”. De tal forma evidenció que la norma se encuentra sujeta a una condición, que no se ha verificado, por lo que la Corte no continuó con el análisis del resto de requisitos establecidos por la Ley y concluyó que no se puede exigir su cumplimiento mediante la presente acción.

79-14-EP/20

0079-14-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de casación dictada dentro de un proceso laboral, la Corte resolvió que no existió vulneración de la seguridad jurídica, dado que los Jueces Nacionales tramitaron el recurso de casación y atendieron el cargo expuesto por el accionante con sujeción a la Ley de Casación, norma que a la época regulaba dicho recurso. Además, resolvieron que se configuró la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, y procedieron a dictar la sentencia de mérito, actuando conforme a sus competencias. Finalmente, señaló que la pretensión del accionante respecto a que este Organismo revise el valor establecido por pensión jubilar, no es materia de la acción extraordinaria de protección, sino de la justicia ordinaria. Por lo expuesto, desestimó la acción presentada.

791-13-EP/19

0791-13-EP En el marco de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de un auto resolutorio emitido dentro de un proceso de desahucio por transferencia de dominio, la Corte Constitucional , la Corte, siguiendo con la excepción a la preclusión dispuesta por la sentencia No. 154-12-EP/19, señaló que, la acción fue planteada contra un auto resolutorio que no es definitivo, en tanto que no contiene un pronunciamiento de fondo, ya que fue dictado en el marco de un expediente que no tiene carácter contencioso, debido a que el desahucio es de jurisdicción voluntaria, al no existir oposición. En consecuencia, no se cumplió el requisito relacionado con el objeto de la acción extraordinaria de protección, por tanto resolvió no pronunciarse sobre los méritos del caso y rechazó la demanda por improcedente.

79-10-IS/19

0079-10-IS Ante la acción de incumplimiento presentada para exigir la ejecución de la sentencia de acción de protección que dispuso el reintegro del accionante a las filas policiales. La Corte Constitucional señaló que, al haberse aceptado la acción de protección y dejado sin efecto la resolución mediante la cual se dio de baja al accionante, quedó insubsistente dicha medida. Sobre la dependencia en la que debía prestar servicio el accionante, indicó que, dicho análisis no corresponde ser efectuado por la Corte, por cuanto ese tipo de decisiones son directrices que obedecen a la política institucional. En consecuencia concluyó que, la decisión demandada está cumplida integralmente.

790-16-EP/21

0790-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que ratificó la negativa de la AP, a través de la cual se solicitó dejar sin efecto la resolución de baja de las filas policiales de un miembro de ellas, la Corte señaló que se vulneró el derecho a la motivación del accionante, dado que los jueces demandados no realizaron análisis alguno respecto a las supuestas vulneraciones de derechos alegadas en la AP; así como no respondieron a ninguno de los argumentos relevantes planteados por el accionante. En consecuencia, la sentencia no mantuvo congruencia argumentativa. Por lo expuesto, la CCE aceptó la acción presentada.

789-16-EP/21

0789-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que revocó la sentencia impugnada y aceptó la AP, disponiendo que los funcionarios del MRL y el Ministerio del Litoral, hagan cumplir los derechos laborales de los accionantes y sus representados, la Corte no evidenció vulneración del derecho a la defensa, dado que la falta de notificación fue subsanada en el caso concreto, con lo cual la accionante no se vio privada de su derecho a la defensa ni a ser escuchada en el momento oportuno en igualdad de condiciones. Asimismo, del expediente de instancia se observó que el Ministerio del Litoral, posteriormente representado a través de SENPLADES, participó y ejerció sus derechos hasta la culminación del proceso con la sentencia. En cuanto a las alegaciones sobre la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, la Corte descartó las mismas, al comprobar que la sentencia impugnada, estaba fundamentada en normas constitucionales y legales que se refieren a la obligación del Estado para garantizar los derechos de los trabajadores y de hacerlos efectivos por intermedio de los diferentes organismos de Estado. En consecuencia, la CCE desestimó la acción planteada.

788-16-EP/20

0788-16-EP La Corte Constitucional declara que la sentencia dictada el 07 de marzo de 2016 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, dentro de la acción de protección No. 19304-2016-00076, vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación por no realizar un análisis sobre la existencia o no de vulneración a los derechos constitucionales.

787-14-EP/20

0787-14-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de casación dictada dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte resolvió que no existió vulneración de la tutela judicial efectiva, dado que la falta de resolución sobre el fondo del recurso de casación, estaba justificada porque no se señaló la causal o causales en las que se apoyaba y como los Jueces Nacionales no tenían atribución para suplir tal requerimiento, se imposibilitó tal resolución. Tampoco observó violación de la seguridad jurídica, toda vez que, se desprende que la Sala de Jueces analizó los argumentos del recurso, los confrontó con los requisitos básicos para pronunciar una sentencia de fondo y finalmente explicó que era imposible determinar la causal por lo que dicho medio impugnatorio debía ser rechazado, en consecuencia, no se menoscabaron la previsibilidad y certidumbre propias de este derecho. Por lo expuesto, desestimó la acción presentada.

785-13-EP/19

0785-13-EP En el marco de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la negativa de apelación de la sentencia que rechazó la acción de protección propuesta por una presunta vulneración a intereses patrimoniales a través de una resolución del Ministerio del Deporte, la Corte Constitucional señaló que, a través de la seguridad jurídica no corresponde analizar si existió o no una debida valoración de pruebas pues aquello excede su competencia y desnaturaliza el carácter excepcional de la acción. Además, puntualizó que, al no haberse demostrado vulneración a derechos constitucionales, la acción de protección solicitada era ajena a la tutela constitucional, en virtud de que está reservada para reestablecer situaciones de rango constitucional y no legal, por lo que no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica.

784-13-EP/20

0784-13-EP La Corte Constitucional examinó la acción extraordinaria de protección presentada en contra del auto de inadmisión, dictado dentro de un juicio de impugnación. Al respecto, el Organismo explicó que, de la revisión del auto objeto de esta garantía jurisdiccional, se observó que la Sala de Conjueces, al pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, analizó y confrontó el recurso presentado por la entidad accionante con los requisitos pertinentes, lo que le permitió concluir que el mismo no cumplía con la fundamentación requerida en la Ley de la materia.

779-16-EP/21

0779-16-EP En la EP presentada contra el auto de declaratoria de abandono emitido dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte señaló que en atención a la sentencia 1944-12-EP/19, el accionante no agotó el recurso extraordinario de casación, que era la vía adecuada y eficaz de acuerdo a la normativa vigente a la época de los hechos. En este sentido, el organismo agregó que ya ha advertido que el auto de abandono, dentro de procesos contencioso administrativos, son autos definitivos que ponen fin al proceso e impiden que este continúe; en consecuencia era susceptible de ser recurrido mediante casación. Asimismo, mencionó que el accionante no explicó las razones para considerar que la casación no constituía un recurso adecuado o eficaz, o para justificar que su falta de interposición no se debió a su negligencia. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción presentada.

778-16-EP/20

0778-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que negó la AP propuesta por el accionante en contra del GADM de Paquisha por el derrocamiento de una cancha deportiva de la comunidad Chinapintza, la Corte desestimó la alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica en cuanto la judicatura en ningún momento privó al accionante del acceso a la justicia, y aplicó los preceptos jurídicos previstos en la CRE para el efecto. En cuanto a la garantía de la motivación, señaló que la judicatura no realizó un análisis sobre la existencia o no de vulneración a derechos constitucionales, y se limitó a negar la AP al considerar que existían otras vías ordinarias adecuadas para la solución del conflicto, vulnerando así la garantía en cuestión; además indicó que el caso no cumplía con los presupuestos para realizar un análisis de mérito.

776-16-EP/21

0776-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo, la Corte señaló que no se vulneró la motivación, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica ni la garantía de cumplimiento de las normas en contra del MIES, dado que el conjuez nacional inadmitió el recurso por considerar que existió insuficiencia en la fundamentación del mismo, de acuerdo a la normativa que estimó pertinente al caso, toda vez que la admisión del recurso de casación está condicionada a los presupuestos establecidos en la Ley y es carga del casacionista cumplir con ellos. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

773-14-EP/20

0773-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la decisión que no casó la sentencia de segunda instancia dentro de un proceso laboral, la Corte no observó vulneración de la motivación ni seguridad jurídica, dado que la Sala Laboral enunció las normas previas, claras, públicas y vigentes para resolver el caso, explicó la pertinencia de su aplicación a los hechos y tramitó el recurso en atención a la Ley de Casación, diferenciando el haber individual de la jubilación del fondo global y precisando que el ex trabajador recibió una compensación económica por los años de servicios en la entidad accionante. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

772-12-EP/20

0772-12-EP Se analiza la acción extraordinaria de protección presentada por Gastón Armando Marín Baquerizo en contra de la sentencia emitida el 25 de enero de 2012 por la Primera Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, la misma que resolvió no casar la decisión de segundo nivel en un proceso laboral. Se resuelve desestimar la acción al no verificarse afectación de derechos.

77-16-AN/21

0077-16-AN En la AN del art. 36 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG, relativo al cómputo del tiempo de servicio para miembros de tropa de la institución, la Corte señaló que la norma no contenía una obligación clara ni expresa de abstenerse o ejecutar una conducta, sino que determina un tiempo de servicio en el grado que deberá ser computado para considerar los ascensos para el personal de tropa. Con respecto al requisito de que la norma sea exigible, tampoco confirma que lo sea, dado que la norma no obliga a la Comisión de Tránsito de Ecuador a ascender a sus miembros únicamente por el simple hecho del paso del tiempo en servicio. Además, el organismo mencionó que la norma demandada se encuentra actualmente derogada. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

77-14-EP/21

0077-14-EP En la EP presentada contra el auto inhibitorio emitido por la Sala de Casación, relativo a la negativa de liquidar pensiones de jubilación patronal por considerar inoficioso el recurso, la Corte señaló que en atención a las sentencias 154-12-EP/19 y 1502-14-EP/19, el auto impugnado no es definitivo, dado que no se pronunció sobre la pretensión de liquidación de las pensiones de jubilación patronal. Además, no impidió la continuación del juicio, porque el mismo concluyó previamente a la interposición de los recursos inoficiosos. Tampoco generó gravamen irreparable, esto, debido a que un recurso inoficioso no debería afectar la situación jurídica de las partes. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción por improcedente.

770-14-EP/20

0770-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación dictada dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte no observó vulneración de la motivación, dado que el auto impugnado expresó razones respecto a cada uno de los asuntos puestos a su consideración para la admisión del recurso, mencionó las normas jurídicas que aplicó y justificó tal aplicación, por lo que no solo se pronunció respecto de los cargos del recurrente sino que además explicó la pertinencia de las disposiciones legales que invocó, razón por la cual se descartó que su motivación haya sido insuficiente. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

770-13-EP/20

0770-13-EP En el conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia proveniente de un recurso de casación, la Corte Constitucional observó en la sentencia impugnada fueron desarrollados cada uno de los artículos invocados en las causales de casación propuestas, en los que se aprecia además que la Sala desarrolló y justificó la pertinencia de la aplicación normativa que estimó conveniente para el caso. Por lo expuesto, la Corte reiteró que no le corresponde pronunciarse respecto a lo correcto o incorrecto de la aplicación del derecho realizado en un caso concreto y peor aún determinar cómo se debe resolver dicho caso, puesto que esta es una labor reservada exclusivamente a los jueces ordinarios. En consecuencia, desestimó la acción planteada.

768-15-EP/20

0768-15-EP La Corte declaró que una sentencia de casación penal, al agravar la condena del procesado, sin que haya mediado impugnación (recurso de la Fiscalía), vulneró la garantía de non reformatio in peius, por lo que la dejó sin efecto y dispuso retrotraer el proceso hasta el momento anterior a su emisión, a fin de que, previo sorteo, otros jueces emitan una nueva decisión. Se apartó del precedente contenido en la sentencia 995-12-EP/20; y, para evitar que la aplicación del artículo 351 del CPP, que faculta a la acusación particular a presentar recurso de casación, resulte en violaciones de la garantía non reformatio in peius, realizó la siguiente interpretación conforme con la Constitución del mencionado artículo en concordancia con el artículo 328 del CPP: “Si la Fiscalía no presenta recurso de casación, al resolver la impugnación de una sanción, los recursos presentados por el procesado o la acusación particular no podrán empeorar la situación de la persona procesada en cuanto a la pena”. La Corte explicó que la sanción penal no está contemplada en la Constitución ni en la Ley como una forma de reparación, por cuanto tiene directa relación con la persona que ha cometido una infracción, mas no con el daño recibido por la víctima. Por ello, advirtió que no podría considerarse que se repara a las víctimas menoscabando las garantías penales de las personas procesadas. Los jueces Hernán Salgado Pesantes, Carmen Corral Ponce, Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez, disintieron con la sentencia de mayoría por considerar que los jueces que emitieron la decisión impugnada se encontraban facultados para modificar la pena privativa de libertad, debido a que tanto la acusación particular como el procesado interpusieron recursos de casación. Por tanto, concluyeron que no existió vulneración del non reformatio in peius.

767-16-EP/21

0767-16-EP En la EP presentada contra la sentencia que aceptó el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, la Corte señaló que no se vulneró la motivación del SRI, dado que los jueces de la CNJ sí enunciaron las normas vigentes al momento de los hechos, relativas a los cargos de libre remoción y a la competencia para resolver el recurso de casación; así como, un análisis de los antecedentes de caso, luego de lo cual resolvieron casar la sentencia recurrida y declararon ilegal el acto de remoción del cargo de un servidor del SRI. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

765-16-EP/21

0765-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo de plena jurisdicción, la Corte señaló que no se vulneró la motivación ni tutela judicial efectiva del GAD Municipal de Tulcán, dado que el auto impugnado sí enunció las normas en las que fundó la decisión y explicó la pertinencia de su aplicación a los hechos del caso, lo que se tradujo en la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de fundamentación; por lo que no se impidió al accionante acceder a la justicia, toda vez que la falta de resolución de fondo fue consecuencia del incumplimiento de requisitos previstos en la Ley. En tal virtud, la CCE desestimó la acción presentada.

76-15-IN/20

0076-15-IN En la IN presentada contra la ordenanza que reglamenta el registro forestal y el cobro de la tasa por corte o tala de bosques en el cantón Eloy Alfaro, la Corte señaló que el GADM al entrar a regular las actividades de tala y movilización de madera, interfirió con las competencias exclusivas del gobierno central. Además, el organismo encontró que la ordenanza, regló de manera deficiente la referida tasa, vulnerando la seguridad jurídica. Por lo expuesto, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad con efectos generales y hacia el futuro de las normas vigentes en la ordenanza demandada

761-16-EP/20

0761-16-EP En la EP presentada contra la sentencia que negó el recurso de casación, interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación de resolución sancionatoria, la Corte advirtió que la Sala explicó la pertinencia de las normas utilizadas con relación a las causales de casación alegadas, enlazando aquello a los antecedentes de hecho del caso concreto, con lo cual cumplió con los elementos mínimos de la motivación. En relación con el derecho a la seguridad jurídica, la Corte observó que la Sala accionada se centró en las causales alegadas por el casacionista conforme el auto de admisión de los conjueces que admitieron a trámite el recurso; en tal sentido, descartó una vulneración a este derecho. Finalmente, respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, la Corte verificó que el accionante tuvo la oportunidad de acceder y activar el sistema de justicia; tampoco advirtió que se haya inobservado la debida diligencia por parte de la Sala accionada, ni encontró argumentos o elementos que permitan cuestionar la ejecución de la decisión. Por consiguiente, desestimó la acción planteada.

761-12-EP/19

0761-12-EP La Corte Constitucional desestimó la acción extraordinaria de protección al encontrar que los jueces provinciales, al momento de explicar el alcance de la acción de protección, puesta en su conocimiento, justificaron que la misma no procede cuando se busca la tutela de un privilegio adquirido para actuar como delegatario del Estado.

759-16-EP/21

0759-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso por cobro de letra de cambio, la Corte señaló que en atención a la sentencia 154-12-EP/19, el auto impugnado no podía ser considerado como definitivo, porque a través del mismo, el conjuez nacional no se pronunció de manera definitiva sobre la materialidad de las pretensiones en el juicio de origen. Asimismo, el organismo mencionó que el mismo tampoco podría causar cosa juzgada material, toda vez que la sentencia de segunda instancia dejó a salvo el derecho de los accionantes para que puedan accionar conforme a la Ley. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción por improcedente.

759-14-EP/20

0759-14-EP En la EP presentada contra el auto que declaró el abandono de un proceso ejecutivo, bajo las normas del Código de Procedimiento Civil y el auto que rechazó el recurso de apelación de la negativa de nulidad del proceso, la Corte señaló que, en el primer caso, el accionante no agotó el recurso vertical de apelación, remedio procesal que procedía en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto jurisdiccional impugnado, adecuándose a los presupuestos de la sentencia 1944-12-EP/19. Respecto al segundo caso, el organismo puntualizó que dicho auto no es definitivo en los términos de la sentencia 154-12-EP/20, dado que no resolvió sobre el fondo de las pretensiones, en la medida en que no abordó ninguno de los alegatos sustanciales, tampoco puso fin al proceso, toda vez que el proceso ya se encontraba archivado cuando se propuso dicha petición de nulidad y posterior recurso de apelación; y, finalmente, no se configuró gravamen irreparable. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó por improcedente la acción presentada.

758-15-EP/20

0758-15-EP La Corte resolvió que la sentencia de apelación, proveniente de una acción de protección planteada en contra de la anulación del proceso de elección del Consejo Estudiantil de una institución educativa, vulneró el debido proceso en la garantía de motivación, al revocar la sentencia de primera instancia con el argumento de que la vulneración fue solventada en la vía administrativa. Hizo hincapié en las diferencias ente el trámite administrativo y la acción de protección, al afirmar que el primero implica la revisión del cumplimiento de normativa legal y reglamentaria que regula competencias, procedimientos y sanciones en el ámbito administrativo, mientras que el segundo busca subsanar vulneraciones de derechos reconocidos en la Constitución. Puntualizó que, el hecho de que un procedimiento administrativo tenga la potencialidad de solventar una controversia que genere vulneración de derechos no impide que se pueda activar la vía constitucional y, menos aún, que el juez que conoce una acción de protección analice si existe vulneración de derechos constitucionales. Concluyó que, al haber sido la accionante posesionada en su cargo, no correspondía retrotraer el proceso. Por tanto, dispuso como medidas de satisfacción y no repetición, la difusión de esta sentencia.

756-15-EP/20

0756-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la acción de protección, a través de la cual se dejó sin efecto el acuerdo emitido por la Junta de Prestaciones del ISSFA, relativo a la cancelación de la pensión de montepío; así como, el procedimiento coactivo seguido en contra del accionante, la Corte señaló que en el presente caso, no cabía que los juzgadores rechacen la acción de protección debido a la existencia de otra vía en justicia ordinaria para reclamar el derecho, puesto que una vez que realizaron un análisis pormenorizado de los hechos, concluyeron que la entidad accionante vulneró derechos constitucionales de la accionante del procedimiento originario. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

756-13-EP/20

0756-13-EP En el conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra del auto de inadmisión de un recurso de casación, la Corte no advirtió vulneración de la motivación, toda vez que en la decisión impugnada se hizo referencia a los artículos de la Ley de Casación aplicables a la calificación del recurso, se explicó la pertinencia de estos en el análisis de admisibilidad, se analizó el escrito del recurso y se revisaron cada una de las causales alegadas por el recurrente, para luego de un análisis técnico concluir que no concurrieron los requisitos formales para su admisión. Sobre la tutela judicial efectiva, refirió que la entidad accionante interpuso recurso de casación, mismo que fue concedido y posteriormente inadmitido de manera motivada, por lo que no observó la vulneración alegada, dado que la inadmisión de un recurso, no comporta por sí una violación de derechos constitucionales.

755-13-EP/20

0755-13-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de casación dictada dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte, en cuanto a la garantía de motivación, mencionó que los jueces nacionales se pronunciaron exclusivamente respecto a las causales de procedencia del recurso de casación contenidas en la Ley de la materia, en virtud de lo cual, decidieron aceptar el recurso interpuesto, por lo que la Corte Constitucional no evidenció incoherencia en la decisión. De la misma manera, no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica por cuanto la decisión se refirió a las causales invocadas por el accionante, sin que se identifique una nueva valoración probatoria dentro del recurso de casación. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

755-12-EP/20

0755-12-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra el auto de archivo de un juicio de excepciones a la coactiva, la Corte observó que la aplicación de la Disposición Transitoria Décima para el cobro de acreencias al Estado contenidas en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Recursos del Estado, por parte de la Sala Provincial, pese a haber sido declarada inconstitucional mediante sentencia 60-11-CN/20, vulneró la seguridad jurídica, dado que se impusieron exigencias procesales establecidas con posterioridad al inicio de la causa, lo cual incidió negativamente en la certeza que debe tener la justiciable sobre las reglas que rigen la contienda judicial en la que se encontraba inmersa, lo que también generó la violación de la tutela judicial efectiva. Además, el organismo encontró que se vulneró la motivación, en el auto que revocó la petición de consulta sobre la aplicación de la referida disposición transitoria, dado que no enunció las normas en las que fundó tal decisión. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

753-15-EP/20

0753-15-EP En la EP presentada contra las decisiones emitidas dentro del proceso contencioso tributario de impugnación por reintegro de IVA, presentada por EPMAPS, la Corte señaló que no se vulneró la motivación en las dos sentencias emitidas, dado que ambas enunciaron las normas, explicaron la pertinencia de su aplicación a los hechos de caso y justificaron por qué a la EPMAPS no tenía derecho para solicitar la devolución del IVA generado cuando era EMAAP-Q. Además, el organismo mencionó que la acción presentada y el posterior recurso de casación fueron sustanciados conforme las normas previas, claras y públicas establecidas para el efecto. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

753-11-EP/19

0753-11-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada en contra de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro de una acción de protección con medidas cautelares iniciada para impugnar la resolución de expropiación de un bien, la Corte Constitucional señaló que, las sentencias objeto de esta acción se fundamentaron en las normas aplicables al caso y establecieron la pertinencia de su aplicación a los hechos probados, por tanto, no existió vulneración del derecho a la motivación. Además, sobre la alegación de ilegalidad e inconstitucionalidad del acta de expropiación refirió que dicha fundamentación debía conocerse en otra vía judicial; y, respecto al auto de calificación de la demanda de acción de protección y medidas cautelares, indicó que, el mismo no fue impugnado y tampoco incidió en las decisiones de instancia, por lo que no resultaba procedente que el Organismo analice tal argumentación.

752-14-EP/20

0752-14-EP En la EP presentada contra la sentencia que aceptó parcialmente el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso laboral por pago de bonificación complementaria, la Corte no observó vulneración de la motivación, dado que la sentencia impugnada sí enunció las normas en las que fundó la decisión y explicó la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos del caso, al señalar que el contrato colectivo estipula la extensión de la bonificación complementaria a los jubilados como un derecho adquirido laboral, irrenunciable e intangible y puesto que el actor del proceso de origen era jubilado, concluyó que el mismo era acreedor de la referida bonificación. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

75-15-IN/21

0075-15-IN La Corte Constitucional analiza las demandas de inconstitucionalidad planteadas por la forma y por el fondo, en contra de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos y la Disposición Reformatoria Segunda que sustituye la disposición General Novena de la Ley Orgánica del Servicio Público y resuelve desestimar las acciones de inconstitucionalidad planteadas.

751-15-EP/21

0751-15-EP En sentencia de mayoría, la Corte declaró que la sentencia de apelación, proveniente de una AP vulneró los derechos al debido proceso en la garantía de motivación y a la tutela judicial efectiva porque las autoridades jurisdiccionales omitieron analizar las alegaciones principales planteadas en dicha acción respecto de las vulneraciones de derechos. En sentencia de mérito, la Corte declaró la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por considerar que el haber impedido el ingreso de la accionante al Centro de Rehabilitación Social Turi, CRS, debido a su forma de vestir, constituyó una medida discriminatoria que no cuenta con una justificación objetiva, no evidencia una relación razonable de proporcionalidad entre la medida aplicada y el fin perseguido, y se basa en patrones estereotipados de comportamiento que promueven un trato desigual hacia las mujeres. Asimismo, declaró la vulneración de los derechos de la accionante al libre desarrollo de la personalidad, a acceder a servicios públicos de calidad y a presentar quejas y recibir respuestas motivadas, dado que el acto contra su decisión de portar un vestido que las autoridades del centro consideraron “corto” se tradujo en impedir el acceso de la accionante al CRS para ejercer su profesión de abogada. Para la Corte, ello evidencia cómo este tipo de prejuicios han llegado incluso a generar que se responsabilice a las mujeres por las violaciones a sus propios derechos. Entre las medidas de reparación, ordenó un pedido de disculpas públicas a la accionante; la adecuación de la normativa que rige el ingreso de las personas a los CRS; y la capacitación a los funcionarios y a las funcionarias encargadas del ingreso a los CRS, con un enfoque de género y con perspectiva de derechos humanos.

751-14-EP/20

0751-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de mayoría que no casó la decisión de segunda instancia dictada dentro de un proceso laboral, la Corte determinó que no se vulneró la motivación, dado que los jueces sí enunciaron y explicaron los fundamentos jurídicos y fácticos a través de los cuales concluyeron que el pago de la bonificación complementaria a la jubilación es una compensación salarial imprescriptible, al ser accesoria a la jubilación patronal. Asimismo, señaló que no se violentó la seguridad jurídica, puesto que la entidad accionante no esgrimió argumentos autónomos sobre dicha vulneración, ya que indicó que ella se produjo como consecuencia de la falta de motivación de la decisión impugnada, cuestión que fue descartada. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción.

750-15-EP/20

0750-15-EP En la EP presentada en contra de la sentencia que dispuso que los demandados paguen lo debido en un juicio ejecutivo seguido por el Banco del Pichincha en contra de dos personas, la Corte indicó que en los juicios ejecutivos no cabe la acción de nulidad del fallo y que ante este impedimento, lo que corresponde es la impugnación de la decisión en juicio ordinario y por cuerda separada de acuerdo a lo prescrito en el art. 448 CPC; en consecuencia, la decisión impugnada tenía una vía ordinaria prevista en las normas aplicables al caso. En este sentido, el organismo mencionó que en el caso el accionante compareció al proceso, señaló que el lugar donde le citaron no correspondía a su domicilio, pero no argumentó que el juicio ordinario previsto en el art. 488 del CPC era ineficaz, inapropiado o que su falta de interposición no fuera producto de su negligencia. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada.

749-16-EP/20

0749-16-EP En la EP presentada en contra de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un proceso iniciado con un recurso subjetivo, la Corte señaló que no existió una inobservancia del ordenamiento jurídico que haya conducido a una afectación de preceptos constitucionales, dado que el Tribunal sí se refirió razonadamente a la aplicación del art. 12 de la resolución CD 100, que determinaba que para acceder a la jubilación el asegurado debía estar cesante, esto, cuando analizó la situación del actor del proceso de origen. Por lo anterior, desestimó la acción presentada.

748-16-EP/21

0748-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró la motivación puesto que el conjuez nacional expuso las normas y explicó la pertinencia de su aplicación en el caso concreto. También aclaró que a la Corte no le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, como lo pretendía el SENAE. Finalmente, la Corte verificó que el conjuez limitó su actuación a la verificación de los requisitos de forma, sin realizar un examen de fondo, por lo que se descartó la alegada vulneración de la garantía de cumplimiento de normas, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

747-16-EP/21

0747-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la motivación ni la seguridad jurídica del SENAE, dado que la conjueza nacional enunció las normas, expuso los hechos del caso y explicó la pertinencia de dichas normas para inadmitir el recurso de casación con sujeción a las normas que, a la época, regulaban este recurso, sin extralimitar sus competencias. Además, el organismo mencionó que la inadmisión de un recurso de casación, por cuestiones relativas a la inobservancia o inadecuada observancia de los requisitos que la ley exige para su admisión, no acarrea per se la afectación de ningún derecho constitucional. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

747-15-EP/20

0747-15-EP En la EP presentada contra el auto que negó el recurso de hecho dentro de un proceso ejecutivo por cobro de pagarés a la orden, la Corte consideró que dicho auto no es definitivo en los términos de la sentencia 154-12-EP/19, dado que al no existir ningún recurso vertical contra la decisión de apelación del juicio, el auto impugnado no resolvió el fondo del asunto ni puso fin al proceso, puesto que el mismo ya había concluido con el auto de 31 de mayo de 2013. Asimismo, no generó un gravamen irreparable de tal manera que pueda calificar como objeto de una acción extraordinaria de protección, puesto que el proceso ejecutivo había concluido previamente. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción por improcedente.

746-15-EP/20

0746-15-EP En la EP presentada contra el auto que negó el recurso de apelación interpuesto y desechó la demanda de privación de patria potestad de un niño, la Corte señaló que el auto impugnado no es definitivo en los términos previstos en la sentencia 1502-14-EP/19, dado que no resuelve el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, ya que de conformidad con el artículo 117 del Código de la Niñez y Adolescencia, se puede restituir la patria potestad en favor de uno o ambos progenitores si es que las circunstancias que motivaron tal privación han variado sustancialmente. Además, si bien la providencia impugnada puso fin al proceso de privación de patria potestad, la situación jurídica puede ser modificada en otro proceso, por lo que tampoco provoca daño irreparable a los derechos constitucionales de la accionante. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó por improcedente la acción presentada.

745-13-EP/19

0745-13-EP Frente a una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia inferior emitida dentro de un juicio ordinario por prescripción adquisitiva de dominio, la Corte consideró que no se vulneró el derecho a la defensa pese a la presunta falta de citación alegada por la accionante. La Corte señaló que son dos los requisitos fundamentales para que la citación judicial sea realizada conforme a la ley. En primer lugar, la parte actora debe realizar una declaración bajo juramento acerca de la imposibilidad de determinar la residencia de quien deba ser citado. En segundo lugar, deberán realizarse tres publicaciones de un extracto de la demanda o solicitud pertinente, y de la providencia respectiva, en un diario de amplia circulación, en fechas distintas. En el presente caso, la Corte observó que se cumplió con estos dos requisitos.

744-15-EP/21

0744-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de mérito dictada dentro de un proceso contencioso tributario iniciado para impugnar una resolución emitida por el SRI, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes ni la motivación de REYBANPAC C.A., dado que no existe una regla de trámite que prohíba la valoración de la prueba en una sentencia de mérito una vez que se casó un fallo por su insuficiente motivación, por el contrario, el concepto de sentencia de mérito presupone la necesidad de que el Tribunal de Casación valore todo el acervo probatorio, previo a pronunciarse sobre el fondo de la controversia judicial. Asimismo, el organismo mencionó la práctica del peritaje fue ordenada de oficio por el Tribunal Distrital, en consecuencia, no existió incoherencia entre la decisión y la sentencia impugnada. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada. En el voto salvado, el juez Herrería y la jueza Nuques indicaron que si los jueces casacionales advirtieron un yerro en la sentencia de instancia al analizar los informes periciales en la fase inicial de casación, tenían que dictar una sentencia enmendando el error con base en la prueba constante en el expediente. En tal razón, resolvieron aceptar la EP y declarar la vulneración de la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes.

742-13-EP/19

0742-13-EP Frente a una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia dictada en un proceso de inquilinato, la Corte Constitucional sobre el derecho a la defensa señaló que, de la revisión del expediente observó que las partes fueron escuchadas en el momento procesal oportuno y la excepción de litis pendentia fue tomada en cuenta y analizada. Respecto a la tutela judicial efectiva, la Corte verificó que se garantizó el acceso a la justicia, la debida diligencia en el proceso y se dictó una sentencia motivada, que al tiempo se encuentra ejecutoriada. Por lo expuesto, la Corte resolvió que la sentencia impugnada no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

74-15-IN/20

0074-15-IN En la IN presentada en contra el inciso primero del artículo 202 del COIP respecto al delito de receptación, la Corte evidenció que con anterioridad mediante la sentencia 14-15-CN/19, ya analizó la relación entre el principio de presunción de inocencia y la norma impugnada, declarando la inconstitucionalidad de la misma y del inciso segundo el mismo artículo; ante lo cual opera el efecto de cosa juzgada por lo que no existe materia sobre la cual este organismo pueda pronunciarse. Por lo expuesto, la Corte Constitucional negó la acción presentada.

74-09-AN/20

0074-09-AN En las AN de los artículos 444, 445 y 453 del Código de Trabajo, relativos al registro de asociaciones profesionales o sindicatos, presentadas contra la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Litoral y Galápagos, la Corte señaló que la contabilización de los días que tenía el Ministerio de Trabajo en dicha época para realizar el registro era de los hábiles, excluyéndose los días sábados, domingos y declarados festivos. En tal sentido, las resoluciones de 15 de junio de 2009, en las que se decidió que no procede el registro del Sindicato de Trabajadores como el Comité de Empresa de Trabajadores de Restaurante Cantonés Internacional S.A., fueron emitidas dentro del tiempo establecido en la ley. Además, de la revisión del expediente, se desprende que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Litoral y Galápagos no registró al sindicato porque no se constituyó con treinta trabajadores de conformidad con el artículo 443 del Código de Trabajo; y, tampoco registró al comité de empresa debido a que no se constituyó con más del 50% de los trabajadores según el artículo 452 del del Código referido. Por lo expuesto, la Corte Constitucional negó las acciones presentadas.

740-12-EP/20

0740-12-EP La Corte declaró la vulneración del derecho al debido proceso en sus garantías de cumplimiento de normas y derechos de las partes, y de ser juzgado con observancia de cada procedimiento, al evidenciar que el mismo tribunal que dictó una sentencia de apelación, declaró la nulidad procesal desde la calificación de la demanda, sin que haya mediado una solicitud o motivo ulterior que la justifique, mientras se encontraba pendiente la resolución del recurso de aclaración y ampliación. Consideró que los accionantes no contaban con un medio procesal idóneo para dejar sin efecto el auto de nulidad impugnado, pues la solicitud de revocatoria del auto fue negada; por lo que, al existir una real probabilidad de que el mismo les genere un gravamen irreparable, estableció como única vía de reparación, en el caso concreto, a la acción extraordinaria de protección. La Corte profundizó en la conceptualización de las garantías propias e impropias del debido proceso, e identificó que en el caso se habría vulnerado una garantía impropia, que reviste de relevancia constitucional, pues el haber inobservado la prohibición que tienen los jueces de revocar o alterar el sentido de sus sentencias, negó a los accionantes la posibilidad de ser sometidos a un juicio justo. Explicó que los accionantes fueron privados de una sentencia favorable por medios ilegítimos, cuyo efecto implica someterlos a un nuevo juzgamiento en su contra; por lo que argumentó que uno de los elementos básicos que el debido proceso consiste en asegurar a las partes es la estabilidad respecto de las decisiones judiciales adoptadas y la regularidad de las formas de su revisión; pues, de no ser así, si los jueces estuvieran facultados a retractarse en sus decisiones más cruciales, ellas no ofrecerían la certeza que la sociedad exige del sistema judicial.

739-13-EP/19

0739-13-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la negativa de apelación de la acción de protección que dejó sin efecto una resolución emitida por el Ministerio de Defensa, relativa a la situación de disponibilidad de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional señaló que, no existió vulneración al derecho a la seguridad jurídica toda vez que la sentencia impugnada tomó en cuenta la normativa especializada en materia militar y policial, utilizó la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional aplicadas al caso concreto y, realizó un análisis constitucional en el que aplicó la ponderación. Respecto a la falta de competencia alegada, consideró que la naturaleza jurídica del acto no determina la competencia de los jueces al momento de conocer una acción de protección.

738-14-EP/20

0738-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia que rechazó la casación interpuesta dentro de un proceso laboral, la Corte no observó vulneración de la motivación, dado que en la sentencia impugnada sí se exponen las normas aplicables y se explica la pertinencia de dicha aplicación al caso concreto, al afirmar que la bonificación complementaria constituye un beneficio imprescriptible en cuanto tiene el carácter de obligación accesoria a la obligación principal de pagar la jubilación patronal. Tampoco verificó trasgresión de la seguridad jurídica, puesto que la supuesta falta de motivación de una sentencia no implica que se vulnere automáticamente tal derecho, ya que se trata de derechos que, si bien están íntimamente vinculados, son autónomos. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción.

737-14-EP/20

0737-14-EP En la EP presentada contra la sentencia que negó el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso laboral, la Corte no observó vulneración de la motivación, dado que la CNJ realizó razonamientos interpretativos que explicaron la pertinencia de la aplicación, en este caso, de las disposiciones relativas a la bonificación complementaria, incluidas en el Código de Trabajo y del Código Civil; asimismo, explicó el carácter accesorio de la bonificación complementaria mediante una cita del contrato colectivo que establecía dicha bonificación para los trabajadores y jubilados. Finalmente puntualizó que, la entidad accionante aludió a decisiones judiciales adoptadas por la Corte Suprema de Justicia que no tenían un carácter hetero-vinculante, por lo que los juzgadores demandados no estaban obligados por el ordenamiento jurídico a obedecer dichas decisiones. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

734-14-EP/20

0734-14-EP La Corte resolvió que la sentencia de apelación, proveniente de una acción de hábeas data, vulneró el debido proceso en la garantía de motivación, y la seguridad jurídica, al rechazar el recurso interpuesto y desestimar la acción, bajo el argumento que el accionante no demandó al legítimo contradictor. Resaltó que, en observancia del principio de saneamiento y formalidad condicionada, le corresponde al juez de garantías jurisdiccionales verificar que comparezca el representante legal de la entidad demandada a fin de garantizarle su derecho a la defensa, siendo posible sanear las omisiones del demandante en la fijación del legítimo contradictor, y contar así, con el funcionario correcto que garantice los derechos del demandado. En el caso concreto, determinó que la Sala Provincial, al exigir un requisito inexistente en el ordenamiento jurídico vigente, desconoció las normas previstas en la Constitución, la LOGJCC y la jurisprudencia constitucional referentes a los requisitos aplicables para la tramitación de las garantías jurisdiccionales, y en particular para proponer un hábeas data. Como medida de reparación dispuso dejar sin efecto la sentencia impugnada y remitir el expediente a la Corte Provincial de Guayas, para que otros jueces conozcan y resuelvan el recurso de apelación interpuesto.

733-15-EP/20

0733-15-EP En la EP presentada contra el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado desde la instrucción fiscal y canceló las medidas cautelares dictadas en contra de los procesados, dictado dentro de un proceso seguido por peculado, la Corte consideró que dicho auto no es definitivo en los términos de la sentencia 1502-14-EP/19, dado que lejos de pronunciarse sobre la materialidad de las pretensiones, declaró nulo todo lo actuado y retrotrajo el proceso penal; además, no resolvió sobre el fondo de las pretensiones ni impidió la continuación del juicio o el inicio de uno nuevo, ya que dispuso que el proceso penal continúe desde el inicio de la instrucción fiscal, evidenciándose que la investigación penal continuaba después del auto de nulidad. Tampoco, causó gravamen irreparable, en virtud de que el proceso continúa hasta determinar si existió o no el cometimiento de un delito que es imprescriptible. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por improcedente.

732-18-JP/20

0732-18-JP En sentencia de revisión, la Corte analizó el derecho a la identidad, en relación con la declaratoria de caducidad de la cédula de ciudadanía por parte del Registro Civil, en el caso de una adulta mayor en situación de múltiple vulnerabilidad, así como la tutela de este derecho por parte de las autoridades jurisdiccionales que conocen una AP. La Corte analizó el caso a la luz del derecho a la identidad y advirtió que la vulneración a este derecho se dio en dos momentos: 1) debido a la existencia de dos personas distintas con información idéntica en su cédula de ciudadanía; y, 2) cuando, ante tal duplicidad de información, el Registro Civil optó por la declaratoria automática e inmediata de caducidad de la cédula de la accionante, con lo cual permaneció dos años sin este documento. La Corte concluyó que, la anulación de la cédula de la accionante puso en riesgo sus derechos de libertad y de participación y vulneró sus derechos del buen vivir, como el de acceder a los sistemas de salud pública y a otros beneficios sociales. También especificó que la AP es la vía adecuada y eficaz para corregir tal vulneración del derecho. Entre otras medidas, ordenó al Registro Civil que pague una reparación económica por concepto de daño inmaterial, y que elabore protocolos y políticas internas de actuación en casos similares, considerando la prohibición de dejar a una persona sin acceder al documento de identidad.

73-19-IS/21

0073-19-IS En este fallo la Corte Constitucional resuelve desestimar la acción de incumplimiento propuesta por Johnny Eduardo Pérez Zamora, al observar que en la fase de cumplimiento de la sentencia No. 228-16-SEP-CC, dictada dentro de la causa No. 1460-15-EP, ya se había verificado el cumplimiento integral de la sentencia.

73-16-EP/21

0073-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la motivación, la garantía de cumplimiento de las normas, el derecho a recurrir ni la defensa, dado que el auto impugnado sí enunció las normas en que fundamentó la inadmisibilidad del recuso y expuso la pertinencia de las mismas con los cargos alegados por las partes; además, el organismo advirtió que no existió un examen de fondo del recurso, toda vez que el conjuez se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión previstos en la Ley por parte del SENAE, luego de lo cual concluyó que el recurso omitió los requisitos para su admisibilidad. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

73-15-EP/20

0073-15-EP En la EP presentada contra el auto que inadmitió el recurso de apelación interpuesto dentro de un proceso de familia por retención indebida de un adolescente, la Corte señaló que el auto impugnado no es definitivo en los términos de la sentencia 154-12-EP/19, dado que la tenencia de un niño, niña o adolescente puede ser modificada si cambian las circunstancias que fueron consideradas en una decisión judicial, por lo que tampoco produce efectos de cosa juzgada. Además, el auto no impide el inicio o continuación de un proceso de conocimiento, en consecuencia, no tuvo un efecto concreto y directo en la decisión de la causa ni causó gravamen irreparable, puesto que la madre no fue privada de la tenencia de su hijo, sino que el adolescente prefirió vivir con su madrastra. En el caso concreto, el auto negó un pedido improcedente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, al tratarse de la interposición de un recurso inoficioso. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por improcedente.

73-12-IS/19

0073-12-IS Ante la acción de incumplimiento presentada para exigir la ejecución de la sentencia dictada el 12 de julio de 2012, por el Juzgado Multicompetente de Napo, que aceptó la acción de protección propuesta en contra del Comisario Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quijos y dejó sin efecto el acto administrativo emitido por dicho funcionario por haber vulnerado derechos laborales. La Corte Constitucional señaló que, el obligado a cumplir el fallo probó que el permiso para la utilización de la vía pública no tuvo restricción alguna, luego de notificada la sentencia constitucional, por tanto, resolvió que la sentencia demandada está cumplida integralmente.

73-09-IN/21

0073-09-IN En sentencia de mayoría, la Corte examinó la acción presentada por la Unión de Jubilados del Banco Central, BCE, en contra normas relacionadas con la supresión de pensiones de los ex empleados del BCE; y a la vez, dispuso que, en ningún caso el ajuste de pensiones podrá ser inferior al salario básico unificado del año en que se realizó tal ajuste. Determinó que la supresión de pensiones dispuesta a los ex empleados del BCE que compensaron en tiempo o pagaron aportes anticipadamente como requisito de jubilación, será constitucional siempre que dicho grupo de jubilados se encuentre percibiendo la jubilación universal por parte del IESS, de lo contrario, el BCE deberá pagarles una pensión que resulte proporcional al cumplimiento de los requisitos previstos para cada caso en la Ley de Seguridad Social vigente. En cuanto a la supresión de pensiones a los ex empleados del BCE que fueron ex integrantes de la Junta Monetaria o Directorio del BCE, precisó que la misma es constitucional para aquellos ex empleados que se encuentren percibiendo la pensión por jubilación universal; y, para aquellos que no se encuentren percibiendo dicha jubilación, el Banco Central deberá pagarles una pensión que resulte proporcional al cumplimiento de los requisitos previstos para cada caso en la Ley de Seguridad Social vigente. El juez Alí Lozada Prado, en su voto concurrente, destacó la necesidad de distinguir entre los derechos fundamentales y los que no tienen tal calidad, a más de considerar que no existió regresividad del derecho a la seguridad social. Por su parte, las juezas Karla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce, Teresa Nuques Martínez y Daniela Salazar Marín, en su voto salvado conjunto, discreparon con la sentencia de mayoría por considerar que la normativa impugnada contraría la seguridad jurídica y el principio de no regresividad de los derechos.

730-16-EP/21

0730-16-EP Esta sentencia analiza la acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de acción de protección, en donde se alega la vulneración del derecho al debido proceso, concretamente en la garantía de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos.

729-14-EP/20

0729-14-EP La Corte desestimó la acción extraordinaria de protección propuesta por el IESS en contra de una sentencia de acción de protección que declaró la vulneración de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la igualdad de oportunidades en favor de un grupo de médicos que prestaban sus servicios en un Hospital del IESS y dispuso la emisión de sus nombramientos permanentes, más la afiliación al seguro social y el pago de varios beneficios económicos. Explicó que el derecho a la seguridad jurídica tiene implicaciones procesales cuando la norma transgredida es adjetiva o su consecuencia es la afectación de un derecho con alcances procesales. No obstante, en el caso concreto determinó que el Art. 228 de la Constitución no se refiere a la tramitación de un juicio y tampoco trae aparejada la eventual vulneración de un derecho con contenido procesal. Además, sostuvo que la revisión sobre si era procedente o no la entrega de nombramientos implica hacer una revisión de mérito, cuyos requisitos no fueron cumplidos en la causa. La Corte negó que se haya vulnerado el derecho a la motivación, pues la sentencia de apelación dio respuesta a los argumentos de las partes y aplicó la normativa pertinente. Sobre la falta de juez competente, la Corte explicó que la pretensión de los médicos demandantes versaba sobre cuestiones que no podían ser dirimidas por la justicia contenciosa administrativa, siendo competentes los jueces constitucionales. Finalmente, la Corte encontró que no existen elementos para declarar vulnerado el derecho del IESS al debido proceso en la garantía de presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, pues la oportunidad procesal para presentarlas era en la audiencia y la apertura de un período adicional era facultativa para los jueces de instancia. Tampoco consideró que las pruebas actuadas en el proceso hayan sido obtenidas en contradicción con la Constitución.

727-16-EP/21

0727-16-EP La Corte descarta que un auto que dispuso el archivo de la demanda contenciosa tributaria por no haber rendido la correspondiente caución haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la compañía accionante. Para el efecto, se descarta que el tribunal hubiera estado obligado a especificar la forma en que debía rendirse la caución.

722-16-EP/21

0722-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación ni a la seguridad jurídica del SENAE, dado que el auto de inadmisión sí enunció las disposiciones que la conjueza nacional estimó aplicables de la Ley de Casación a la calificación del recurso y explicó su pertinencia en el análisis de admisibilidad. Además, el organismo observó que, en el auto impugnado, la autoridad demandada refirió que la interposición del recurso requiere del cumplimiento de formalidades y requisitos para ser admitido, y realizó una explicación en la que relaciona las normas con los cargos alegados en la interposición del mismo, de modo que concluyó que dicho recurso no había sido fundamentado conforme lo requiere la técnica jurídica. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

72-15-EP/20

0072-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la AP, a través de la cual se dispuso dejar sin efecto la sanción disciplinaria que pesaba sobre un miembro de la Policía Nacional, la Corte no observó vulneración de la motivación ni defensa, dado que la Sala expuso el trámite que siguió respecto de la acción y las normas que lo amparaban, así como, realizó un análisis de las alegaciones y pruebas aportadas por las partes, luego de lo cual concluyó que existió una vulneración de derechos constitucionales y resolvió ratificar la decisión de instancia; además, al revisar el expediente constitucional observó que la institución fue debidamente citada con la demanda, intervino en la audiencia desarrollada en primera instancia, y finalmente tuvo la posibilidad de interponer los recursos que el ordenamiento prevé para este tipo de garantías. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

7-20-TI/20

7-20-TI La Corte, al resolver sobre la necesidad de aprobación legislativa del Acuerdo, advirtió que el contenido del mismo no se subsume en ninguno de los casos que señala el art. 419 de la Constitución. Además, el organismo señaló que dicho tratado contiene disposiciones encaminadas a proteger derechos de personas nacionales de los Estados parte del MERCOSUR que se encuentren en una determinada ciudad, país o región donde no exista representación diplomática o consular del Estado de su nacionalidad y, dado que no modifica el régimen de derechos y garantías, no requiere de aprobación legislativa.

7-20-EE/20

7-20-EE El Pleno de la Corte Constitucional mediante voto de mayoría, declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1217, que declaró el estado de excepción por calamidad pública, por el grave incremento en el contagio del COVID -19, a causa de las aglomeraciones así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde el Reino Unido, ello, por concluir que no se adecuaba a las normas constitucionales. En este contexto, el organismo mencionó que no le corresponde determinar cuáles son las medidas de política pública necesaria para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Además, señaló que un régimen diseñado para ser temporal y excepcional no puede perennizarse mientras dure la pandemia y sus consecuencias. Al examinar el decreto, la Corte no constató que los hechos que motivaron la declaratoria no puedan ser superados a través del régimen constitucional ordinario. Asimismo, recordó que previamente había advertido que “no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han establecido la calamidad pública en dos ocasiones anteriores con sus respectivas renovaciones”. En su voto salvado, el juez Hernán Salgado Pesantesresaltó la importancia del derecho a la vida como prioridad en relación con los derechos constitucionales limitados en el estado de excepción, por lo que consideró que la declaratoria del estado de excepción por 30 días es constitucional, excepto en lo referente a la medida de proceder a los requisitos y que el Presidente debe dar su informe correspondiente concluido el estado de excepción. La jueza Carmen Corral Ponce indicó que no podría entenderse que esta declaratoria de estado de excepción es meramente preventiva, ya que responde a hechos actuales. No obstante, incluso, si fuere preventiva, la pandemia que se vive a nivel mundial justifica la adopción de medidas con el fin de evitar los efectos mortales y devastadores del COVID-19.

7-20-CP/21

7-20-CP En voto de mayoría, la Corte negó la propuesta de consulta popular presentada por varias personas naturales y organizaciones de la sociedad civil, respecto de temas como: aumento de la pena por violación agravada por la muerte de la víctima menor de 14 años; adopción de una política de Estado a favor de los pequeños productores; sanciones penales a quien, de manera habitual y dolosa perjudique a los pequeños productores; prohibición respecto de que el BIESS, IESS, ISSFA e ISSPOL inviertan de manera directa o indirecta en cualquier tipo de documento negociable; que el BIESS e IESS informen a sus afiliados, de forma mensual, sobre las inversiones que realizan y demás actividades; que el Banco Central del Ecuador transfiera a los GADs sus asignaciones dentro del mes correspondiente a la recaudación, de manera directa y automática; que las entidades públicas retengan la totalidad del IVA que generen; entre otros. En otras consideraciones, puntualizó que la Constitución distingue con claridad los mecanismos de participación ciudadana de iniciativa popular normativa y consulta popular; y, explicó que mientras la consulta popular permite conocer la opinión de la ciudadanía sobre cualquier asunto, la iniciativa popular normativa permite a la ciudadanía proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Enfatizó que al realizar el control constitucional de una consulta popular, la Corte procura que se garanticen, al mismo tiempo, el derecho de la ciudadanía a la participación y su plena libertad de elegir, para lo cual dicha consulta está revestida de ciertos condicionamientos legales y constitucionales encaminados a precautelar la lealtad y libertad del elector, los mismos que fueron transgredidos a través de la consulta, al introducir reformas normativas complejas, formuladas a manera de pregunta. La jueza Carmen Corral Ponce y el juez Hernán Salgado Pesantes, en su voto salvado conjunto, consideraron que era procedente la consulta relativa al aumento de la pena por violación agravada; otorgar líneas de crédito con tasas de interés preferenciales a favor de pequeños productores, así como la entrega gratuita de semillas, material genético bovino y pecuario; entre otros, algunas de ellas con modulaciones y exclusiones. Los jueces Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez, de forma independiente, en sus votos salvados, consideraron improcedente únicamente la consulta en relación con los considerandos y preguntas relativas a la creación y operación de fondos privados de capital.

720-13-EP/19

0720-13-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia de apelación que negó una acción de protección, iniciada para el registro de un título universitario, la Corte Constitucional señaló que la apertura de una fase procesal para proponer y practicar pruebas depende del juicio que realiza la judicatura de acuerdo a las particularidades de cada caso. Por consiguiente, el hecho de que la Corte Provincial no convoque a audiencia en el marco de la tramitación del recurso de apelación, no constituye per se una violación al debido proceso.

7-19-TI/19

0007-19-TI La Corte Constitucional, en atención al control automático de constitucionalidad declaró que la referida convención se adecúa al marco constitucional, toda vez que, se refiere a aquellos impuestos que son conocidos como impuestos directos que gravan las ganancias, impuestos indirectos que gravan al consumo, incluyéndose además, a los impuestos sobre el patrimonio neto y contribuciones obligatorias de seguridad social. Por lo tanto, enfatizó que, la convención no impone la creación de nuevos impuestos.

7-19-RC/19

0007-19-RC Frente a la solicitud de modificación constitucional relativa a la eliminación de la Función de Transparencia y Control Social, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la estructuración de la Asamblea Nacional en dos cámaras, la eliminación de las regiones de la organización territorial del Estado, conservando las provincias, cantones y parroquias rurales, entre otras, de manera general la Corte consideró constitucional la vía de reforma parcial para varias de las propuestas; no obstante, estableció de que ciertos temas no pueden ser modificados mediante esta vía como son el proceso de reforma constitucional, el aumentar la edad necesaria para postularse como diputado, la exigencia del título de tercer nivel y la realización de un examen psicológico. Finalmente, aprovechó este dictamen para alejarse de los criterios vertidos por el organismo en el Dictamen No. 001-14-DRC-CC respecto de la reelección indefinida.

7-19-CP/19

0007-19-CP La Corte estableció que, los tres mecanismos previstos para la modificación constitucional, enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente, tienen límites y procedimientos específicos en los que el Organismo participa en tres momentos, en aplicación del dictamen 4-18-RC/19. En este sentido, determinó que a través de la consulta popular no es posible realizar cambio constitucional alguno, por lo que la consulta objeto de análisis transgredió los límites y el procedimiento previstos en la Constitución y en la ley. En tal virtud, negó la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad.

719-12-EP/20

0719-12-EP La Corte Constitucional conoció una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una decisión dictada en una acción de protección en la que el juez omitió dictar la sentencia de forma oral, y fue otro quien lo hizo por escrito. Sobre el particular, el Organismo destacó que dicha actuación afectó los principios procesales de oralidad, celeridad, e inmediación, y vulneró la seguridad jurídica en su dimensión procesal, dado que se privó a las partes de la certeza, estabilidad y oportunidad que caracterizan la sustanciación de una acción de protección.

718-12-EP/19

0718-12-EP En el marco de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia de apelación que negó una acción de protección, la Corte Constitucional señaló que, la accionante no cuestiona propiamente la decisión judicial que demandó, pues su exposición de motivos está concentrada en describir las decisiones adoptadas por la ANT respecto a la entrega de cupos para el servicio de taxi y, en ese marco, aseverar cómo éstas produjeron violaciones a su derecho al trabajo, igualdad y vida digna, de modo que resolver tales alegaciones implicaría realizar un análisis de mérito sobre actuaciones que no fueron realizadas por los juzgadores, sino por una autoridad administrativa.

7-17-CN/19

0007-17-CN El Pleno de la Corte Constitucional determinó que el inciso final del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal es compatible con el artículo 364 de la Constitución interpretándose en el siguiente sentido: “… el hecho de superar las cantidades máximas establecidas, no es constitutivo del tipo penal de tenencia y posesión, no establece indicio ni presunción de responsabilidad penal. Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, tenga la intención de traficar en lugar de consumir, en el marco del derecho al debido proceso.”. Asimismo, resolvió que la tabla respecto a cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, establecida en la referida resolución, es compatible con el artículo 364 de la Constitución.

7-16-CN/19

0007-16-CN El Pleno de la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada aditiva, con efectos generales, de los artículos 653 y 630 del COIP. En tal razón, dichas normas contendrán la siguiente regla jurisprudencial obligatoria: Artículo 653: Procederá el recurso de apelación en los siguientes casos: “[...] 6. De la negativa de suspensión condicional de la pena.”. Artículo 630: La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: “[…] La falta de presentación de los requisitos establecidos en los números 2 y 3 podrá ser completada en cualquier momento con una nueva solicitud.”

7-16-AN/21

0007-16-AN En la AN del art. 36 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, relativo al cómputo del tiempo de servicio para miembros de la tropa, la Corte señaló que del análisis del art. demandado, se desprende que efectivamente existe una obligación de hacer, esto es computar el tiempo de servicio para la tropa de acuerdo con lo establecido en el art. 34 de la referida Ley y que se hará sobre una escala determinada en el mismo art. Sin embargo, dicha obligación no es clara, puesto que en la disposición no se establece el objeto de dicha obligación; además, es necesario remitirse a otra norma en la cualtampoco se determina el objeto de dicha obligación. Tampoco contiene una obligación expresa, ya que no fija desde qué momento o desde cuándo se puede realizar dicho cómputo ni para qué se lo realiza. Adicionalmente, no se verifica que la norma sea exigible, dado que no obliga a la CTE a ascender a sus miembros únicamente por el simple hecho de haber transcurrido el tiempo de servicio, sino que adicionalmente se debía superar exámenes y pruebas de distinta índole, lo que evidencia que el requisito de exigibilidad no se presenta. A la vez, el organismo observó que el accionante persigue con su acción que la Corte realice una interpretación respecto a cómo la CTE debía aplicar el art. demandado, lo que no es objeto de una AN. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

7-15-IN/21

0007-15-IN La CCE declaró la inconstitucionalidad de los art. 38, 71 y 77 del, RGLOC, al encontrar que restringen el derecho a la libertad de contratación, y, establecen sanciones no previstas en la ley. Consideró que el art. 38 del RGLOC es inconstitucional porque limita el derecho a la libertad de contratación, al prohibir la publicidad a título gratuito y restringirla únicamente a contratos a título oneroso, sin motivo alguno que justifique tal limitación. Respecto del art. 71 del RGLOC, que obliga a los anunciantes a comunicar a la Superintendencia la información sobre pautaje, bajo apercibimiento de suspender su difusión, advirtió que es una sanción administrativa no contemplada en la ley. En cuanto al art. 77, observó que establece un margen amplio y discrecional para el ejercicio de la potestad sancionatoria, sin una debida determinación clara de las conductas y las sanciones. Por tanto, concluyó que dichas normas contrarían los principios de legalidad y tipicidad. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de las frases “remunerada o pagada” y “La publicidad que tenga fines comerciales no puede hacerse a título gratuito”, contenidas en el art. 38 del RGLOC; la inconstitucionalidad del último inciso del art. 71 ibídem, y la inconstitucionalidad del art. 77 ibídem.

715-12-EP/20

0715-12-EP Frente a una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación de una acción de protección, la Corte consideró que no existió vulneración de la motivación, dado que la decisión impugnada resolvió rechazar la acción de protección con base en el artículo 228 de la Constitución, que establece que el ingreso al servicio público, ascenso y promoción en la carrera administrativa se da únicamente mediante concurso público de méritos y oposición y su inobservancia provoca la destitución de la autoridad nominadora. Con lo cual se verificó que la resolución enunció las normas jurídicas en que se fundó y se explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Por lo expuesto, desestimó la acción presentada.

7-14-AN/21

0007-14-AN La Corte Constitucional analizó una acción por incumplimiento, AN, presentada sobre disposiciones contenidas en un acto administrativo individual y en dos disposiciones de distintos cuerpos normativos, esto es, el Decreto Ejecutivo, que ordena el ascenso de tres coroneles de la Fuerza Terrestre, el Reglamento General de Condecoraciones Militares, que refiere a la forma en la cual se debe entregar una condecoración militar, y el Reglamento de Protocolo y Ceremonial Militar, que dispone sobre el protocolo y la forma en la que debe llevarse la ceremonia de ascenso, en su orden. Puntualizó que esta acción solo podría presentarse con relación a un acto normativo y a un acto administrativo de carácter general, quedando excluida la procedencia en contra de actos administrativos de efectos individuales, dado que el objeto de la AN es precautelar la vigencia y validez material del ordenamiento jurídico, mas no la ejecutabilidad de actos administrativos de efectos individuales, para los cuales existen vías judiciales y administrativas idóneas. En el caso del Decreto, la Corte observó que corresponde a un acto administrativo con efectos individuales, en virtud de lo cual rechazó por improcedente el análisis de un presunto incumplimiento. Respecto del Reglamento General de Condecoraciones Militares, no constató la existencia de la disposición jurídica que el accionante alegaba como incumplida, razón por la que se abstuvo de pronunciarse sobre tal pretensión. Al analizar el Reglamento de Protocolo y Ceremonial Militar, verificó la existencia de una obligación que fue incumplida, siendo esta la ceremonia para el accionante, debido a que fue ascendido en su momento al grado de General de Brigada. No obstante, precisó que, al haber sido dado de baja, deviene en inejecutable ordenar como medida de reparación aquello. Por tanto, concluyó que esta sentencia, por sí misma, constituye una forma reparación.

713-14-EP/20

0713-14-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que declaró con lugar la demanda ejecutiva por cobro de letra de cambio, la Corte no observó vulneración de la motivación, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica ni defensa, dado que la decisión impugnada sí describió los hechos, enunció las disposiciones jurídicas previas, claras y públicas, explicó la pertinencia de su aplicación al caso concreto, sin que pueda considerarse que la desestimación de los argumentos expuestos en la contestación del demandante, y el rechazo de sus excepciones se traduzca en una violación de derechos. Además, la Sala de alzada resolvió respecto a su competencia y la validez del proceso ejecutivo, amparada en las normas del COFJ y CPC y sobre el fondo de la controversia de conformidad al Código de Comercio y la jurisprudencia civil y mercantil. Sobre la falta de notificación de la sentencia alegada, el organismo no verificó que dicha omisión haya trasgredido el derecho a la defensa, puesto que el accionante sí conoció la sentencia oportunamente, lo que le permitió presentar esta acción dentro del término legal, no obstante, llamó la atención de la autoridad judicial, en tanto, la falta de notificación de una decisión judicial, en otras circunstancias, puede significar la vulneración de derechos constitucionales. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

7-12-IN/19

0007-12-IN
0018-13-IN
Ante la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de varios artículos de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Corte Constitucional señaló que las normas impugnadas fueron derogadas y por tanto no existe objeto sobre el cual pronunciarse, sin ser necesario efectuar un análisis de constitucionalidad de las mismas, pues no se verificaron efectos de ultractividad.

7-12-AN/19

0007-12-AN Frente a una acción por incumplimiento de la disposición transitoria vigesimoprimera de la Constitución de la República, por parte del Ministerio de Educación, la Corte señaló que la obligación contenida en la disposición invocada es muy distinta a la obligación cuyo cumplimiento reclaman los accionantes. En primer lugar, por la falta de identidad de los sujetos pasivos: el legislativo y el Ministerio de Educación, respectivamente; y, en segundo lugar, porque la obligación alegada por los accionantes era una obligación de acción mientras que la contenida en la norma era una obligación de fin; por lo tanto, decidió desestimar la demanda.

7-11-IA/19

0007-11-IA En el marco de una acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de la convocatoria al concurso de méritos y oposición para la designación de 101 cargos de juezas y jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por considerar que la entrega de puntos adicionales a las mujeres vulneró el derecho de igualdad, la Corte Constitucional, luego de realizar el test de igualdad y no discriminación señaló que, la medida en estudio perseguía eliminar todo tipo de discriminación basada en el sexo o el género, por lo que resultaba legítima; era adecuada y necesaria pues permitía aumentar la representación de este grupo en cargos de autoridad del sistema judicial; y finalmente, era proporcional pues generó una restricción media frente al alto grado de satisfacción de los derechos de un grupo que ha sido excluido históricamente.

71-16-EP/21

0071-16-EP La Corte Constitucional, al analizar una EP, planteada por el SERCOP en contra un auto de inadmisión de un recurso de apelación, dictado dentro de una AP, descartó la vulneración del derecho a la defensa de la entidad pública accionante, debido a que no era legitimado pasivo en la causa. La Corte determinó que el legitimado pasivo de una AP, es la autoridad pública no judicial responsable del contenido del acto u omisión que se acusa de conculcar derechos constitucionales, siendo únicamente esta entidad la responsable de suministrar información o contradecir los hechos afirmados por el accionante en la tramitación de una causa. En el caso concreto, explicó que, si bien la sentencia de primera instancia estableció una medida que debía ser acatada por una entidad pública, ello no implicaba que se la considere como parte procesal, dado que los jueces pueden disponer medidas a otras instituciones no demandadas, con la finalidad de que se puedan reparar de forma integral los derechos que se verifican conculcados. Entre las consideraciones finales, la Corte exhortó a la Procuraduría General del Estado –parte procesal– a cumplir sus funciones de forma adecuada, pues observó que, el recurso de apelación presentado no contenía alegaciones sobre vulneraciones de derechos, lo cual constituye un actuar negligente. Además, instó a los jueces, que conocen una AP a observar el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia 001-10-PJO-CC, que establece que no son competentes para calificar los recursos de apelación interpuestos sobre sus decisiones.

71-14-EP/20

0071-14-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la AP, a través de la cual se dejó sin efecto la baja de las filas de un miembro policial, la Corte no observó vulneración de la defensa, dado que a Policía Nacional fue debidamente citada con la demanda, así como recibió de manera idónea todas las notificaciones del caso; además, intervino en la audiencia pública y recurrió el fallo de instancia. Tampoco verificó trasgresión de la motivación, puesto que la Sala se pronunció sobre el procedimiento previo a la sanción y luego de analizar el expediente, concluyó que se vulneró el derecho al debido proceso, más allá de las condiciones fácticas que propiciaron el inicio del procedimiento disciplinario. Finalmente, no encontró violación de la garantía de ser juzgado por juez competente ni la seguridad jurídica, porque pese a que los actos que originaron la acción de protección, se produjeron en la ciudad de Azogues, los efectos de los mismos no se limitaron a dicha circunscripción territorial; y, los jueces de apelación aplicaron normas previas, claras y públicas para resolver. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada

71-14-CN/19

0071-14-CN Los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro remitieron una consulta respecto de la constitucionalidad de la norma relativa a la notificación de las contravenciones de tránsito detectadas por medios electrónicos o tecnológicos cuando no es posible identificar al conductor. Al respecto, la Corte Constitucional resolvió que dicha norma se entenderá acorde al derecho a la defensa, siempre que se interprete en el siguiente sentido: “i. Si se detectare una contravención de tránsito mediante una herramienta tecnológica y si no fuera posible determinar la identidad del conductor, la autoridad de tránsito competente estará en la obligación de notificar con la citación al propietario del vehículo, a través de los medios más efectivos y adecuados, con la finalidad que ejerza el derecho a la defensa; ii. En ningún caso se impondrá la sanción pecuniaria al propietario del vehículo, sin que previamente haya sido notificado con la citación y haya tenido la posibilidad de presentar su impugnación en ejercicio de su derecho a la defensa; y, iii. El término de tres días para que el propietario del vehículo presente la impugnación, será contado a partir del momento en que se realizó efectivamente la notificación, la cual no se verifica por la sola difusión de la citación en una página web. Los órganos judiciales que conozcan las impugnaciones, únicamente podrán declararlas extemporáneas luego de verificar la fecha de notificación, aspecto que deberá ser demostrado por la autoridad de tránsito, en calidad de organismo obligado de notificar oportuna y efectivamente todas las citaciones.”.

710-16-EP/20

0710-16-EP La Corte determinó que la sentencia impugnada no era objeto de una acción extraordinaria de protección (EP), pues al estar pendiente la resolución de un recurso de casación en contra de la misma, no puede considerarse definitiva en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia. Puntualizó que la sentencia impugnada no puso fin al proceso, pues el asunto debía seguirse ventilando en el recurso de casación presentado por la contraparte, por lo que no se encontraba revestida de cosa juzgada formal y material. Además, precisó que las pretensiones de la entidad accionante sí podían ser resueltas en el recurso de casación, por lo que no se verificó que la decisión judicial impugnada cause un gravamen irreparable. Finalmente, estableció que en el supuesto de que se presente una EP ante la Corte Nacional, existiendo recursos pendientes en el proceso del que proviene la decisión impugnada, dicha Judicatura está en la obligación de continuar el trámite de la causa hasta su ejecución, sin perjuicio del envío del proceso a este organismo constitucional.

708-16-EP/21

0708-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que revocó la procedencia de la AP que dispuso se deje sin efecto la negativa de matriculación de un estudiante de la ESPE, la Corte, en voto de mayoría, señaló que sí se vulneró la garantía de la motivación del estudiante, dado que la judicatura accionada omitió por completo analizar y pronunciarse respecto de las violaciones a derechos alegadas por el accionante. Por lo expuesto, la CCE aceptó la acción y dispuso medidas de reparación. En el voto salvado, el juez Ramiro Avila mencionó que el estudiante, si consideraba que tenía razones para reclamar su inscripción, podía haberlo hecho en instancias administrativas e incluso en otras vías jurisdiccionales ordinarias, con lo cual la CCE avaló a la AP como un mecanismo judicial adecuado para conocer asuntos propios de la rutina universitaria, para evitar aquello, según el juez Avila, el organismo debió realizar un análisis excepcional de mérito.

707-15-EP/20

0707-15-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra el auto de sobreseimiento definitivo, la Corte no observó vulneración de la motivación ni seguridad jurídica, dado que existió una relación entre las premisas y la conclusión a la que se llegó a partir de aquellas, así como la enunciación de las normas previas, claras y públicas, explicando la pertinencia de su aplicación a los hechos del caso. Tampoco constató trasgresión de tutela judicial efectiva ni la defensa, puesto que la entidad accionante tuvo acceso a la administración de justicia y en función de ello se encontraron indicios de responsabilidad penal de los ciudadanos denunciados; además, contó con el tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, fue escuchada en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, presentó sus argumentos y pruebas, y obtuvo una resolución motivada. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

706-15-EP/20

0706-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que negó la AP, a través de la cual se solicitó dejar sin efecto la resolución sancionatoria por construir sin permiso un bien inmueble, emitida por el GAD Municipal de Santo Domingo, la Corte señaló que la decisión impugnada sí enunció las normas jurídicas pertinentes para negar la AP, justificó la aplicación de esas normas a los antecedentes de hecho y analizó las vulneraciones alegadas por la accionante, específicamente, la presunta vulneración al juez imparcial por parte del GAD cantonal. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

702-15-EP/20

0702-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que declaró la prescripción de la acción penal tributaria del SRI en el marco de la presunta comisión del delito de defraudación tributaria, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica por cuanto la sentencia cuya inobservancia se alegó en la demanda no mantenía correspondencia con los hechos del caso, ya que en aludida decisión los jueces consideraron como hecho determinante para establecer la suspensión del plazo previsto para la prescripción de la acción penal la previa presentación de una acción extraordinaria de protección, situación que difiere del presente caso, por lo que no era aplicable en calidad de precedente jurisprudencial.

70-17-EP/21

0070-17-EP En esta sentencia, se analiza la acción extraordinaria de protección presentada por el Director General de Recursos Humanos de la Armada del Ecuador, en contra del auto dictado el 7 de diciembre de 2016 por el conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio Nº. 17741-2015-0621. Al respecto, esta Corte Constitucional concluye que la autoridad judicial demandada no vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía a la motivación.

70-13-EP/19

0070-13-EP En este caso, la Corte Constitucional señaló que, en la sentencia de apelación de la acción de protección, los jueces sí se pronunciaron sobre la posible vulneración de la propiedad, estableciendo posteriormente que se trataba de un caso que podía ser tramitado ante la justicia ordinaria y no ante la justicia constitucional; por tanto, evidenció la inexistencia de vulneración del derecho a la propiedad privada en la sentencia impugnada. Además, refirió que la pretensión de los accionantes radica en el análisis de un acto administrativo, sin embargo, a través de la acción extraordinaria de protección se pueden verificar las posibles vulneraciones a derechos constitucionales generadas en las sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia emitidas en el marco de un proceso judicial, por tanto no correspondía realizar dicho análisis a través de esta acción. Respecto a la posibilidad excepcional de realizar un control de mérito de una sentencia, prevista en las sentencias No. 176-14-EP/19 y 1162-12-EP/19, refirió que no concurren los elementos para que esta Corte realice tal verificación excepcional, especialmente porque se evidenció que los jueces analizaron las alegaciones sobre la vulneración del derecho y resolvieron las pretensiones de los accionantes en dicho marco.

700-16-EP/21

0700-16-EP La Corte analiza si en el auto de inadmisión del 15 de marzo de 2016, emitido por la conjueza de la Sala de Conjueza y Conjueces lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, se vulneró el debido proceso en la garantía del cumplimiento de normas y derechos de las partes, la motivación, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. La Corte desestima la acción al no encontrar las vulneraciones alegadas.

69-16-AN/21

0069-16-AN La Corte Constitucional desestimó la acción por incumplimiento, AN, presentada por un grupo de ex combatientes del conflicto bélico del Alto Cenepa contra el Perú en contra de varias instituciones del Estado, al encontrar incumplido el requisito del reclamo previo, el cual es fundamental para la configuración del incumplimiento de la obligación. La Corte verificó, en el expediente, que no existía reclamo o pieza procesal alguna en la que los accionantes hayan solicitado el cumplimiento de las obligaciones a las entidades accionadas. Tampoco encontró ningún documento adjunto a la demanda que tenga relación con tal reclamo, ni argumento o enunciado alguno de cómo fue realizado. Determinó que es necesario que se efectúe el reclamo previo para esta clase de acciones, no como una formalidad, sino como un presupuesto para que se configure el incumplimiento, pues su razón de ser es permitir a la autoridad informarse sobre el asunto, conceder a quien tiene que satisfacer la obligación, la oportunidad de subsanar el incumplimiento y tomar acciones para cumplir lo requerido, y solo en el evento que el incumplimiento persista o transcurra el tiempo previsto en la ley sin contestación, procede la presentación de una AN.

69-12-IS/19

0069-12-IS El presidente y representante del cabildo de la Comuna Casas Viejas presentó acción de incumplimiento para exigir la ejecución de la sentencia dictada el 17 de julio de 1986, por el Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad y suspensión del Decreto No. 1250 referente al "Reglamento de Disolución y Liquidación de las Comunidades Campesinas" y observó el Acuerdo No. 0059 que ordenó la disolución y liquidación de la Comuna Santa Clara de San Millán. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que, no tiene elementos probatorios para considerar la configuración de un incumplimiento respecto de la accionante, más bien de la documentación que obra en el proceso, observó que la liquidación de la Comuna Casas Viejas no tiene relación directa con la ratio decidendi del Tribunal Constitucional, por tanto, determinó que los hechos relacionados a dicha comuna son ajenos al objeto de la decisión cuyo incumplimiento demandan en esta acción.

69-10-AN/19

0069-10-AN Frente a una acción por incumplimiento de normas relacionadas con el servicio de transporte de tricimotos, triciclos y mototaxis, la Corte Constitucional señaló que, la norma vigente fue reformada parcialmente en el 2011; además, indicó que la misma no contiene obligación alguna y más bien se limita a establecer la excepcionalidad con la que las tricimotos pueden prestar un servicio comercial, por lo que la norma cuyo cumplimiento se demanda no es exigible a los accionados, ANT y dependencias de la Policía Nacional, quienes demostraron que las competencias de tránsito y control operativo fueron transferidas al Municipio de Buena Fe desde el año 2015, entendiéndose que a la fecha, la acción adolece de falta de legitimación pasiva. En tal virtud, desestimó la acción por improcedente.

689-19-EP/20

0689-19-EP La Corte declaró que una Sala de la Corte Provincial de Pichincha vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva porque negó la acción de protección presentada por una persona sustituta de un niño con discapacidad del 99% en contra de la SECOM, con el argumento que el accionante no gozaba de estabilidad por tener un contrato ocasional. La Corte emitió sentencia de mérito y declaró que la SECOM vulneró el derecho a la estabilidad reforzada del accionante como sustituto de una persona con discapacidad, en tanto lo desvinculó de la institución sin procurar su reubicación, ni otorgarle la indemnización que ordena el Art. 51 de la LOD. Determinó que la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante afectó los derechos de protección reforzada, atención prioritaria y de salud del niño, pues al quedarse la accionante sin empleo, perdió la afiliación al IESS, y se interrumpió el correspondiente tratamiento médico. Como parte de las medidas de reparación integral, dispuso a la SECOM el pago de la indemnización correspondiente y al director general del IESS, de forma inmediata, realice las gestiones necesarias para que el niño retome y continúe con el tratamiento médico, conforme a sus requerimientos actuales

688-16-EP/21

0688-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo de plena jurisdicción, la Corte señaló que el auto impugnado no vulneró el derecho a recurrir ni la debida diligencia de la tutela judicial efectiva, dado que la falta de resolución de fondo del recurso se debió a la falta de cumplimiento de los requisitos y exigencias previstos en la Ley de Casación, esto, en virtud de que la fase de admisión del recurso exige únicamente la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

687-16-EP/21

0687-16-EP En la EP presentada contra las sentencias de primera y segunda instancias dictadas dentro de un proceso constitucional de hábeas data, la Corte señaló que no se vulneró la motivación ni la seguridad jurídica al negar la demanda iniciada para solicitar la nulidad de una transferencia de acciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Ecuador, dado que tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia, los jueces citaron las normas que regulan la acción de hábeas data y aquellas disposiciones que regulan la transferencia de acciones entre compañías de comercio. Los juzgadores también explicaron la pertinencia de cada una de las normas al caso concreto. Además, analizaron los argumentos de las partes con relación a la acción de hábeas data y explicaron por qué no procedía la anulación de registro de transferencia de acciones societarias. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

687-13-EP/20

0687-13-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación dictada dentro de un proceso penal por peculado, la Corte señaló que pese a que se omitió tener en cuenta el contenido de una sentencia dictada en otro proceso, que estableció la validez del informe de la CGE para el inicio de un proceso penal por peculado, para que pueda configurarse una vulneración al derecho a la seguridad jurídica es preciso que a más de lo anterior, se haya afectado algún precepto constitucional, lo cual no ocurrió, puesto que dicha omisión se debió a la falta de aviso de la propia CGE al Tribunal de Casación sobre la emisión de la segunda sentencia. A su vez, el organismo mencionó que, si el Tribunal de Casación considera que la sentencia de segundo nivel valoró una prueba inválida, es propio de la naturaleza de dicho tribunal, casar la sentencia a fin de corregir tal error de derecho, excluyendo el elemento probatorio, lo que no constituye una nueva valoración de la prueba. Por lo expuesto, la Corte Constitucional en voto de mayoría desestimó la acción presentada. En el voto concurrente la jueza Teresa Nuques expuso que en sujeción al precedente constitucional 1742-13-EP/20 observó que la decisión impugnada estuvo libre de arbitrariedad pues los juzgadores nacionales establecieron claramente las razones para ratificar el estado de inocencia de los procesados y revocar las medidas de carácter real y personal que pesaban en su contra, fundándose en las piezas constantes en el proceso, los recursos de casación interpuestos, en normativa penal y procesal penal previa, pública, clara, y en el marco de sus competencias, coincidiendo en que no existió vulneración de la seguridad jurídica. En el voto salvado, la jueza Carmen Corral y los jueces Enrique Herrería y Hernán Salgado mencionaron que la EP planteada por la CGE debió ser aceptada, dado que se evidenció vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, así como a la tutela judicial efectiva en su dimensión de la observancia de la debida diligencia, debido a la inferencia que causaría el hecho de que cada vez que una norma se derogue, modifique o se dicte una en reemplazo, sea a una de las partes a la que le corresponda ponerlo en conocimiento del juez.

686-16-EP/21

0686-16-EP En la EP presentada contra el auto que declaró el abandono del recurso de apelación interpuesto dentro de un proceso penal por el delito de apropiación ilícita, la Corte señaló que no se vulneró la defensa ni tutela judicial efectiva, dado que pese a que el Tribunal de Apelación señaló día y hora para la realización de la respectiva audiencia, el procesado y recurrente ni su abogado defensor no comparecieron a la misma o justificaron su ausencia, esto, aunque el organismo verificó que la notificación para la audiencia se realizó en legal y debida forma. La Corte, además indicó que en el auto impugnado la autoridad judicial actuó con la debida diligencia al momento de notificar la convocatoria a audiencia y aplicó el art. 326.A del CPP, que disponía que la falta de comparecencia de uno o más de los recurrentes a la audiencia daría lugar a la declaratoria de abandono del recurso. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada. En el voto salvado, el juez Avila, mencionó que los jueces para aplicar la regla del abandono, tienen que examinar que la inasistencia de la defensa a la audiencia no era contraria a la voluntad del procesado y asegurarse que la incomparecencia no esté vinculada únicamente a la omisión o negligencia de quien ha asumido la defensa. Una vez conocida la intención del procesado de que su recurso sea sustanciado, el juez constitucional indicó que los jueces de apelación debieron revocar el abandono.

685-16-EP/21

0685-16-EP En la EP presentada contra la sentencia que aceptó la demanda y ordenó a la Registradora de la Propiedad de Playas la inscripción de la escritura pública de compraventa, la Corte señaló que en atención a las sentencias 154-12-EP/19 y 1534-15-EP/19, la decisión impugnada no podía considerarse como definitiva, porque se inscribe dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria, como lo ha sostenido la Corte en la sentencia 658-12-EP/19. En consecuencia, si bien la decisión impugnada clausuró el proceso específico del que proviene la EP, la situación jurídica resultante de esa decisión era susceptible de ser modificada, en el futuro, mediante otro proceso. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción presentada.

682-14-EP/20

0682-14-EP En la EP presentada contra las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro de un juicio laboral, la Corte no observó vulneración de la seguridad jurídica, dado que no todas las sentencias dictadas en casación por la CNJ, son precedente jurisprudencial obligatorio, sino solamente aquellas que, siendo un fallo de triple reiteración, después de seguir el procedimiento constitucional y legal, son consideradas como tal por parte del Pleno, conforme lo dispone el artículo 185 de la Constitución de la República, al mismo tiempo el incumplimiento de un fallo de triple reiteración, no constituye per se una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, ya que de producirse una inobservancia en ese sentido, debe analizarse si ello ha ocasionado una afectación de derechos constitucionales, en consecuencia, los jueces de instancia no tenían impedimento legal para emitir fallos en diferente sentido y puesto que la CNJ no contradijo ninguna norma expresa del ordenamiento jurídico, el organismo no puede declarar la trasgresión de este derecho. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

68-16-EP/21

0068-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación dictada dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró la motivación del GAD Municipal de Aguarico, dado que la Sala de Casación analizó cada una de las causales invocadas por el recurrente a la luz de la Ley de Casación, respecto a la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación en relación a la indebida aplicación del art. 76 num. 3 de la CRE, la cual infringiría los arts. 220, 221 y 222 del Código Tributario y el art. 429 de la CRE, la Sala indicó que el recurrente no determinó de manera específica cuál es la norma que debía ser aplicada por el juzgador y al no poder identificar correctamente la existencia del error en la selección de la norma de derecho y la que debía ser aplicada en los hechos fácticos, la Sala no pudo establecer que se encuentra configurado el vicio de aplicación indebida alegado por el recurrente. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

679-18-JP/20

0679-18-JP Haciendo uso de su facultad de selección y revisión, la Corte analizó la problemática de quienes tienen enfermedades catastróficas o de alta complejidad y no pudieron acceder a medicamentos, pese a demandar la entrega a través de acciones de protección. Mediante voto de mayoría, analizó y desarrolló el contenido de los derechos de las personas pacientes al acceso a la información; consentimiento informado; disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Puntualizó, que la acción de protección es la vía adecuada y eficaz para corregir su vulneración. Además, determinó los indicadores que deben guiar la política pública para garantizar el derecho a la disponibilidad y acceso a medicamentos, e identificó las instituciones obligadas a observarlos. Decidió, llamar la atención al gobierno nacional sobre la regresividad en el presupuesto designado para salud, medicamentos y talento humano del MSP, impuso la obligación de informar a la Corte la adopción de las medidas dispuestas por la sentencia y reparó a los accionantes de manera individualizada.

679-16-EP/21

0679-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la garantía de cumplimiento de las normas ni la seguridad jurídica del MAE, dado que el conjuez sí analizó la causal casacional alegada por el recurrente, en observancia de las normas constitucionales y legales, previas, claras y públicas que consideró pertinentes y explicó su alcance y aplicación. En consecuencia, el organismo verificó que la autoridad accionada realizó su pronunciamiento en atención a los condicionamientos formales determinados en la Ley de la materia. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

673-15-EP/20

0673-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que confirmó la acción de protección, a través de la cual se dispuso la restitución del entonces accionante al servicio activo de la Policía Nacional, la Corte no observó vulneración de la motivación, la garantía del cumplimiento de las normas y ser juzgado por juez competente ni la seguridad jurídica, dado que los jueces accionados sí enunciaron las normas que sustentaron su decisión, explicaron la pertinencia de su aplicación a los hechos y realizaron un análisis de los derechos constitucionales alegados. Además, verificó que la competencia y el trámite se radicó en razón de la vulneración de derechos y el domicilio del accionante. Y no encontró elementos suficientes que revelen la vulneración de la seguridad jurídica. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

673-13-EP/20

0673-13-EP Dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección planteada en contra de una decisión judicial proveniente de una acción de protección, la Corte advirtió que los jueces provinciales cumplieron con analizar la real existencia de la violación de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso por parte del Tribunal de Disciplina de Clases y Policías de la Policía Nacional, declarando vulneración de los mismos, cumpliendo así, su obligación constitucional al momento de resolver la acción de protección. Sumado a ello, la Corte explicó que, el caso no cumplía con el primer presupuesto establecido en la sentencia 176-14-EP/19 para efectuar el control de méritos pretendido por el accionante. Por lo expuesto, concluyó que se ha constatado que en la demanda no se han proporcionado más elementos para sostener una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa. En consecuencia, decidió desestimar la acción planteada.

672-16-EP/21

0672-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la motivación en contra del SENAE, dado que el conjuez nacional al analizar la causal cuarta de la Ley de Casación, verificó que en la fundamentación del recurso de casación no se identificó la norma infringida por los vicios alegados; además, el organismo indicó que no le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, como pretendía la entidad accionante. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

672-12-EP/19

0672-12-EP La Corte Constitucional advirtió que los argumentos empleados por los juzgadores provinciales guardaron relación con la naturaleza y objeto de la garantía puesta en su conocimiento; en tanto, utilizaron normativa jurídica aplicable al caso concreto para explicar el alcance de la acción de protección, así como su improcedencia cuando un determinado acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que ésta no fuese adecuada o eficaz.

67-16-IN/21

0067-16-IN En la IN presentada contra el art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, relativo al cobro de las acreencias por parte de las instituciones del Estado y las autoridades o jueces de trabajo. La Corte señaló que la disposición objetada fue derogada por el art. 46 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; además, advirtió que el accionante cuestionó la disposición impugnada por cuanto facultaba a la autoridad coactiva la emisión de medidas precautelares contra bienes de terceros (sean estas personas naturales como jurídicas –llegando hasta el último nivel de propiedad–) para garantizar el pago de una obligación, sin que previamente se haya declarado su responsabilidad en un juicio. No obstante, dicho contendio ya no rige, porque la sentencia 22-13-IN/20 condicionó la validez de los efectos ultractivos del art. demandado a una interpretación, según la cual, la medida precautelar debe ser precedida de una decisión judicial ejecutoriada. Por lo expuesto, la CCE negó la acción presentada.

671-16-EP/21

0671-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la motivación del SENAE, dado que el auto, al analizar la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, vigente a la época, señaló que una de las alegaciones resultaba intrascendente para la decisión y la otra insuficientemente desarrollada; mientras que, respecto de la causal quinta, falta de motivación, concluyó que el recurrente no especificó porqué la sentencia impugnada no se encontraba suficientemente motivada. Por lo expuesto, la CCE, desestimó la acción presentada.

667-16-EP/20

0667-16-EP En la EP presentada contra la sentencia que casó la decisión de segunda instancia en el marco de un proceso penal, declarando procedentes los recursos interpuestos por el fiscal y acusador particular, la Corte determinó que no se vulneró la garantía de contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa de la parte accionante, dado que este tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa durante todo el proceso. Este Organismo también descartó la posible vulneración de la garantía de ser juzgado por un juez independiente e imparcial porque el argumento presentado por la parte accionante no basto por sí solo para identificar su violación; al contrario, este se circunscribe a un nuevo análisis del recurso como tal, mas no de derechos constitucionales vulnerados. Por las razones expuestas, la Corte desestimó la acción presentada.

663-15-EP/20

0663-15-EP Dentro del conocimiento de una acción planteada en contra de una sentencia que aceptó la demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, la Corte declaró la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, al evidenciar que los jueces de instancia ignoraron el escrito de tercería presentado por el nuevo propietario del inmueble en litigio, lo que impidió su comparecencia a juicio. La Corte determinó que, una vez inscrito el auto de adjudicación del inmueble en litigio a favor del nuevo propietario en el Registro de la Propiedad, este puede comparecer a juicio, mediante un escrito de tercería, y los jueces están en la obligación de considerar su comparecencia, a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa, dado que la decisión que puedan adoptar podría afectar sus derechos. En el caso concreto, concluyó que, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia otorgó la prescripción adquisitiva a la parte actora, resultaba evidente que el accionante fue despojado del inmueble de su propiedad, configurándose así, la vulneración del derecho a la defensa en las garantías determinadas en esta sentencia. Como medidas de reparación dispuso, dejar sin efecto todas las actuaciones judiciales posteriores a la presentación del escrito de tercería; y, que previo sorteo, un nuevo juez de primera instancia continúe la tramitación del proceso a partir de la presentación del referido escrito.

66-15-JC/19

0066-15-JC La Corte Constitucional dictó una sentencia de revisión en la cual analizó el almacenamiento de sustancias decomisadas por la Policía Nacional -gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, biocombustibles, entre otras- en sus oficinas o unidades. Por constituir una amenaza grave e inminente a los derechos a la salud, medio ambiente sano y hábitat seguro de personas o colectividades que habitan, trabajan o transitan alrededor de dichas unidades o recintos, la Corte consideró que la Policía Nacional no podrá almacenar en sus destacamentos, evidencias incautadas en delitos relacionados con hidrocarburos o sus derivados, mientras no tenga lugares adecuados de acuerdo con las normas legales y reglamentarias. La Corte dictó ciertas reglas relacionadas con que dichas sustancias sean entregadas a EP Petroecuador y se elaboren los protocolos correspondientes.

66-13-EP/20

0066-13-EP En la EP presentada contra la sentencia de alzada que declaró con lugar la AP iniciada para impugnar una resolución del Municipio de Cuenca que negó la aprobación de un proyecto de condominio, la Corte determinó que no se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, pues los jueces provinciales enunciaron las normas en las que fundamentaron su decisión, explicaron la pertinencia de su aplicación al caso concreto, y verificaron la existencia de vulneraciones a derechos. Finalmente, la Corte descartó la procedencia del análisis de méritos, pues se cumplieron los requisitos para efectuar dicho análisis . Por las razones presentadas, se desestimó la acción.

66-12-IS/19

0066-12-IS Ante la acción de incumplimiento presentada para exigir la ejecución de la sentencia de acción extraordinaria de protección que dejó sin efecto la decisión expedida en segundo nivel dentro de la acción de protección iniciada en contra del MIDUVI por la terminación de contratos laborales, la Corte Constitucional verificó que, al dejar sin efecto el fallo de segundo nivel, los jueces de la Corte Constitucional determinaron que el proceso debía ser devuelto al Tribunal ad quem para que otros jueces resuelvan los recursos de apelación en atención a las normas constitucionales. Por tanto, observó que la emisión de una nueva sentencia, fue parte de la decisión constitucional objeto de la presente acción de incumplimiento. En razón de lo expuesto, determinó que la sentencia emitida, contrario a lo alegado por el accionante, está cumplida integralmente.

661-14-EP/20

0661-14-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de primera instancia dictada dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte no observó vulneración de la motivación, dado que en la sentencia impugnada el juez enunció las normas pertinentes en las que se fundó la decisión, y explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del caso concreto. Además, el organismo precisó que las pretensiones tendientes a que la Corte realice un control de legalidad para determinar la correcta aplicación del Mandato Constituyente 2, son ajenas al ámbito material de la acción. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

660-16-EP/21

0660-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario, la Corte señaló que no se vulneró la tutela judicial efectiva ni el derecho al debido proceso del SRI, dado que en el auto impugnado el conjuez se limitó a examinar los elementos del recurso relevantes para el juicio de admisibilidad, es decir el cumplimiento de requisitos formales, y no el fondo de las alegaciones contenidas en el recurso. Así, respecto de la primera alegación, concluyó que no se habría especificado el error de interpretación en que incurrió el Tribunal Distrital y tampoco se habría identificado la interpretación que debía haber otorgado a la norma jurídica invocada; y, sobre la segunda alegación, que no se habría fundamentado la indebida aplicación de normas sobre la motivación de los actos administrativos pues el recurrente solo afirmó que los actos impugnados estaban suficientemente motivados. En definitiva, el conjuez actuó dentro del marco de un examen de admisibilidad, sin extralimitarse. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

660-11-EP/19

0660-11-EP Dentro de una acción extraordinaria de protección en contra de una providencia que agregó escritos de las partes al proceso y aclaró cuál era la entidad responsable del cumplimiento de la acción de protección presentada en instancia, la Corte determinó que el acto impugnado no era susceptible de EP, pues no ponía fin al proceso, ni impedía la ejecución de la sentencia o generaba daño irreparable. En este sentido, la Corte determinó que la providencia impugnada, no se encontraba enmarcada dentro de los presupuestos exigidos para ser objeto de una EP y desestimó la acción.c

658-12-EP/19

0658-12-EP Ante la acción extraordinaria presentada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de Pichincha, que resolvió disponer la inscripción de una escritura pública que adjudicaba un bien expropiado a un grupo de trabajadores. La Corte Constitucional señaló que, no existe vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, cuando en un proceso especial de jurisdicción voluntaria, el juez no cita a quien no fue parte procesal, dado que, no tiene obligación alguna de citar, menos aún, cuando no es requisito que en el libelo de la demanda conste un legitimado pasivo diferente a la autoridad que deberá ejecutar lo que eventualmente resuelva el juzgador. Es decir, al no tratarse de un proceso contencioso, el juez no examina ni decide sobre asuntos litigiosos, por tanto, no puede considerarse una omisión no citar, pues en el ordenamiento jurídico no está previsto el cumplimiento de una solemnidad de esa naturaleza.

657-14-EP/20

0657-14-EP En la sentencia la Corte Constitucional analiza si un auto que rechaza el recurso de casacion vulnero o no el derecho a la defensa por indebida motivacion.

656-16-EP/21

0656-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de instancia dictada dentro de un juicio ejecutivo, la Corte señaló que en atención a la sentencia 1944-12-EP/19, el accionante omitió agotar los recursos previstos para este caso. Esto porque, en los juicios ejecutivos no cabe acción de nulidad del fallo y ante este impedimento, correspondía impugnar la decisión en un juicio ordinario y por cuenta separada bajo los lineamientos establecidos en el art. 448 del CPC, norma vigente a la época de los hechos. En consecuencia, la decisión demandada tenía una vía ordinaria prevista en las normas aplicables al caso. Por lo expuesto, la CCE rechazó la acción presentada.

653-13-EP/20

0653-13-EP Dentro del conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de un auto dictado en un juicio de alimentos, la Corte Constitucional expuso que el auto impugnado rechazó la acción de amparo de libertad, presentada por el accionante en contra de una orden de apremio personal dispuesta en su contra en un juicio de alimentos. Al respecto, expuso que, respecto al supuesto contemplado para considerar un auto definitivo, esto es si pone fin al proceso, explicó que, al no estar previsto en el ordenamiento jurídico la acción de amparo de libertad, para impugnar una orden de apremio personal dispuesta dentro de un juicio de alimentos, el auto impugnado no tenía posibilidad de generar cosa juzgada material, por esa razón no resolvió sobre el fondo de la pretensión, siendo evidente que el auto impugnado no era un auto definitivo, ni tampoco impidió que la misma pretensión (control judicial sobre el apremio personal ordenado en contra del accionante), pueda formularse a través de otro mecanismo procesal. En consecuencia, señaló que al no verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos para la procedencia de la acción planeada, no cabía emitir un pronuncie sobre los méritos del caso.

65-20-IS/20

65-20-IS En la IS del dictamen de constitucionalidad del estado de excepción por calamidad pública por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica, la Corte aclaró que ha efectuado varias acciones tendientes a que el propio organismo y los demás órganos competentes garanticen el acceso de la ciudadanía a las garantías jurisdiccionales para proteger sus derechos constitucionales en el marco del estado de excepción, y así verificar qué acciones o correctivos institucionales se han tomado al respecto. Asimismo, puntualizó que si bien los alegatos de los accionantes no corresponden ser examinados a través de esta acción, podrían constituir un insumo dentro de la fase de seguimiento. Igualmente, el organismo señaló que dado que la acción resultó improcedente, las medidas cautelares solicitadas también lo son. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

65-17-IN/21

0065-17-IN La Corte Constitucional resuelve la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos 12, 13 y 14 de la Ordenanza 10-2011 expedida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Loja que regula la implementación de estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el Servicio Móvil Avanzado (SMA). La Corte declara la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por contravenir los principios de equidad y no confiscatoriedad.

65-16-IN/21

0065-16-IN La Corte Constitucional negó la acción de inconstitucionalidad planteada en contra del reglamento que establece el procedimiento de exoneración de tributos en la importación de vehículos para personas con discapacidad, por considerar que no transgrede los principios de aplicación de los derechos de igualdad y progresividad, ni tampoco el principio de irretroactividad del régimen tributario. Puntualizó que la norma impugnada únicamente especifica desde qué momento se aplican las reformas introducidas por la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas al procedimiento de importación de vehículos, siendo estas aplicables a todos los trámites que: (i) inicien con posterioridad a su entrada en vigencia; o, (ii) habiendo iniciado con anterior a su entrada en vigencia, se encuentren en una fase previa al pago de la importación del vehículo. La Corte no encontró que el contenido de la norma impugnada sea discriminatorio, en tanto el criterio diferenciador es un hecho objetivo, la fecha de pago por la compra del vehículo, que no guarda relación alguna con la condición de discapacidad de la persona que lo adquiere. Además, no observó que la norma impugnada sea regresiva, en cuanto su contenido únicamente, tiene por objeto normar la vigencia de una ley, ni tampoco que estuviera dotada de efectos retroactivos que afecten derechos constitucionales.

65-16-EP/21

0065-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que confirmó la sentencia de instancia dictada dentro de un proceso laboral, la cual aceptó una demanda por el pago de diferencia de la bonificación por retiro voluntario y dispuso que el PGE y el MINEDUC, paguen al actor los valores por los derechos determinados en ella, la Corte no encontró vulneración del debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente del MINEDUC, en esta línea mencionó que la argumentación del accionante se fundó en aspectos de la relación de trabajo propios del conocimiento y valoración de jueces laborales, lo cual busca que la Corte examine el fondo del litigio de origen, no obstante la CCE a través de una EP, no está facultada para decidir sobre los méritos del caso en procesos que no provengan de garantías jurisdiccionales, por tanto, los cargos en examen no permiten formular un problema jurídico a ser resuelto en esta sentencia. De igual forma, descartó la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, pues identificó que el accionante pretendía que la Corte revise la pertinencia de la aplicación de una disposición legal dentro de un proceso, cuestión que resulta ajena al objeto de esta acción. En consecuencia, desestimó la acción presentada.

65-12-IS/20

0065-12-IS En la IS de la resolución de revocatoria de medidas cautelares, que dispuso la intervención de la fuerza pública en un inmueble, hasta que el MAGAP resuelva sobre su propiedad, la Corte señaló que la resolución demandada, se circunscribe al levantamiento de las medidas, toda vez que las mismas quedaron sin fundamento luego de verificado el cese de la amenaza que motivó su adopción, en consecuencia, resolvió que no fue contradictoria ni causó gravamen irreparable, ya que el accionante cuenta con vías jurisdiccionales para discutir la propiedad del bien o la juridicidad de las decisiones administrativas sobre ellos. Por lo expuesto, la Corte Constitucional se inhibió de pronunciarse sobre los méritos del caso y rechazó la demanda por improcedente

65-10-IS/20

0065-10-IS La Corte Constitucional declaró el incumplimiento de la resolución que aceptó una acción de amparo constitucional, al no verificar el reintegro de la accionante a su puesto de trabajo, conforme se dispuso en la decisión. Examinó si en la decisión constitucional existía una disposición implícita de pagar las remuneraciones dejadas de percibir por la accionante durante el tiempo que estuvo separada de su cargo, y concluyó que aquello no fue dispuesto en la resolución, por cuanto en la acción de amparo, la declaración de vulneración de derechos constitucionales no implicaba automáticamente la reparación del daño. Debido al retardo en el cumplimiento de la referida resolución, y dada la dificultad en estimar el daño causado, la Corte dispuso que, en un plazo máximo de tres meses, el GAD de Huaquillas reintegre a la accionante o la compense económicamente por la imposibilidad de reintegrarla con un valor fijado en equidad.

650-15-EP/20

0650-15-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso de fijación de precio justo de expropiación por improcedente, la Corte señaló que el auto impugnado no es definitivo en los términos de la sentencia 154-12-EP/19, dado que el trámite de expropiación no corresponde a un juicio de conocimiento y por ende sus sentencias no se enmarcan en los presupuestos del art. 2 de la Ley de Casación, es decir, no son susceptibles de dicho mecanismo de impugnación. Además, mencionó que no causó gravamen irreparable, puesto que al no ser una decisión que pone fin al proceso, la entidad accionante tenía la posibilidad de tutelar sus derechos presuntamente vulnerados a través de la interposición de una nueva acción. Por lo expuesto, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por improcedente.

648-15-EP/20

0648-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la AP propuesta por una servidora en estado de embarazo en contra del SENAE por la terminación de su contrato ocasional, la Corte consideró que no se vulneró la garantía de la motivación por cuanto la sentencia tomó en consideración las normas constitucionales que protegen a las mujeres embarazadas y explicó las razones por las cuales los jueces declararon la vulneración de derechos constitucionales.

646-16-EP/21

0646-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de alzada dentro de un juicio de expropiación, la Corte señaló que la Sala Provincial enunció las normas en que fundó su decisión y explicó su pertinencia frente a los hechos planteados, sin que corresponda a este Organismo pronunciarse sobre la corrección o incorrección de la decisión para analizar la alegación de Petroecuador sobre la existencia de una disposición o razón jurídica que explique la fundamentación esgrimida de la decisión impugnada. La Corte verificó que la Sala Provincial observó la normativa aplicable al régimen de expropiación, por lo que la inconformidad de la accionante con la aplicación de la LOSNCP no implica una transgresión a la seguridad jurídica. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

642-16-EP/21

0642-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la motivación, dado que el conjuez nacional inadmitió a trámite el recurso, toda vez que, a decir del conjuez no se configuraron los requisitos previstos para la primera y tercera causal del art. 3 de la Ley de Casación, esto es, el SENAE omitió fundamentar de manera suficiente el por qué habría existido una falta de aplicación de normas legales y una errónea interpretación de las disposiciones del Código Tributario. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

642-15-EP/20

0642-15-EP La Corte Constitucional conoció una acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia proveniente de un proceso penal. La Corte advirtió que en contra de dicha decisión se interpuso un recurso de apelación del cual, más tarde, se desistió, siendo acogido tal pedido por la autoridad judicial, la cual ordenó el archivo del proceso. Al respecto, el organismo consideró que la interposición del recurso de apelación y su posterior desistimiento no puede considerarse como un agotamiento del mismo, dado que no hubo un pronunciamiento sobre el fondo. Sumado a ello, no evidenció que la parte accionante haya acreditado la ineficacia o falta de idoneidad de los recursos de apelación y casación, o que la falta de interposición de estos no se deba a su propia negligencia, ni que la decisión impugnada cause un gravamen irreparable. En consecuencia, rechazó la acción.

64-16-EP/21

0064-16-EP En esta decisión, la Corte Constitucional examina si la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2015, por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, vulnera la garantía del debido proceso en lo referente a la motivación y el derecho a la tutela judicial efectiva. Una vez efectuado el análisis correspondiente, la Corte resuelve desestimar la acción extraordinaria de protección.

64-13-IS/19

0064-13-IS Ante la acción de incumplimiento presentada para exigir la ejecución de la sentencia de hábeas data que dispuso que el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, en el término de ocho días permita el acceso a la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, a los archivos a su cargo de la minuta del contrato de construcción de obras de la Central Hidroeléctrica Paute Sopladora. La Corte Constitucional señaló que, permitir el acceso al archivo en donde constaba la minuta solicitada por el accionante y remitir una copia de la misma al juzgado, se ha vuelto inejecutable fáctica y jurídicamente; puesto que, el Notario ya no tiene en su poder la minuta solicitada y ya no existe la obligación jurídica de conservar dicha minuta para el Notario, de acuerdo a la Ley Notarial. Por lo expuesto, desestimó la acción presentada.

64-11-IS/19

0064-11-IS Ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales presentaron una acción de incumplimiento de las sentencias de 09 de julio y 17 de diciembre de 2010, emitidas por el Juzgado Décimo Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas y la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, respectivamente, las que dejaron sin efecto en instancia y apelación el memorando que dispuso la separación de los accionantes de sus puestos de trabajo. Al respecto, el Organismo señaló que de manera posterior y sobrevenida a la demanda, el Pleno resolvió dejar sin efecto las sentencias que se alegan incumplidas, mediante la acción extraordinaria de protección No. 0501-11-EP, por tanto, resulta inoficioso verificar el cumplimiento de las mismas. Asimismo, indicó que las medidas de reparación integral que involucran dejar sin efecto sentencias en que la Corte Constitucional encontró vulneración a derechos constitucionales, constituyen mandatos del máximo Órgano de administración de justicia constitucional, que por su naturaleza eminentemente dispositiva, se ejecutan de forma inmediata a partir de la notificación a las partes procesales. Por las consideraciones expuestas, concluyó que a falta de sentencias constitucionales válidas y eficaces a la fecha, esta acción deviene en improcedente.

640-13-SEP-CC

640-13-EP/20

0640-13-EP En la EP presentada en contra de la sentencia de casación y el auto que negó el recurso de aclaración en un proceso penal por falso testimonio devenido de un examen especial realizado por la CGE a la contración de la accionante, en el que se le imputó haber ejercido simultáneamente como asistente adminitrativa del Programa de Regulación y Administración de Tierras y secretaria del Banco Nacional de Fomento, la Corte señaló que la accionante tuvo acceso a la justicia, accedió al sistema judicial e interpuso los recurso ordinarios y extraordinarios de los que se creyó asistida, los cuales fueron atendidos por la autoridad judicial correspondiente, por lo que no existió vulneración de la tutela judicial efectiva. Sobre el derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de normas y los derechos de las partes, la Corte consideró que no le corresponde entrar a analizar la correcta o incorrecta aplicación de normas legales como lo pretendía la parte accionante. Por lo anterior, desestimó la acción presentada.

639-19-JP/20

0639-19-JP En sentencia de revisión, mediante voto de mayoría, la Corte confirmó las decisiones de instancia y declaró que el Estado, a través del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional (PN), violó los derechos a migrar; a la libertad de movimiento; al debido proceso; y, la prohibición de expulsión colectiva de personas venezolanas. La Corte determinó que las personas venezolanas fueron interceptadas por la PN y obligadas a regresar a Colombia sin un debido proceso y sin ser presentadas ante una autoridad migratoria. Explicó que, el debido proceso en las decisiones administrativas relacionadas con personas en movilidad exige la revisión de las circunstancias individuales de cada persona, lo cual impide la deportación o expulsión colectiva, como ocurrió en el caso. Dentro de las medidas de reparación incluyó que la PN, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en el término de 6 meses desde la notificación de la presente sentencia, elabore protocolos de control migratorio aplicables a los puestos de control fronterizo, conforme lo dispuesto por la Constitución, los instrumentos internacionales y los precedentes constitucionales. Además, dispuso que la PN y el Consejo de la Judicatura realicen capacitaciones de dichos protocolos a sus funcionarios. El juez Enrique Herrería, en su voto salvado, sostuvo que no existió una expulsión de “facto” realizada por parte de la PN a los ciudadanos venezolanos, pues salieron del país de manera voluntaria. La jueza Carmen Corral, en su voto salvado, consideró que el Estado ecuatoriano actuó en aplicación de la potestad pública para la regulación y supervisión de la política migratoria que le faculta al “registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio”, sin incurrir en las violaciones alegadas y declaradas en la sentencia.

638-15-EP/20

0638-15-EP En la EP presentada contra las sentencia de apelación que negó la acción de protección, a través de la cual se solicitó dejar sin efecto la sanción de destitución del accionante de las filas de la Policía Nacional, la Corte no encontró vulneración de la motivación ni seguridad jurídica, dado que la decisión impugnada sí enunció las normas en los que se fundamentó, esto es, en los artículos 75, 76 y 88 de la Constitución y el artículo 42 de la LOGJCC, explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho y realizó un análisis en el que descartó la vulneración de derechos, por lo que los jueces provinciales accionados no negaron la acción de protección únicamente bajo el argumento de la existencia de otras vías en la justicia ordinaria, como alegó el accionante. Además, el organismo señaló que el artículo 24 de la LOGJCC establece que los jueces de apelación podrán convocar a audiencia, siendo aquello una facultad potestativa de los juzgadores. En consecuencia, el hecho de no convocar a audiencia en segunda instancia no vulnera el derecho a la seguridad jurídica. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

637-15-EP/20

0637-15-EP La Corte Constitucional negó la acción extraordinaria de protección presentada por exservidores del IESS, por considerar que la sentencia de apelación de acción de protección no vulneró los derechos al debido proceso en la garantía de aplicación de las normas y la seguridad jurídica, en tanto los jueces de instancia cumplieron con su deber de aplicar la normativa previa, clara y pública al caso. Pese a que la acción no cumplió con los requisitos necesarios para elaborar un examen de mérito, la Corte, ante el retardo injustificado entre la interposición del recurso de apelación y la orden de elevar el recurso a la Corte de Apelación, vio la necesidad de analizar la posible vulneración al plazo razonable, utilizando los parámetros desarrollados por la CIDH. La Corte no encontró que el asunto en discusión haya revestido de una complejidad tal que justifique la falta de remisión oportuna del recurso a la Corte de Apelación, tampoco encontró que el retardo haya ocurrido por falta de actividad del interesado, pues en garantías jurisdiccionales el impulso procesal no le corresponde, y en cuanto a la conducta de las autoridades judiciales, no observó una razón que justifique la demora. Finalmente, expresó que el solo hecho de no recibir sentencia de apelación por demorar la elevación del recurso desde 2011 hasta 2014, en sí podría considerarse un menoscabo a la garantía en cuestión. En tal virtud, dispuso que el Consejo de la Judicatura exhorte a los jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales de la obligación que tienen de dar trámite preferente, ágil y célere a estos procesos, así como recordarles la debida acuciosidad y diligencia con la que deben actuar al conocer las demandas de garantías jurisdiccionales.

63-13-IS/19

0063-13-IS Ex funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil presentaron una acción de incumplimiento de la sentencia de 12 de septiembre de 2013 dictada por la Tercera Sala de lo Penal, Colusorios y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ratificó en apelación el reintegro a los cargos que venían desempeñando. Al respecto, la Corte señaló que de manera posterior y sobrevenida a la demanda, la sentencia objeto de la acción de incumplimiento dejó de existir en el plano jurídico, por lo que resulta inoficioso que esta Corte verifique el cumplimiento de una sentencia que el mismo Organismo dejó sin efecto el 10 de junio de 2015, al aceptar la acción extraordinaria de protección No. 190-15-SEP-CC. Por lo expuesto, concluyó que a falta de una sentencia constitucional válida y eficaz a esta fecha, la acción deviene en improcedente.

63-12-IS/20

0063-12-IS Acción de incumplimiento de sentencia es una acción de acceso a información pública en la que no existen obligaciones ejecutables.

625-16-EP/21

0625-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró el derecho a la motivación del SENAE, dado que la conjueza nacional sí enunció las normas en que sustentó su decisión y explicó la pertinencia de su aplicación a los hechos planteados; esto, debido a que examinó los cargos del casacionista y los confrontó con los requisitos previstos en la Ley de Casación. En este contexto, determinó que el recurso era inadmisible, de conformidad con el art. 8 de la Ley de Casación, al no contener fundamentación idónea que permita su análisis por parte de la Sala de Casación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

622-16-EP/21

0622-16-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto dentro de un proceso contencioso tributario de impugnación, la Corte señaló que no se vulneró la tutela judicial efectiva ni la motivación del SRI, dado que la conjueza sí enunció las normas en las que fundó su decisión y explicó la pertinencia de su aplicación al caso concreto; además, al revisar el cumplimiento de los requisitos legales para la admisión del recurso de casación verificó que el mismo presentaba deficiencias y errores en la fundamentación. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

62-14-EP/19

0062-14-EP Ante una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de casación emitida dentro de un proceso laboral, que devino del reclamo de la bonificación por retiro voluntario, la Corte señaló que, el hecho de que los jueces hayan decidido que el accionante no puede beneficiarse de manera acumulada de dos bonificaciones, no implicó una vulneración al debido proceso, a la seguridad jurídica, ni a la tutela judicial efectiva, en sus dimensiones procesales, pues, la Corte Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento en relación a que nadie puede acogerse a un doble derecho que no se encuentra resguardado por el Código de Trabajo, ni por un contrato colectivo. En este contexto añadió que, no corresponde a la Corte Constitucional interpretar y aplicar normas jurídicas infraconstitucionales para determinar si el accionante tenía o no derecho a las bonificaciones.

62-12-IS/19

0062-12-IS El procurador judicial del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas “ISSFA” presentó una acción de incumplimiento de la sentencia de 03 de abril de 2012 dictada por la Corte Constitucional para el período de transición, que aceptó la acción extraordinaria de protección propuesta por el ISSFA en contra de la sentencia de acción de protección iniciada por HB. Construcciones Construcbar S.A., en contra del acto administrativo emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros. El Organismo señaló que luego del análisis realizado, hasta la actualidad existe incumplimiento de la sentencia objeto de esta acción, por tanto, ordenó que en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente decisión, la Compañía Seguros y Reaseguros Centro de Seguros CENSEG S.A., a través de su Liquidador, cumpla y cancele el valor de $ 859.302,98 dólares, por concepto de pago de pólizas de seguro por incumplimiento de contrato, en virtud de que el ISSFA se encuentra en el orden de preferencia prescrito en el artículo 62 numeral 2 de la Ley de Seguros. Asimismo, dispuso que trimestralmente remita a la Corte un informe sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento de esta sentencia.

621-12-EP/20

0621-12-EP En la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación que declaró sin lugar una acción de protección que dejó sin efecto la revocatoria de adjudicación de un bien inmueble, la Corte observó que se vulneró la motivación, seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. La Corte determinó que existió falta de argumentación de los jueces de la Sala sobre la verificación de la vulneración de derechos constitucionales previo a aceptar la apelación y negar la acción de protección, por la existencia de otra vía de reclamación. Por lo expuesto, la Corte Constitucional aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación.

6-20-TI/20

6-20-TI La Corte al resolver sobre la necesidad de aprobación legislativa previa de referido Acuerdo, evidenció que el mismo no se refiere, entre otros, a materia territorial o límites, o que establezca alianzas políticas o militares, no atribuye competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional, no compromete el patrimonio natural o genético ni modifica el régimen de protección de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Respecto a si compromete al país en acuerdos de integración y de comercio, el organismo mencionó que con anterioridad la Corte había señalado que los tratados relacionados con servicios aéreos se encontraban incursos en la causal 6 del artículo 419 de la Constitución. Sin embargo, de las disposiciones del instrumento no se desprende la creación de obligaciones tendientes a la integración entre los Estados parte. Tampoco se verifica que el Acuerdo derive en la creación de obligaciones de índole comercial, sino que únicamente se regulan los puntos principales del relacionamiento en la prestación de servicios aéreos, de conformidad con lo ya establecido en el Convenio de Aviación Civil Internacional y los principios de la OACI . Por lo expuesto, la Corte Constitucional se alejó del precedente detallado en líneas anteriores y estableció que el Acuerdo no se encuentra incurso en los presupuestos contenidos en el art. 419 de la CRE y en consecuencia, no requiere aprobación legislativa.

6-20-RC/21

6-20-RC La Corte, al conocer la propuesta de reforma parcial del artículo 171 inciso segundo de la Constitución, en relación con: 1) garantizar a través de políticas públicas el cumplimiento de las decisiones de justicia indígena y 2) determinación de sanciones a quienes desconozcan las decisiones de justicia indígena, estableció que dicho procedimiento no es apto para este tipo de modificaciones. La Corte consideró que, la propuesta respecto de incluir a las políticas públicas como la única forma de garantizar el cumplimiento de resoluciones de justicia indígena puede generar una interpretación restrictiva en cuanto a las garantías existentes en nuestro ordenamiento constitucional, puesto que puede limitar la posibilidad de emplear otro tipo de garantías como son las normativas o las garantías jurisdiccionales, por lo cual concluyó que la vía planteada no era procedente. El juez Agustín Grijalva Jiménez, en su voto concurrente, consideró que la propuesta de reforma constitucional viola el principio de legalidad y, por tanto, restringe derechos procesales de raigambre constitucional como el de ser juzgado por una autoridad competente, con observancia de un trámite adecuado, así como el derecho colectivo a la consulta pre legislativa de los pueblos indígenas, al distorsionar de forma inconsulta los mecanismos de coordinación y cooperación entre justicias indígenas y ordinaria, inherentes al Estado intercultural y plurinacional.

6-20-EE/20

6-20-EE Mediante el Decreto Ejecutivo 1169, el presidente de la República dispuso la renovación del estado de excepción en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, al considerar que persisten los incidentes que ponen en riesgo los derechos de las personas privadas de libertad. En voto de mayoría, el Pleno de la Corte declaró la constitucionalidad del decreto y estableció los parámetros que deben ser observados en cumplimiento del mismo. Señaló que la limitación a los derechos contenidos en el decreto debe ser necesaria y proporcional con los objetivos del estado de excepción y en observancia a lo establecido en el dictamen 4-20-EE/20. En cuanto a los límites temporales, la Corte indicó que, pese a que el decreto no justificó de forma expresa las razones para renovar el estado de excepción por 30 días más, se presume que los hechos que motivaron la declaratoria requieren del tiempo máximo que determina la Constitución para ser superados, tomando en consideración la posición de garante del Estado frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Dispuso que el Presidente remita a este Organismo y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo con soluciones estructurales para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario. Además, en concordancia con el dictamen 4-20-EE/20, recordó el deber de la Defensoría del Pueblo de realizar el seguimiento de las medidas dispuestas por este Organismo y exhortó a las autoridades pertinentes a brindar las facilidades necesarias para que dicha acción se lleve a cabo. En su voto salvado, el juez Ramiro Ávila disintió con el dictamen aprobado por la Corte, al considerar que la presidencia no demostró la necesidad de la adopción de las medidas establecidas en el decreto; y señaló que el uso del estado de excepción para hacer frente a esta problemática carcelaria y el uso de la fuerza pública, según ha quedado demostrado, carece de eficacia, ante lo cual no correspondía la renovación del estado de excepción.

6-20-CP/20

6-20-CP Mediante voto de mayoría, la Corte emitió dictamen de constitucionalidad condicionada respecto de la propuesta de consulta popular, planteada por el GAD de Cuenca para prohibir actividades mineras a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara; y mediana escala, en la zona de recarga hídrica del río Norcay. Estimó que los considerandos, en su gran mayoría, permiten comprender a los electores el ámbito, motivo y fin que persigue la consulta y explican las acciones a adoptarse en caso de ganar el sí. Al analizar el cuestionario, estimó que las cinco preguntas formulan una sola cuestión por cada pregunta, delimitan los efectos de la misma a una sola zona de recarga hídrica y a un solo tipo de minería, cumpliendo con lo prescrito por la LOGJCC. De ganar el sí, la Corte puntualizó que los efectos de la consulta son hacia el futuro. Manifestó que las medidas a adoptarse para la implementación deberán estar enmarcadas en el ámbito de competencias de cada nivel de gobierno. Dispuso que, si bien la delimitación final de las zonas hidrográficas corresponde a la Autoridad Única del Agua, el incumplimiento de sus obligaciones no puede ser una traba para el derecho de participación, por lo que, para garantizar que el elector conozca con claridad la delimitación las zonas, dispuso que se anexe a las preguntas el mapa referencial de coordenadas elaborado por ETAPA. En voto concurrente, el juez Ramiro Avila resaltó la importancia de la participación ciudadana y la solución de controversias sociales a través de medios democráticos y constitucionales. Las juezas Teresa Nuques y Carmen Corral, en voto salvado, consideraron que la Constitución prohíbe las actividades mineras metálicas en áreas protegidas, por lo que incorporar la prohibición en las zonas de recarga hídrica implicaría una reforma constitucional. También consideraron que las preguntas, como estaban formuladas, afectan los principios de libertad y lealtad con el elector.

620-16-EP/21

0620-16-EP En la EP presentada contra la sentencia de casación emitida dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte señaló que no se vulneró la motivación de SENAGUA, dado que en la decisión judicial impugnada se hace referencia a la Ley de Casación, y se explica su pertinencia respecto de los argumentos expuestos por la entidad recurrente, para luego del análisis correspondiente concluir que al existir error en la fundamentación del recurso de casación, este se torna improcedente. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

6-19-TI/19

0006-19-TI La Corte Constitucional, en atención al control automático de constitucionalidad indicó, entre otros, que el referido protocolo deberá asegurar que las instalaciones nucleares autorizadas por el Estado ecuatoriano sean de aquellas que no produzcan residuos nucleares nocivos y se circunscriban a la utilización científica de materiales nucleares reducidos. En tal virtud declaró que dicho protocolo mantiene conformidad con el marco constitucional.

6-19-RC/19

0006-19-RC Frente a la solicitud de modificación constitucional presentada por Bolívar Armijos Velasco, la Corte Constitucional determinó que la ampliación de la representación de la ruralidad a nivel parlamentario efectivamente podría realizarse a través de Asamblea Constituyente, misma que se encuentra regulada en el artículo 444 de la Constitución. Por tanto, dio por cumplido el primer momento de control de la propuesta y resolvió que el caso vuelva al juez sustanciador para que efectúe el control previo de la convocatoria a consulta popular.

6-19-CP/19

0006-19-CP La Corte Constitucional estableció que, los considerandos de las preguntas presentadas a modo de frases introductorias, estaban redactados con un lenguaje altamente valorativo que podía incidir indebidamente en la voluntad del electorado, lo cual es contrario a los requisitos establecidos en la LOGJCC. Así también, determinó que dichas preguntas son contrarias a lo que establece la misma Constitución. Con el objetivo de garantizar la libertad de los electores y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar, la Corte Constitucional, negó el pedido de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta de consulta popular.

6-17-CN/19

0006-17-CN La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la norma que dispone el juzgamiento en acción privada del delito de lesiones que genere incapacidad o enfermedad de hasta 30 días, y resolvió que dicho artículo no contraviene el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, dado que no se configura el elemento de la comparabilidad respecto de los delitos de tránsito, como primer mecanismo para generar un trato discriminatorio; así como, tampoco se ve afectado el acceso a la justicia, puesto que el legislador ha hecho una estimación razonable con relación al delito de lesiones y atendiendo a su gravedad ha clasificado dichas modalidades como delitos objeto del ejercicio privado de la acción penal, otorgándole así un especial poder de disposición a la víctima de los mismos.

6-16-EP/21

0006-16-EP En la EP presentada contra el auto que inadmitió el recurso de casación y desestimó el recurso de hecho interpuestos dentro de un proceso ordinario por cobro de dinero, la Corte señaló que no se vulneró la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica ni la motivación, dado que la conjueza sí enunció las normas previas, claras y públicas con las que inadmitió el recurso de casación y desestimó el recurso de hecho, explicó la pertinencia de su aplicación a la calificación del recurso de casación y concluyó que el mismo debía ser inadmitido por no reunir los requisitos formales de los arts. 3 y 6 de la Ley de Casación. Además, el organismo evidenció que la conjueza circunscribió su análisis a verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la norma, sin realizar pronunciamientos adicionales. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

6-16-AN/21

0006-16-AN La Corte Constitucional resuelve la acción por incumplimiento del artículo 36 de la entonces vigente Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas. Una vez realizado el análisis, desestima la acción porque la norma no contiene una obligación clara, expresa ni exigible.

6-15-IS/21

0006-15-IS En la IS de la AP que dispuso al rector de la de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, el enrolamiento de los señores Cintya Loor, Galo León, Lenin Navarro, Jimmy Saavedra y Henrry Rentería al distributivo universitario, la Corte señaló que lo ordenado en la sentencia demandada sí fue cumplido por la universidad, dado que sí se otorgaron las acciones de personal que correspondían a los accionantes por haber sido declarados como ganadores del concurso de méritos y oposición y fueron enrolados en el referido distributivo. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

6-15-IN/20

0006-15-IN La Corte Constitucional del Ecuador analiza la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación Superior y determina que es conforme a los artículos 66 numeral 23 y 323 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se resuelve negar la acción pública de inconstitucionalidad.

6-14-IS/20

0006-14-IS En la IS de la acción de protección, que dispuso al Ministerio de Relaciones Laborales el trámite inmediato del recurso de revisión propuesto por los trabajadores y ex trabajadores de la Compañía El Café C.A., la Corte observó que el Ministerio dio trámite al procedimiento administrativo conforme al artículo 226 de la Constitución, denegando el referido recurso por falta de competencia, para lo cual invocó las disposiciones legales que consideró aplicables al caso. De este modo, el organismo no evidenció incumplimiento de la sentencia demandada, dado que la obligación contenida en la misma no implicaba que la autoridad administrativa deba dictar una decisión favorable a sus intereses. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

614-15-EP/20

0614-15-EP En la EP presentada contra la sentencia de segunda instancia que aceptó el recurso de apelación, y los autos que rechazaron los recursos de hecho y solicitud de aclaración y ampliación por improcedentes, la Corte estimo que los autos emitidos por la CNJ no ponen fin al proceso porque devienen de la interposición de recursos inoficiosos, sin verificar tampoco que puedan causar un gravamen irreparable a las partes procesales. Asimismo, la Corte explicó que la sentencia de segunda instancia tampoco puede tratarse en el marco de una EP porque, dado que ha sido emitida dentro de un juicio laboral, es susceptible del recurso extraordinario de casación y consta en el expediente que el accionante presentó el mismo de forma extemporánea. Por tales razones, la Corte rechazó la acción por improcedente.

6-13-IS/20

0006-13-IS Acción de incumplimiento sobre la decisión dictada por la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que ordenó el cumplimiento de las medidas cautelares autónomas solicitadas por la Universidad San Gregorio de Portoviejo, respecto a una asignación presupuestaria a su favor.

612-12-EP/19

0612-12-EP En el conocimiento de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la decisión que dio paso a las medidas cautelares autónomas solicitadas por una de las partes procesales, la Corte reiteró el criterio de la Sala de Admisión respecto a la improcedencia de una EP en contra de las decisiones generadas a partir de medidas cautelares por ser procedimientos autónomos, temporales y mutables. La Corte afirmó que dichas decisiones no hacen cosa juzgada material ni impiden la continuación del proceso o el inicio de uno nuevo ligado a tales pretensiones. En virtud de lo expuesto, rechazó la demanda por improcedente.

61-16-IN/21

0061-16-IN En la IN presentada contra la Ordenanza relativa a la adscripción del Cuerpo de Bomberos de Chambo al GADM, la Corte señaló que la pretensión de los accionantes perdióvigencia, puesto que, mediante ordenanza de 15 de septiembre de 2020, el GADM de Chambo derogó la norma impugnada, sin que se verifiquen efectos ulteriores del acto normativo impugnado ni se observen elementos para establecer una presunción de unidad normativa con las disposiciones derogadas. Por lo expuesto, la CCE desestimó la acción presentada.

61-13-IS/21

0061-13-IS En la IS presentada respecto de la resolución de MC y del auto de aclaración, a través de los cuales se dispuso al SRI la restitución de los valores cancelados por concepto de IR del año 2006, más los intereses de Ley a Alejandro Ordóñez, a través de una nota de crédito, la Corte señaló que en atención a las sentencias 61-12-IS/19 y 65-12-IS/20, encontró que la acción es improcedente puesto que los autos resolutorios de MC no son objeto de IS; y no se trata de un caso que involucre decisiones constitucionales contradictorias o que causen un gravamen irreparable frente a la aplicación de medios procesales ordinarios. Por lo expuesto, la CCE negó la acción por improcedente. En el voto salvado, el juez Enrique Herrería indicó que las medidas dispuestas en las resoluciones demandadas no habrían sido cumplidas y lo que procedía era ordenar que se ejecute lo dispuesto en las mismas.

61-12-IS/19

0001-12-IS
0061-12-IS
En una acción de incumplimiento presentada para solicitar la ejecución de un auto resolutorio de medidas cautelares autónomas que resolvió dejar sin efecto una declaración de tributos autorizada por el Servicio Nacional de Aduanas, la Corte Constitucional se apartó del criterio constitucional según el cual el cumplimiento de las resoluciones dictadas en este tipo de procesos era materia de la acción. En tal sentido, sostuvo que el objeto de las medidas no es la declaración de vulneraciones de derechos constitucionales, ni la declaratoria de inconstitucionalidades, así como tampoco el establecimiento de medidas de reparación. Puntualizó, que la naturaleza de las medidas cautelares es provisional y revocable, pues no generan efecto de cosa juzgada. Finalmente, estableció como excepción a la regla de improcedencia los casos en los que la medida cautelar se encuentre inmersa en un problema de decisiones constitucionales contradictorias.

61-12-IN/21

0061-12-IN La Corte desestimó una acción de inconstitucionalidad por el fondo respecto al artículo 185 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ, relativo a las competencias de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, al determinar que no se contrapone con la garantía de recurrir. La Corte puntualizó que la inexistencia de una instancia adicional dentro de los procesos objetivos contenciosos tributarios, no contraviene norma constitucional alguna, pues no obstaculiza ni impide el ejercicio de la acción ni involucra una afectación a las garantías del debido proceso que puedan observarse como irrazonables, injustificadas o discriminatorias. Explicó que las acciones objetivas en materia tributaria gozan de la posibilidad de que el máximo órgano de administración de justicia ordinaria, como organismo de control de legalidad de las actuaciones del poder público, se pronuncie sobre la nulidad total o parcial de reglamentos, ordenanzas, resoluciones, y otras normas de carácter general de rango inferior a la ley de carácter tributario. Descartó que el requisito de interés directo para presentar acciones de impugnación contra actos normativos de carácter general afecte la seguridad jurídica, dado que el elemento de “interés directo”, se fundamenta en el principio de libre configuración legislativa.

611-14-EP/20

0611-14-EP En la EP presentada contra el auto de inadmisión del recurso de casación dictado dentro de un proceso contencioso administrativo, la Corte no observó vulneración de la defensa, motivación y seguridad jurídica, dado que la entidad accionante participó en todo el proceso y sus pretensiones fueron escuchadas y atendidas en igualdad de condiciones, pese a la inadmisión del recurso; además, el organismo evidenció que los conjueces demandados aplicaron las normas para la calificación del recurso de casación interpuesto y explicaron razones suficientes para justificar su inadmisión. Por lo expuesto, la Corte Constitucional desestimó la acción presentada.

61-10-IS/19

0061-10-IS En una acción de incumplimiento presentada para solicitar la ejecución de la sentencia de acción de protección que dispuso el reintegro de la legitimada activa a su puesto de trabajo en apelación, la Corte Constitucional señaló que, la sentencia demandada se encuentra cumplida, tanto en lo referente a la protección de la estabilidad laboral de la actora, a través de la restitución a sus funciones, como en el pago de las remuneraciones correspondientes al periodo de su separación. Además, de la revisión del expediente, no observó que en la especie se haya verificado alguno de los supuestos de responsabilidad constantes en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional; por lo tanto, no tenía lugar la pretensión de destitución planteada por la accionante.

6-10-IS/19

0006-10-IS El secr